El juez requiere a Econom¨ªa que certifique y desglose el coste del 9N

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que instruye la querella contra Artur Mas por el 9-N requiri¨® este viernes al departamento de Econom¨ªa de la Generalitat para que certifique el coste que comport¨® la consulta y que detalle los diferentes conceptos y las partidas presupuestarias a las que se asignaron los gastos. El juez Joan Manuel Abril tambi¨¦n pregunta al Instituto de Estad¨ªstica de Catalu?a si con motivo del 9-N se cedieron los datos del registro de la poblaci¨®n y que se le env¨ªe el acuerdo o convenio, si existe, que lo hizo posible.

A instancias del fiscal, el juez tambi¨¦n reclam¨® al Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n (CTTI) de la Generalitat, todos los documentos relacionados con los encargos realizados por la consulta. Igualmente solicit¨® a las distintas empresas contratadas por el Gobierno catal¨¢n para organizar el 9-N que detallen los responsables de coordinar los trabajos encomendados y qu¨¦ empleados participaron en ello.

Concretamente, la Fiscal¨ªa quiere disponer de la documentaci¨®n sobre la instalaci¨®n de los programas inform¨¢ticos en los ordenadores port¨¢tiles que se utilizaron en los centros de votaci¨®n, as¨ª como las contrataciones relativas a la p¨¢gina web "www.participa2014.cat", que informaba de la consulta.

Los querellados adujeron ante el juez que la Generalitat no desactiv¨® esa p¨¢gina tras la suspensi¨®n de la consulta debido a su complejidad t¨¦cnica, dado que estaba alojada en distintos servidores en el extranjero para evitar ataques inform¨¢ticos.

Otra de las diligencias acordadas por el juez, a petici¨®n del ministerio p¨²blico, va dirigida a la empresa Fujitsu, a la que exige la documentaci¨®n relativa a la instalaci¨®n de los programas inform¨¢ticos en los ordenadores usados para la votaci¨®n, que cargos del Govern aseguraron el pasado lunes que finaliz¨® el mismo d¨ªa 4 de noviembre.

El magistrado ha pedido a Fujitsu los recibos sobre el transporte y entrega de esos ordenadores, con el fin de averiguar si tuvo lugar tras la suspensi¨®n de la consulta por el TC.

A la directora del Centro de Iniciativas a la Reinserci¨®n (CIRE), que encarg¨® a presos de Lleida la confecci¨®n de las urnas y papeletas del 9N, el TSJC le ha solicitado tambi¨¦n que identifique a la empresa de log¨ªstica encargada de la recogida y distribuci¨®n del material, as¨ª como el listado de los puntos de entrega facilitado por el Departamento de Gobernaci¨®n.

Asimismo, el magistrado requiere a Focus, empresa que cobr¨® 144.244 euros por montar el centro de prensa del 9N, toda la documentaci¨®n mercantil relacionada con el encargo, incluyendo las posibles subcontrataciones y las "¨®rdenes de trabajo", as¨ª como que identifique al empleado de la empresa que coordin¨® el proyecto.

El TSJC ha dirigido otros dos oficios a Telef¨®nica, a quien pide la documentaci¨®n relacionada con la compra por parte del CTTI de 7.000 ordenadores port¨¢tiles -que seg¨²n Ense?anza tras el 9N han quedado a disposici¨®n de las escuelas-, y a Hewlett Packard sobre todos los encargos que recibi¨® en relaci¨®n con el apoyo inform¨¢tico del 9N.

A esa compa?¨ªa tambi¨¦n le exige el magistrado que identifique al responsable de coordinar los trabajos de instalaci¨®n de programas inform¨¢ticos vinculados con la consulta y a los trabajadores que el 9 de noviembre pasado prestaron servicios relacionados con el proceso participativo, en la sede del CTTI o fuera de ella.

La petici¨®n de estas diligencias aleja el escenario de un archivo inmediato de la causa que pretend¨ªan lograr las defensas de Artur Mas, as¨ª como de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Ense?anza en funciones, Irene Rigau.

Tras la declaraci¨®n de los tres, entre el 13 y el 15 de octubre, as¨ª como de diversos testigos, los abogados defensores ten¨ªan previsto reclamar el carpetazo judicial al caso, pero ahora deber¨¢n esperar, como m¨ªnimo a que se remita toda la documentaci¨®n reclamada. Despu¨¦s deber¨¢ valorarla el juez y decidir¨¢ si llama o no a declarar a m¨¢s testigos, entre ellos los de las empresas a las que reclama esas diligencias.

Si finalmente el juez archivase la causa, la decisi¨®n podr¨ªa ser recurrida por la fiscal¨ªa o la acusaci¨®n popular ante la Sala Civil y Penal del TSJC. As¨ª, no parece probable que, si se diera el caso de esa decisi¨®n judicial, Artur Mas estuviera exculpado antes de ser investido presidente de la Generalitat, a m¨¢s tardar el 9 de enero, si finalmente obtiene el apoyo de la CUP.