El alcalde saliente de Ourense firma el derribo de una casa entre protestas

"?Puede demolerse ilegalmente una vivienda ilegal?". Tres d¨ªas antes de traspasar el bast¨®n de mando y abandonar la representaci¨®n municipal, el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Ourense, el socialista Agust¨ªn Fern¨¢ndez, ha firmado la m¨¢s controvertida de sus decisiones institucionales: ha ordenado ejecutar la sentencia de derribo de una casa unifamiliar de la parroquia de Reza, una contrucci¨®n singular integrada en el paisaje, obra del reconocido arquitecto gallego Fernando Blanco y hogar de un exl¨ªder vecinal que luch¨® incansablemente contra la depuradora municipal ubicada en el mismo enclave y que, declarada ilegal, sigue en pie. El abogado de la familia, Antonio Feij¨®o Miranda, sostiene que la demolici¨®n de la casa, iniciada este mi¨¦rcoles, "es totalmente ilegal" ya que "no tiene licencia, no cumple ni el protocolo de seguridad del proyecto y arrasa, adem¨¢s, ¨¢rboles protegidos". El letrado, que ha demandado judicialmente por esta raz¨®n al alcalde, ha presentado tambi¨¦n denuncias en las conseller¨ªas de Trabajo, Medio Ambiente y Medio Rural. "?Puede demolerse sin licencia?", repite el abogado. Y se contesta: "Salvo que el juez lo sepa y lo haya aceptado, la responsabilidad es del Ayuntamiento".

La actuaci¨®n, con un pie ya fuera de la corporaci¨®n local, del regidor socialista, cuestionada incluso por concejales de su propio grupo, ha evitado mancharse las manos a su sucesor, con toda probabilidad, Jes¨²s V¨¢zquez, exconselleiro de Cultura de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, del PP, el mismo partido que elabor¨® en 2003 un planeamiento urban¨ªstico aprobado con sus solos votos y tumbado por numerosas sentencias judiciales, lo que provoc¨® la situaci¨®n de ilegalidad de la vivienda que con el nuevo planeamiento, pendiente de aprobaci¨®n en este nuevo mandato, podr¨ªa haber recuperado la legalidad.

Con la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Ourense impididiendo el acceso de agentes del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) y de los periodistas, que acabaron reclamando a gritos "libertad para informar", las excavadoras, protegidas por cerca de un centenar de polic¨ªas, comenzaron a fulminar ya el hogar de Miguel Fern¨¢ndez, Rosa Alonso y los hijos de ambos, cumpliendo el deseo del vecino que los denunci¨® en su d¨ªa y cuya casa, en pie, es tambi¨¦n ilegal.

Ni la demanda judicial por la supuesta ilegalidad de la demolici¨®n, ni la resistencia ciudadana (cerca de un centenar de vecinos acamparon en la vivienda en solidaridad con la familia), ni el clamor plasmado en un manifiesto contra el derribo firmado por 60 arquitectos gallegos y numerosos artistas e intelectuales, han sido suficientes para evitar que se reduzcan a escombros 24 a?os de vida de una familia.

Tras hacer caso omiso a la petici¨®n de demora de 10 d¨ªas realizada por los abogados de los afectados para poder iniciar un proceso de legalizaci¨®n, el alcalde en funciones se present¨® ante los medios de comunicaci¨®n como "un simple mensajero" del juez que dict¨® la sentencia.

En el ¨²ltimo pleno de su mandato, convocado para el mismo d¨ªa del derribo, Agust¨ªn Fern¨¢ndez ha soportado el abucheo de los ciudadanos que acudieron a hacerle un escrache y se vio obligado a desmentir el rumor de que "a cambio" de mostrarse implacable con esta demolici¨®n ser¨ªa contratado junto con su hija por una importante constructora gallega. El PP, que hereder¨¢ ya resuelto el problema que gener¨® su ilegal plan de urbanismo, ha mirado mientras tanto hacia otro lado.