Admitida a tr¨¢mite una demanda por el callejero franquista de la capital

En una de las zonas m¨¢s exclusivas de Madrid, y separando dos puntos simb¨®licos de la capital como son las Torres Kio y la estaci¨®n de Chamart¨ªn, se abre paso la calle de Agust¨ªn de Fox¨¢. Es una de las 186 v¨ªas que el abogado Eduardo Ranz incluye, junto a siete espacios p¨²blicos, seis centros educativos y una placa, en la demanda en la que exige al Ayuntamiento la retirada de estos nombres que "exaltan la guerra civil y la dictadura" y que este lunes el juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 16 de Madrid ha admitido a tr¨¢mite.

Ranz present¨® el escrito al considerar que estos espacios p¨²blicos mantienen una nomenclatura "exaltadora" de le ¨¦poca que precede a la democracia. Antes de acudir a los tribunales, el letrado ya advirti¨® en varias ocasiones al Ayuntamiento, que ignor¨® las peticiones de aplicaci¨®n de la Ley de Memoria Hist¨®rica. La ¨²ltima de esas reclamaciones fue registrada en julio de 2015, tras el cambio de gobierno municipal, indica Efe.

La admisi¨®n a tr¨¢mite de esta denuncia a?ade un episodio m¨¢s a la pol¨¦mica del callejero franquista de Madrid. Ahora Madrid y PSOE pactaron el pasado 25 de noviembre llevar al pleno una moci¨®n que abogaba por elaborar ¡°un plan integral¡± para aplicar la Ley de Memoria Hist¨®rica. La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, lleg¨® a firmar el acuerdo, pero finalmente Ahora Madrid se retract¨® en el ¨²ltimo minuto y decidi¨® retirar el texto, a pesar de estar de acuerdo con ¨¦l. "Hemos estado reflexionando que este tema merece debatirse en un pleno extraordinario, es un debate de calado que debe implicar a todos los grupos pol¨ªticos¡±, se?al¨® Maestre a modo de justificaci¨®n tras la votaci¨®n.

"La denuncia de Ranz no tiene demasiado recorrido, se ha presentado en otros sitios y no ha llegado lejos. La Ley de Memoria Hist¨®rica es una ley que hay que cumplir, pero como no se hizo reglamento, los Ayuntamientos no tienen obligatoriedad para aplicarla. Es una ley que existe, pero no obliga, porque no plantea ninguna sanci¨®n para el Consistorio que no cumpla la ley. Al final retirar estos s¨ªmbolos es una decisi¨®n pol¨ªtica", recalca Arturo Peinado, presidente de la Federaci¨®n Estatal de Foros por la Memoria.

Peinado constata que el gobierno municipal tiene la voluntad de cambiar la nomenclatura franquista a los espacios p¨²blicos de Madrid. Su organizaci¨®n se ha reunido con miembros del Ejecutivo local en tres ocasiones para conocer el proyecto de Ahora Madrid en este asunto. La primera vez, con Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde, justo despu¨¦s del pleno en el que la coalici¨®n de izquierdas retirara a ¨²ltima hora el apoyo a la moci¨®n socialista de eliminar nombres franquistas del callejero de la capital. D¨ªas m¨¢s tardes se vieron con la alcaldesa, Manuela Carmena. Sin embargo, la m¨¢s fruct¨ªfera de todas ha sido la tercera reuni¨®n, la semana pasada, con Celia Mayer, concejal de Cultura.

"En la reuni¨®n con Mayer se han concretado propuestas. En principio, se ha hablado de cambiar 30 calles. Tambi¨¦n se va a desarrollar un proyecto que se llevar¨¢ a cabo durante la legislatura", explica Peinado sobre la retirada de nombres franquistas. Ese plan ya se est¨¢ elaborando por la concejal¨ªa de Cultura de Madrid, en coordinaci¨®n con la C¨¢tedra de Memoria Hist¨®rica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que preside la profesora Mirta N¨²?ez. El d¨ªa 22 de diciembre se celebrar¨¢ un pleno donde Ahora Madrid va a presentar sus primeras medidas y el Foro de la Memoria y otras organizaciones est¨¢n invitadas a asistir.

Sobre la demanda de Eduardo Ranz, Peinado manifiesta que ser¨¢ un revulsivo para el proceso, ya que adem¨¢s de la retirada inmediata de la simbolog¨ªa franquista, se reclama elaborar un cat¨¢logo de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura. El letrado que ha conseguido que un juzgado admita su petici¨®n, adem¨¢s, es el mismo que el pasado febrero denunci¨® a 38 alcaldes por incumplir la Ley de Memoria Hist¨®rica. Entre los cargos p¨²blicos contra los que se querell¨® se encontraban Ana Botella (PP) y Xavier Tr¨ªas (CiU), alcaldes de Madrid y Barcelona, respectivamente.