El reto de la Justicia ante las elecciones

La relaci¨®n de causa a efecto entre la eficiencia de la Administraci¨®n de Justicia de un pa¨ªs y el grado de eficiencia de su sistema econ¨®mico no suele ser tema de grandes debates. Pero no cabe duda de que para cualquier empresario, y m¨¢s a¨²n para cualquier inversor, el clima de confianza jur¨ªdica es b¨¢sico a la hora de actuar en un determinado territorio.

Ser¨ªa deseable que la actual campa?a electoral encendiera y profundizara ese debate, como qued¨® patente entre las distintas fuerzas pol¨ªticas que participaron en la mesa redonda celebrada a tal efecto el pasado 2 de diciembre por el Colegio de Procuradores de Barcelona. De este modo, se evitar¨ªa que la Administraci¨®n de Justicia espa?ola y su mal funcionamiento fuera de nuevo la gran olvidada en esta contienda electoral. No entrar¨¦ en la complicada tarea de discernir sobre lo all¨ª visto y o¨ªdo. Pero s¨ª quiero resaltar, como hice entonces, los principales rasgos de una situaci¨®n ag¨®nica que sigue esperando remedio.

A destacar antes que nada la ingente tarea legislativa impulsada por el Gobierno en los ¨²ltimos seis meses, mucho mayor que en todo el per¨ªodo legislativo anterior, cosa que ha provocado el apartamiento de alguna de las reformas m¨¢s ambiciosas y controvertidas, como la de la actualizaci¨®n del modelo de organizaci¨®n judicial, que se rige todav¨ªa por una ley del siglo XIX, pr¨¢cticamente agotada seg¨²n opini¨®n un¨¢nime de todos los operadores jur¨ªdicos.

Sigamos con la apuesta de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en favor del uso de las nuevas tecnolog¨ªas. Es evidente que esa declaraci¨®n de buenas intenciones, hu¨¦rfana de la imprescindible inversi¨®n presupuestaria, puede dejar reducida a papel mojado la deseada implantaci¨®n del papel cero en todos los juzgados espa?oles a partir del 1 enero de 2016.

En Espa?a son miles de millones de euros los que se encuentran retenidos en litigios todav¨ªa no resueltos

Lamentemos tambi¨¦n que la Nueva Oficina Judicial, aprobada en 2003 para mejorar la eficiencia de la organizaci¨®n judicial, agilizar los procesos y avanzar hacia la digitalizaci¨®n, haya sido tan escasamente implantada y con resultados tan deficientes. ?Hay que revisar el modelo?

Veamos ahora el resultado de las tasas judiciales estatales, surgidas con la loable intenci¨®n de recabar m¨¢s recursos a la Administraci¨®n, que han acabado convertidas en una barrera de acceso a la Justicia, por mucho que se haya excluido de su pago a las personas f¨ªsicas. Una situaci¨®n que afecta a miles de aut¨®nomos y peque?os empresarios, especialmente en Catalu?a, donde se pagan por partida doble. Del total del importe recaudado pocos han sido los millones de euros destinados a la modernizaci¨®n de nuestros juzgados o al necesario incremento de la retribuci¨®n de los jueces y resto de los funcionarios que trabajan en los juzgados con pocos medios a su alcance y escaso reconocimiento por parte del justiciable.

El bloqueo de la Administraci¨®n de Justicia es tambi¨¦n notorio en la ejecuci¨®n de sentencias civiles. Tanto es as¨ª que en Espa?a son miles de millones de euros los que se encuentran retenidos en litigios todav¨ªa no resueltos. Una situaci¨®n que reduce el grado de seguridad jur¨ªdica y perjudica especialmente sin duda a las PYMES y los aut¨®nomos que han acudido a los tribunales, lo que reduce la confianza de todos en el sistema.

Es absolutamente imprescindible que la XI Legislatura espa?ola lleve a cabo una modernizaci¨®n profunda de la Administraci¨®n de Justicia mediante un acuerdo entre actores pol¨ªticos y jur¨ªdicos. Sin un amplio consenso sumado a un incremento de recursos econ¨®micos, ser¨¢ imposible garantizar una Justicia justa y eficaz con el ciudadano. Por muchas declaraciones p¨²blicas que se hagan.

Sin duda alguna, las distintas ideolog¨ªas deber¨ªan quedar al margen cuando se trata de alcanzar un acuerdo por el buen funcionamiento de un servicio p¨²blico tan esencial en una sociedad moderna y avanzada como es el de la Justicia. Es la hora de la Justicia y su reforma no admite mayores demoras.

Ignacio L¨®pez Chocarro, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona