La polic¨ªa denuncia un vertido de agua contaminante en Aznalc¨®llar

La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera (UDEF) de la polic¨ªa ha denunciado un vertido al r¨ªo Agrio de agua "altamente contaminada" procedente de la mina sevillana de Aznalc¨®llar. As¨ª se detalla en el informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla, Patricia Fern¨¢ndez, que investiga las presentas irregularidades en el concurso de adjudicaci¨®n del yacimiento a la alianza Minorbis-Grupo M¨¦xico. El Agrio desemboca en el Guadiamar, que a su vez pertenece al ¨¢rea de influencia del espacio protegido de Do?ana.?Fern¨¢ndez ha deducido testimonio y ha mandado el informe a reparto a Sanl¨²car la Mayor. Por su parte, el Gobierno andaluz descarta que se haya producido dicho derrame.

El documento de la UDEF es el acta de la inspecci¨®n ocular realizada el pasado 9 de julio en la mina, en cumplimiento del auto dictado por dicho juzgado el 3 de julio. Seg¨²n los agentes, que rara vez participan en este tipo de inspecciones, identificaron que un vertido t¨®xico procedente del yacimiento acababa en este arroyo. En la visita a la mina, en la que se tomaron muestras de tierra y agua,?tambi¨¦n estuvieron miembros de la Polic¨ªa Cient¨ªfica, el Seprona, el Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa y dos operarios designados por la Junta. La UDEF remiti¨® la documentaci¨®n a la magistrada "por si pudiera ser constitutivo de un delito contra el medioambiente".

Ante este atestado, Ecologistas en Acci¨®n?ha presentado una denuncia contra los responsables de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y subsidiariamente, contra la empresa concesionaria de la explotaci¨®n minera. "El r¨ªo Guadiamar se sigue mineralizando con conocimiento absoluto de la Junta, que es responsable de la depuradora y no ha hecho nada para evitar estos vertidos", asegura el responsable de Minas del colectivo, Antonio Ramos. Esta nueva denuncia se produce en plena tormenta judicial por la adjudicaci¨®n del yacimiento, abandonado tras el desastre medioambiental ocurrido en 1998. Asimismo, en 2010 y 2011, el r¨ªo Agrio ya vivi¨® diferentes episodios de contaminaci¨®n que fueron investigados por los juzgados de Sanl¨²car la Mayor, sin que trascendiesen resultados, apunta Europa Press.

A trav¨¦s de un comunicado, la Junta de Andaluc¨ªa descarta que se haya podido producir un vertido t¨®xico al r¨ªo y para ello argumenta que cuando las aguas de contacto y las remanentes de la balsa siniestrada superan la cota de seguridad establecida "se desv¨ªan a la planta depuradora para su tratamiento antes del vertido". Seg¨²n la Junta, tras el desastre de 1998 la cota de seguridad se puso a nivel del mar pero, en 2014, se elev¨® hasta los 20 metros. Todo ello a ra¨ªz de los informes del Instituto Geol¨®gico y Minero de Espa?a. "En estos momentos la corta est¨¢ muy alejada de este nivel (2), por lo que no ha sido necesario depurar agua" desde ese a?o, precisa la Junta. En este punto, discrepan los ecologistas, quienes aseguran que la cota es cero y que, en estos momentos, est¨¢ a 20.

Con estos argumentos, la Junta se?ala las razones por las que no ha sido necesario depurar agua desde 2014, ni prev¨¦ que se haga antes de la reapertura de la mina, paralizada por el Gobierno andaluz por la investigaci¨®n judicial. Y es que, en su informe, la UDEF tambi¨¦n denuncia que no funcionara el sistema de tratamiento."Tambi¨¦n se observ¨® que la depuradora encargada de limpiar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, as¨ª como las aguas de escorrent¨ªa y lixiviado de todo el complejo minero, se encuentra en estado de semiabandono", seg¨²n el atestado. A ello, suman los agentes, las declaraciones de los operarios que aseguran que la?depuradora lleva sin funcionar desde el 2013, por lo que "todas las aguas que se recogen en esas balsas, se bombean o recirculan a la corta de Aznalc¨®llar".?

"Entendemos que esto puede estar produciendo una elevaci¨®n del nivel del agua contaminada en la corta de Aznalc¨®llar que implica una contaminaci¨®n directa al acu¨ªfero Niebla-Posadas, considerado por el Plan Hidrol¨®gico del Guadalquivir como estrat¨¦gico para el abastecimiento humano. Esto?podr¨ªa ser adem¨¢s constitutivo de un delito a?adido contra la salud p¨²blica del art¨ªculo 365 del C¨®digo Penal", se?ala Ramos, quien asegura que?la Junta es "conocedora" de esta situaci¨®n y a¨²n as¨ª "no act¨²a", por lo que entiende que podr¨ªa estar incurriendo en un posible delito ecol¨®gico. Ramos tambi¨¦n ha se?alado que el lunes ampliar¨¢n la denuncia a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, organismo responsable de los cauces, pues se ha constatando que "hay un vertido a un cauce p¨²blico, como es el r¨ªo Agrio, y no hacen nada".