Dos testigos del juicio a la red G¨¹rtel confirman las irregularidades
Una de las declarantes y ex alto cargo cumple seis a?os de prisi¨®n por el 'caso Blasco'
Dos testigos han confirmado este jueves la existencia de irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market, la filial en Valencia de la trama G¨¹rtel, por parte de la Consejer¨ªa de Turismo. Lo han hecho en el primer juicio contra los cabecillas de la red, dos exconsejeras y varios funcionarios que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Ana Brusola y Tina Sanju¨¢n ocuparon altos cargos en la Generalitat valenciana en la etapa en que las empresas de Francisco Correa recibieron el encargo de realizar el dise?o, montaje y desmontaje del pabell¨®n de la Comunidad Valenciana en la feria tur¨ªstica Fitur. Brusola integr¨® m¨¢s tarde el c¨ªrculo m¨¢s cercano al expresidente del Consell Francisco Camps. Sanju¨¢n sigui¨® al exconsejero Rafael Blasco por varios departamentos y ambos est¨¢n ahora recluidos en la c¨¢rcel de Picassent por malversar fondos destinados a la cooperaci¨®n al desarrollo cuando dirig¨ªan la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa.
Brusola, que era secretaria general administrativa en la Consejer¨ªa de Turismo, ha reconocido que es inusual que, como sucedi¨® en la adjudicaci¨®n de Fitur a Orange Market, la valoraci¨®n del coste econ¨®mico de un concurso de un mill¨®n de euros represente solo un 15% de la puntuaci¨®n para elegir al ganador. "La Sindicatura de Cuentas hab¨ªa hecho una recomendaci¨®n fuerte para que fuera el 50%", ha afirmado.
Orange Market recibi¨® cinco millones de euros por preparar el pabell¨®n valenciano entre 2005 y 2009.
Brusola ha admitido que era extra?o que se incluyera en una convocatoria p¨²blica un apartado de "mejoras" sin indicar "a priori" sobre qu¨¦ deb¨ªan versar las mismas. Y ha indicado que nunca hab¨ªa visto una f¨®rmula matem¨¢tica como la utilizada para valorar las ofertas econ¨®micas. La f¨®rmula incluida en los pliegos publicados por la Generalitat conten¨ªa un error y fue hallada en documentos en sedes de la trama.
La ex alto cargo ha se?alado que las decisiones de cambiar la base del concurso p¨²blico, algo que ocurri¨® coincidiendo con la primera edici¨®n que gan¨® Orange Market, no pudo provenir de los t¨¦cnicos, sino de la c¨²pula de la consejer¨ªa.
Sanju¨¢n, que ha declarado a continuaci¨®n, ha sido trasladada por la Guardia Civil al tribunal desde el centro penitenciario de Picassent, donde cumple una condena de seis a?os de c¨¢rcel. Antes de empezar a responder ha advertido que debido a su imputaci¨®n en "otra causa" -las piezas dos y tres del caso Blasco- est¨¢ tomando medicaci¨®n, lo que pod¨ªa afectar a sus respuestas. Ha entrado en la sala acompa?ada por su abogado.
Su declaraci¨®n se ha debido a que fue secretaria general administrativa de la Consejer¨ªa de Territorio. Y este departamento contrat¨® un expositor dentro del pabell¨®n de la Comunidad Valenciana en Fitur cuyo pago fue fraccionado en cinco facturas a otras tantas empresas de Correa, por importes que no superaban los 12.000 euros, el l¨ªmite por debajo del cual pod¨ªan adjudicarse directamente. Dado que los trabajos los hizo en realidad Orange Market, la fiscal ha preguntado a Sanju¨¢n si le parec¨ªa irregular. "Si todo lo hizo una sola empresa, por su importe total se deber¨ªa haber ido a un concurso p¨²blico", ha contestado.
Sanju¨¢n ha afirmado que ella no detect¨® la aparente ilegalidad porque las facturas "no llegaron juntas" y formalmente respond¨ªan a objetos diferentes, como "iluminaci¨®n, tarimas y supervisi¨®n". "Autoric¨¦ el pago porque las facturas reun¨ªan los requisitos".
La ex alto cargo ha afirmado que el tr¨¢mite para contratar a las empresas de la red de Correa fue iniciado por parte del gabinete del consejero, que en esa ¨¦poca era Blasco. Y que la decisi¨®n de participar con un expositor propio en Fitur fue "pol¨ªtica".
En el banquillo de los acusados se sientan, adem¨¢s de Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, las exconsejeras Milagrosa Mart¨ªnez y Ang¨¦lica Such, as¨ª como el antiguo jefe de gabinete Rafael Betoret. La fiscal¨ªa solicita penas que alcanzan 11 a?os de c¨¢rcel.
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