Catedr¨¢ticos de Constitucional avalan la toma de posesi¨®n de Puigdemont
El catedr¨¢tico P¨¦rez Royo considera, sin embargo, que hay una base impugnable
La mayor¨ªa de constitucionalistas consultados por EL PA?S avalan la forma en la que Carles Puigdemont tom¨® posesi¨®n como presidente de la Generalitat pese a omitir lealtad al Rey y a la Constituci¨®n. Los juristas se?alan que no existe ley que obligue a expresar fidelidad y aluden a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Supremo que acepta que se asuma el cargo ¡°por imperativo legal¡± sin necesidad de adhesi¨®n ideol¨®gica.
La Abogac¨ªa del Estado estudia si el Gobierno puede impugnar ante el TC que Puigdemont se limitara a acatar la ¡°la voluntad del pueblo de Catalu?a, representada en el Parlament¡±. Los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara se amparan en que no hay ley que regule el juramento. La de la Presidencia y del Govern solo fija que el acto debe de celebrarse cinco d¨ªas despu¨¦s de la investidura.
El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Joan Ridao no ve base para la impugnaci¨®n. El exdiputado de ERC alega que el acceso a un cargo p¨²blico es un derecho fundamental previsto en el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n, que no se ha desarrollado por una ley org¨¢nica. S¨®lo existe el Real Decreto 707/79 que es de rango menor. Merc¨¨ Barcel¨®, catedr¨¢tica de la Universitat Aut¨°noma (UAB), se?ala que ese real decreto fue concebido para los funcionarios del Estado. ¡°El Constitucional ya dijo que se deb¨ªa hacer una ley. Y se ha hecho para diputados, ediles y el poder judicial. Pero no para el poder ejecutivo¡±, dijo en Catalunya R¨¤dio.
Xavier Arb¨®s, catedr¨¢tico de la Universidad de Barcelona, comparte que no hay una norma aplicable en la toma de posesi¨®n del presidente catal¨¢n y apunta que la Ley Org¨¢nica del Regimen Electoral fija el procedimiento para ediles y diputados. ¡°Y Puigdemont lo hizo como diputado [lo hizo por imperativo legal]¡±, esgrime el jurista. ¡°No todo lo que es rupturista en la intenci¨®n es necesariamente ilegal¡±.
¡°Se puede entender que hay f¨®rmulas v¨¢lidas siempre que se acepten las obligaciones inherentes al cargo¡±, abunda el catedr¨¢tico Enric Fossas (UAB), que coincide con Ridao en que el acto del martes fue m¨¢s que una ceremonia. ¡°A partir de ¨¦l, se desencadenan los actos jur¨ªdicos¡±, dice. Javier P¨¦rez Royo, catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla, s¨ª cree que hay base impugnable porque el TC ya concluy¨® que el acatamiento era ¡°inexcusable¡± para asumir la condici¨®n de diputado. Aunque fuera por imperativo legal, cosa que omiti¨® Puigdemont. ¡°Si la Generalitat no tiene prevista la f¨®rmula ?Quiere decir que se puede eximir o no? Al final, si el Gobierno recurre, el dilema lo decidir¨¢ el TC. El acatamiento es exigible y le pueden retrotraer. Podr¨ªa extenderse esa jurisprudencia no solo a los parlamentarios sino a cualquier titular de poder p¨²blico¡±.
Societat Civil lamenta el juramento pero cree que no es ilegal
Societat Civil, la entidad contraria a la secesi¨®n, calific¨® ayer el? el juramento de Carles Puidemont como un acto de "insumisi¨®n clara a la Constituci¨®n y al Estatuto" aunque fuentes de la entidad admiten que no fue ilegal porque consideran que el acto de posesi¨®n fue solo una ceremonia protocolaria. Miembros de la entidad entienden que el presidente ya acat¨® aunque por imperativo legal la Constituci¨®n cuando retir¨® el acta de diputado. Puigdemont, como presidente de la Asociaci¨®n de Municipios para la Independencia (AMI), impuls¨® que los ediles acataran en junio el cargo con lealtad a la futura Rep¨²blica Catalana pero la Junta Electoral Central lo desestim¨®. Al final, asumi¨® la alcald¨ªa por imperativo legal. Societat Civil avis¨® que los nuevos consejeros prometer¨¢n sus cargos en t¨¦rminos semejantes a los de Puigdemont. "Los separatistas han fraccionado a la sociedad catalana, consideran suyas las instituciones que deber¨ªan ser de todos y nos conduce a un conflicto social de consecuencias imprevisibles", se?ala la entidad en un comunicado deplorando la "grav¨ªsima irresponsabilidad" de los nacionalistas al pretender continuar "con su plan ilegal, pese a no contar siquiera con el respaldo mayoritario de la sociedad catalana"
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