Viviendas asequibles
En Barcelona, un 83,62% de los desahucios son por impago de alquiler. El Ayuntamiento promueve la construcci¨®n de 2.000 viviendas sociales y ofrece ayudas para evitar el lanzamiento de inquilinos
Estos d¨ªas la prensa ha informado sobre la cesi¨®n de suelo de propiedad p¨²blica al Patronat Municipal de l'Habitatge, para poder construir 1.145 viviendas sociales y dotacionales. Una noticia que, en realidad, deber¨ªa formar parte de lo cotidiano. Pero en los ¨²ltimos cuatro a?os no hab¨ªa sido as¨ª. Si entre el 2002 y el 2011 se iniciaba cada a?o la construcci¨®n de unas 1.000 viviendas protegidas, en los ¨²ltimos cuatro la cifra se hab¨ªa reducido a menos de 300 pisos p¨²blicos al a?o. Ha sido tanta la lentitud que una parte relevante de las 1.145 viviendas que actualmente est¨¢n en realizaci¨®n o pendientes de licencia se hab¨ªa empezado a gestionar en el mandato anterior al gobierno convergente. Con las viviendas pendientes de finalizaci¨®n y realizaci¨®n, y con los solares ahora puestos en marcha se conseguir¨¢n las 2.000 prometidas.
Ante las consecuencias de la nefasta herencia de la burbuja inmobiliaria, la respuesta municipal s¨®lo puede ser la de afrontar el problema, sin renunciar a ninguna de las posibilidades para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Cuando empezamos a gobernar, en junio de este a?o, el n¨²mero de viviendas protegidas en alquiler era de 10.300, un 1,5% de todo el parque residencial de una Barcelona en la cual el 30% forma parte del mercado de alquiler privado.
La victoria de Barcelona en Com¨² y la elecci¨®n de Ada Colau, activista por el derecho a la vivienda, como la primera alcaldesa de la historia, demuestra la trascendencia adquirida por el problema de la vivienda. De ah¨ª que para la nueva pol¨ªtica municipal sea prioritario atender ese derecho social. Por ello se van a utilizar todos los recursos posibles para incrementar el exiguo parque de vivienda social: desde la adopci¨®n de acuerdos de cesi¨®n voluntaria de viviendas vac¨ªas por parte de bancos e inmobiliarias, hasta la sanci¨®n aplicando la Ley 24/2015, pasando por la construcci¨®n de viviendas que se ofrecer¨¢n en alquiler social en aquellos barrios en los que se necesitan, completando tejidos urbanos que se pueden mejorar.
En Barcelona, por su valor indudable de centralidad, esta crisis ha tenido caracter¨ªsticas propias: el precio de sus solares y viviendas se ha mantenido y la ciudad no ha sido terreno de grandes operaciones especulativas fallidas, como las que han dejado tan desastrosa huella inmobiliaria, destrozando el paisaje espa?ol, especialmente de la costa.
La promoci¨®n del acceso a la propiedad como ¨²nica forma de tenencia en la pasada d¨¦cada ha ocasionado una larga ola de desahucios, de la que ha sido v¨ªctima una nueva clase trabajadora, acosada insistentemente por las entidades financieras para que comprase su vivienda, y afectada por la lacra de los lanzamientos y la negativa a la daci¨®n en pago. De todas formas, en Barcelona hoy tienen mucho m¨¢s peso, un 83,62%, los lanzamientos que se producen por situaciones de impago del alquiler, en la mayor¨ªa de los casos de propietarios privados, y que afectan a familias o unidades de convivencia con escasos recursos econ¨®micos.
Por ello, una de las propuestas clave de la intervenci¨®n municipal ha consistido en impulsar una l¨ªnea espec¨ªfica de ayudas urgentes para el pago del alquiler, dotada con 7 millones de euros. Una partida que evita los costes personales, sociales y econ¨®micos de unos procesos de desahucio que, en su mayor¨ªa, ya se paran antes de producirse. Y el horizonte es poder llegar a establecer una cierta contenci¨®n de los precios del alquiler, tan altos en Barcelona, distorsionados por las ganancias de los apartamentos tur¨ªsticos por d¨ªas, mediante el incremento del porcentaje de vivienda asequible.
Al mismo tiempo, se est¨¢ trabajando en la problem¨¢tica de las viviendas ocupadas a precario, a veces directamente por sus usuarios y en otros casos por mafias que se dedican a entrar en viviendas vac¨ªas y a alquilarlas ilegalmente. En definitiva, afrontar el problema del derecho a la vivienda no tiene una soluci¨®n ¨²nica, sino que ha de resolverse sumando herramientas y pol¨ªticas: incorporando pisos vac¨ªos de entidades bancarias y de peque?os propietarios; consiguiendo que apartamentos tur¨ªsticos ilegales pasen a alquiler protegido; rehabilitando edificios y barrios, para incorporar una oferta de pisos de un alquiler asequible e intensificando la construcci¨®n de viviendas de propiedad municipal. Unas pol¨ªticas que sean flexibles, no jer¨¢rquicas, con igualdad de g¨¦nero y sostenibles.
Josep Maria Montaner es regidor de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.
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