Corrupci¨®n, moral y legalidad

El pr¨®ximo mes de julio se cumplir¨¢n seis a?os de la entrada de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la M¨²sica. Para el catalanismo conservador fue una cat¨¢strofe similar a la profanaci¨®n del templo de Jerusal¨¦n: p¨¦rdida de car¨¢cter nacional, helenizaci¨®n de costumbres y desenfreno extranjerizante. La cuna del laborioso patriciado catal¨¢n quedaba mancillada por un despliegue sin precedentes de polic¨ªa judicial. Por suerte, la comprensiva actuaci¨®n del juez Juli Solaz permitir¨ªa im¨¢genes m¨¢s humanas y reconfortantes, como el indulgente retraso en aplicar medidas cautelares a los ya saqueadores confesos F¨¦lix Millet y Jordi Montull. Si con anterioridad a la intervenci¨®n policial se hubiera procedido a pinchar los tel¨¦fonos de los provectos patricios, las grabaciones tal vez competir¨ªan por el primer puesto con las del alcalde de X¨¤tiva y presidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Alfonso Rus, contando el dinero del cobro de una comisi¨®n en el interior de su autom¨®vil.

Camino de los seis a?os, la instrucci¨®n del caso Palau a¨²n no se ha cerrado. Millet y Montull perpetraron un expolio que las estimaciones del juez elevan a 24 millones de euros. Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya habr¨ªa cobrado 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a trav¨¦s del coliseo modernista a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica.

El cat¨¢logo de irregularidades que juez y fiscal atribuyen al partido nacionalista es prolijo. Incluso la fundaci¨®n Trias Fargas ¡ªahora Catdem¡ª recibi¨® 630.000 euros del Palau de Millet. Con anticipaci¨®n, como si CDC hubiera escrito el guion a los populares Federico Trillo y Vicente Mart¨ªnez Pujalte ¡ªque compatibilizaban el cobro de sus emolumentos como diputados con la remuneraci¨®n por asesorar verbalmente a empresarios¡ª desde el partido nacionalista catal¨¢n se afirm¨® entonces que lo legal no ten¨ªa por qu¨¦ ser ¨¦tico. Es decir, que el Palau financiara a la fundaci¨®n convergente era enteramente legal aunque moralmente lamentable. Los abanderados de tal laxitud de miras, no obstante, se tornan intransigentes jansenistas a la hora de juzgar a los dem¨¢s, sobre todo si son jueces o fiscales que se muestran rigoristas en causas que les afectan.

Tanto el caso Innova como el caso Palau han brindado esta semana un ejercicio pr¨¢ctico de hasta qu¨¦ punto es d¨²ctil y maleable el publicitado respeto por la justicia. As¨ª, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, cargaba contra ¡°la desproporci¨®n¡± de las medidas tomadas por el juez Diego ?lvarez de Juan que desembocaron en la detenci¨®n de nueve personas dentro del llamado caso Innova. La investigaci¨®n arranc¨® hace tres a?os, supera ya el medio centenar de imputados, cuenta con una decena de piezas separadas y ha dejado un agujero de casi 400 millones de euros en el Ayuntamiento de Reus. Homs remach¨® que mientras la primera teniente de alcalde de Reus ¡ªTeresa Gomis (CiU)¡ª estaba detenida, el juez ¡°estaba tranquilamente tomando un caf¨¦ en una plaza¡±. En un exceso de celo interpretativo, el portavoz del Gobierno asegur¨® que ¡°este mismo juez imput¨® a todo el Ayuntamiento de Vila-seca y despu¨¦s la Audiencia Provincial dijo que no hab¨ªa motivo para ello¡±. En realidad lo que sucedi¨® es que la Audiencia traslad¨® el caso a otro juzgado porque el de Reus no era competente. Y, l¨®gicamente, siguen imputados todos los que estaban imputados, empezando por Josep Poblet, presidente de la Diputaci¨®n de Tarragona, alcalde de Vila-seca y hombre fuerte de CDC en la demarcaci¨®n, a quien se impuso una fianza ¡ªrecurrida¡ª de 280.000 euros.

Tambi¨¦n ha merecido las iras convergentes la petici¨®n del fiscal del caso Palau de embargar de 15 de las sedes que CDC hab¨ªa depositado como aval para hacer frente a su responsabilidad civil. El hecho se produce despu¨¦s de que el partido de Artur Mas vendiera su sede central ¡ªvalorada en 12,3 millones de euros¡ª al grupo Platinum de Hong Kong. La venta dispar¨® las alarmas en la fiscal¨ªa que quiere asegurarse y salvar de los vaivenes del mercado esos 6,6 millones de euros que CDC presuntamente obtuvo de comisiones en obra p¨²blica, seg¨²n estimaciones no solo del fiscal sino del propio juez. La fiscal¨ªa solicit¨® asimismo incrementar la garant¨ªa exigida a los convergentes de 3,2 millones (primer c¨¢lculo hasta ahora no modificado) a los 6,6 millones de la conclusi¨®n posterior. La parte del le¨®n de esos fondos proven¨ªa supuestamente de Ferrovial, por las adjudicaciones de la L¨ªnea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. ¡°Seguramente en esta decisi¨®n tienen que ver cuestiones electorales¡±, afirm¨® el coordinador de r¨¦gimen interno de CDC, Francesc S¨¢nchez.

Es cierto que desde su giro independentista, CDC ha sido v¨ªctima de maniobras pol¨ªtico-policiales provenientes de las cloacas del Estado. La inmensa mayor¨ªa no han pasado de ser una mera aunque potente difamaci¨®n. Pero cuando una investigaci¨®n judicial acredita irregularidades o un fiscal trata de preservar el bien p¨²blico no se puede descalificar tales actuaciones envolvi¨¦ndose en la bandera. Ser capaces de distinguir entre lo moral y lo legal ¡ªcomo si ser amoral no tuviera coste¡ª resulta de dif¨ªcil encaje con el prop¨®sito de liderar un proceso que hace bandera de la ¨¦tica y el regeneracionismo.