Costas avala la concesi¨®n de Ence en Pontevedra y avanza hacia su pr¨®rroga

Los habitantes de viviendas en zona de protecci¨®n del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre que viven en r¨¦gimen de concesi¨®n saben que tienen que andarse con mucho ojo a la hora de hacer obras. Cualquier trabajo que la Administraci¨®n de Costas entienda que no es necesario puede ser objeto de la piqueta. Lo tienen bien presente los vecinos de la Isla de Ons o los de varios barrios costeros de Mar¨ªn cuyas casas estaban hace bien poco a efectos jur¨ªdicos en el dominio p¨²blico. Con las industrias contaminantes se supone que la severidad es tanta o m¨¢s, pero la Direcci¨®n General de Costas acaba de cambiar de doctrina respecto a la situaci¨®n de la f¨¢brica de Ence en Pontevedra, cuya concesi¨®n ha avalado en un resoluci¨®n de su titular, Raquel Orts, que desbloquea la solicitud de una pr¨®rroga hasta 2093.

Costas ha sido al¨¦rgica a tratar la situaci¨®n de la concesi¨®n de la f¨¢brica de Ence, que empez¨® a funcionar en la d¨¦cada de los 60 y deber¨ªa cambiar de emplazamiento en 2018, seg¨²n determinaba la Ley de Costas hasta que el PP la modific¨® hace dos a?os. La modesta ONG Salvemos de Pontevedra tuvo que llegar al Supremo para que el Alto Tribunal mandase a la Administraci¨®n que tramitase un expediente de caducidad sobre el que hab¨ªa permanecido silente durante una d¨¦cada. El tr¨¢mite comenz¨® a finales del a?o pasado, cuando la empresa ya ped¨ªa la pr¨®rroga aprovechando el cambio legal que la facilita, una solicitud que qued¨® en suspenso en tanto no quedase claro si la concesi¨®n se hab¨ªa incumplido o no. Tras alegaciones varias por parte de la Xunta ¨Cya abiertamente favorable a la permanencia del complejo, tras ocho a?o de medias tintas- el Ayuntamiento y varias ONG, Costas ha concluido que efectivamente la empresa se ha saltado los t¨¦rminos de la concesi¨®n, pero que no es para tanto, y que en todo caso, se puede arreglar.

Entre las m¨²ltiples causas que alegaban las partes y que la Administraci¨®n despacha sin despeinarse est¨¢ la existencia de una moderna y lucrativa planta de cogeneraci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica con biomasa, no prevista en el permiso original, pero que Costas entiende ahora cubierta por los planos de la f¨¢brica de 1963 y otro de 1971 en que ¡°aparece reflejada la Central T¨¦rmica¡±. Respecto a unas balsas de decantaci¨®n que la empresa declar¨® hace una d¨¦cada que ya no necesitaba y cuyos terrenos el Ayuntamiento lleva una d¨¦cada queriendo recuperar, siquiera parcialmente, Costas acepta sin m¨¢s unas manifestaciones de un representante de la empresa en una visita de sus t¨¦cnicos el pasado de febrero al recinto, seg¨²n las cuales les siguen viniendo bien ¡°en el caso de que ocurriese alguna eventualidad que pudiera afectar al correcto funcionamiento¡± de una planta de vertidos.

Cuando la empresa se privatiz¨® tampoco se siguieron los cauces de transmisi¨®n de la concesi¨®n en el registro de la propiedad, pero Costas entiende ahora que tampoco pasa nada, que con la privatizaci¨®n se sobreentend¨ªa que tambi¨¦n se transmit¨ªa la concesi¨®n, y aporta la imaginativa interpretaci¨®n de que la norma original se refer¨ªa al ¡°disfrute de la concesi¨®n¡± como actividad principal, y ¡°es evidente¡± que el Estado tiene otras actividades m¨¢s importantes. La resoluci¨®n, considera, adem¨¢s, que las alegaciones tanto de Salvemos Pontevedra como de la Asociaci¨®n pola Defensa da R¨ªa entraron fuera de plazo, por lo que solo se extiende sobre las que considera oportuno. En todo lo que tiene que ver con los incumplimientos ambientales, se?ala que la cuesti¨®n es competencia de la Xunta, y que como la f¨¢brica tiene autorizaci¨®n ambiental auton¨®mica, no le corresponde pronunciarse.

El texto entiende que s¨ª hay instalaciones que la concesi¨®n no puede avalar, como la depuradora de Praceres y el emisario submarino a donde llegan los vertidos de la comarca, levantados en terrenos de la concesi¨®n original, sin permiso. As¨ª que revoca la concesi¨®n en lo que les afecta, pero acto seguido da tres meses para que la Xunta solicite otra concesi¨®n. Un comedor tambi¨¦n levantado sin permiso se considera legalizable. Lo ¨²nico que habr¨¢ que quitar, seg¨²n la resoluci¨®n, es un campo de f¨²tbol, pero solo cuando haya otras instalaciones disponibles para los usuarios. Para respaldar su postura respecto a la caducidad parcial, el informe cita cinco dict¨¢menes del Consejo de Estado y una sentencia del Supremo, ¡°doctrina consolidada¡± a su entender, que en realidad se refiere a supuestos en que el Estado s¨ª recuper¨® terrenos de concesiones ¨Cque en alg¨²n caso se remontan al siglo XIX- sobre marismas desecadas que el mar recuper¨® por desatenci¨®n de los responsables, una f¨¢brica de harinas y almacenes en puertos, uno de ellos recuperado por impago de tasas. Al mismo tiempo, considera que el mismo Consejo de Estado no tiene que pronunciarse sobre el caso concreto de Ence porque la empresa no lo pide.

La resoluci¨®n de Costas es recurrible pero no impide que se desbloquee el proceso de solicitud de pr¨®rroga, que el Gobierno puede resolver antes de que acabe la legislatura. El Ayuntamiento de Pontevedra se?al¨®, a trav¨¦s de la concejala de Urbanismo Carme da Silva, que seguir¨¢ ¡°luchando con todos los recursos, tanto legales como sociales¡± para evitar la pr¨®rroga. El portavoz de Salvemos Pontevedra, Francisco D¨ªaz, tach¨® la resoluci¨®n de ¡°esperpento¡± y ¡°tomadura de pelo al poder judicial¡± y anunci¨® igualmente un recurso. La empresa todav¨ªa est¨¢ estudiando el documento, seg¨²n indica un portavoz. Ante un informe preliminar de junio destac¨® la ¡°gran contundencia argumental¡± de la Administraci¨®n.