La Audiencia indaga a dos municipios por apoyar la resoluci¨®n soberanista

Dos juzgados de la Audiencia Nacional han abierto diligencias contra los Ayuntamientos de La Seu d¡¯Urgell (Lleida) y Celr¨¤ (Girona) para investigar si los miembros del pleno municipal cometieron delitos de rebeli¨®n, sedici¨®n y otros al aprobar una moci¨®n de apoyo a la resoluci¨®n independentista del Parlament. Esa resoluci¨®n fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Las causas judiciales tienen su origen en los escritos de la fiscal¨ªa dirigidos al juez en los que ¡°urge¡± a que se identifique a los ediles que adoptaron los acuerdos y reclama documentaci¨®n.

Las diligencias se abrieron en los juzgados centrales de instrucci¨®n 1 y 4 de la Audiencia Nacional a partir de los atestados que hab¨ªa realizado la Guardia Civil por la aprobaci¨®n de sendas mociones en los plenos municipales de Celr¨¤ y La Seu d¡¯Urgell. Los informes policiales, a su vez, se hab¨ªan redactado tras la orden remitida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a todos los cuerpos y mandos policiales; esa orden les instaba a que ¡°con car¨¢cter urgente¡± enviasen los atestados cuando tuvieran conocimiento de la adopci¨®n de acuerdos institucionales ¡°haciendo caso omiso de la decisi¨®n del Tribunal Constitucional¡±, que suspendi¨® el 11 de noviembre la resoluci¨®n independentista del Parlamento de Catalu?a, aprobada dos d¨ªas antes.

En el caso de Celr¨¤, municipio gobernado por la CUP, la moci¨®n de apoyo a la resoluci¨®n independentista se aprob¨® el 10 de noviembre; en La Seu d¡¯Urgell, el 11. El alcalde de este municipio es Albert Batalla, de Converg¨¨ncia, y diputado de Junts pel S¨ª.

La fiscal¨ªa present¨® un escrito id¨¦ntico en cada juzgado, fechado el 25 de noviembre, en el que razona que las mociones en favor de la resoluci¨®n independentista pueden constituir un delito de sedici¨®n y rebeli¨®n porque, aunque no se emplee fuerza o violencia, como exige el C¨®digo Penal, se est¨¢ impidiendo en la pr¨¢ctica ¡°la aplicaci¨®n de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones¡±. La fiscal¨ªa a?ade que, ¡°adem¨¢s de cambiar la organizaci¨®n territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional¡±, los acuerdos secesionistas de los Ayuntamientos ¡°tendr¨ªan encaje penal tambi¨¦n como delitos contra la forma de Gobierno¡±.

Adem¨¢s de sedici¨®n y rebeli¨®n, la fiscal¨ªa entiende que los alcaldes y concejales que votaron a favor de esas mociones podr¨ªan ser acusados de prevaricaci¨®n, desobediencia, usurpaci¨®n de atribuciones y uso indebido de fondos p¨²blicos.

Los escritos del fiscal recuerdan que la ilegalidad de la resoluci¨®n independentista que vot¨® el Parlament ya fue ¡°certificada¡± por el Tribunal Constitucional cuando la suspendi¨® de manera cautelar tras el recurso del Gobierno, por lo que los acuerdos adoptados para la ¡°ejecuci¨®n de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo¡± pueden suponer la comisi¨®n de esa ristra de delitos por parte de los Consistorios.

Sobre la base de ese razonamiento, la fiscal¨ªa reclama? al juez que solicite ¡°con urgencia¡± a los Ayuntamientos de La Seu d¡¯Urgell y Celr¨¤ la resoluci¨®n adoptada en el pleno municipal, la identidad del alcalde y los concejales que votaron a favor y en contra, as¨ª como los informes del secretario e interventor y ¡°dem¨¢s documentaci¨®n obrante en el expediente¡±. La fiscal¨ªa tambi¨¦n pide que se oficie al comisario jefe de los Mossos d¡¯Esquadra para que informe ¡°urgentemente¡± en el mismo sentido.

D¨ªas antes de que el Parlament aprobara la resoluci¨®n secesionista en la que insta a ¡°desconectar¡± de Espa?a, la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM) anunciaron que promover¨ªan mociones de apoyo a ese acuerdo entre las instituciones asociadas. As¨ª, 918 Ayuntamientos y otros 85 entes locales, entre ellos las cuatro Diputaciones y los consejos comarcales, recibieron un texto de moci¨®n muy breve que expresa ¡°el pleno apoyo y la adhesi¨®n¡± a la resoluci¨®n independentista y acuerda remitirlo a la presidenta del Parlament, al presidente de la Generalitat, a la AMI y la ACM.

La resoluci¨®n del Parlament fue aprobada con los votos a favor de los 62 diputados de Junts pel S¨ª y los 10 de la CUP, y el voto en contra de los 63 diputados de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya S¨ª que es Pot.