Un plan de choque social por ejecutar

Los departamentos que se encargan de los temas sociales dentro del nuevo Gobierno catal¨¢n se han encontrado con una gran lista de asuntos pendientes. No se trata solo del compromiso de cumplir con el plan de choque que permiti¨® el acuerdo entre Junts pel S¨ª (JxS) y la CUP sino de atender algo tan simple como la realidad: m¨¢s de un 20% de catalanes que est¨¢n en riesgo de caer en la pobreza.

Boi Ruiz, por ejemplo, dej¨® la cartera de Salud con muchos frentes abiertos. El Departamento, especialmente sensible para los actores sociales y con la mayor dotaci¨®n presupuestaria, fue uno de los m¨¢s castigados por los recortes que ejecut¨® el Ejecutivo de Artur Mas. Al nuevo consejero, Toni Com¨ªn, le tocar¨¢ lidiar con las sospechas de privatizaci¨®n que han nublado la gesti¨®n de Ruiz.

Bassa y Com¨ªn deber¨¢n esforzarse para agradar tanto a JxS como a la CUP

Dolors Bassa, la nueva encargada del ¨¢rea de Asuntos Sociales y Trabajo, tendr¨¢, como Com¨ªn, que pelear por conseguir el presupuesto suficiente para cumplir las medidas del plan de choque. Organizar un sistema de rentas para intentar reducir las desigualdades es una de sus prioridades. Pero, como su compa?ero en Salud, tendr¨¢ que hacer maniobras para agradar tanto a los miembros de JxS (Converg¨¨ncia y Esquerra, a veces en contradicci¨®n) como a la CUP.

De entrada, la forma como se estructur¨® el Gobierno genera dudas sobre la coordinaci¨®n de las ¨¢reas sociales. En teor¨ªa Neus Munt¨¦, portavoz y consejera de Presidencia, lidera un ¨¢rea social de la que dependen Ense?anza (en manos de Mertitxell Ruiz) y Sanidad, pero no los Asuntos Sociales, que penden del ¨¢rea econ¨®mica, que encabeza el vicepresidente Oriol Junqueras. Se desconocen los mecanismos de trabajo interdepartamental o el nivel influencia que Munt¨¦ o Junqueras puedan tener sobre los temas pues cuentan con cartera propia.

Consorcio sanitario de Lleida. El plan de unificar la sanidad p¨²blica de Lleida en un consorcio se vio como una privatizaci¨®n encubierta por los leridanos y toda la oposici¨®n. ERC retir¨® su apoyo en v¨ªsperas de las elecciones municipales. El proyecto se paraliz¨® temporalmente a la espera de lograr ¡°consenso¡±. Com¨ªn tendr¨¢ que decidir si sigue adelante, como quiere CDC, o descartarlo, como ans¨ªa la CUP.

La estructura del ¡®Govern¡¯ genera dudas sobre la coordinaci¨®n entre las ¨¢reas sociales

VISC+. El proyecto de venta de datos sanitarios an¨®nimos cont¨®, desde el primer momento, con la oposici¨®n de la CUP. El plan sigue adelante, m¨¢s lento y con menos pretensiones de lo esperado. Sus ide¨®logos no han dejado claro si, en un futuro, empresas privadas podr¨¢n emplear estos datos. El plan de choque prev¨¦ repensar la iniciativa.

Listas de espera. El acuerdo con la CUP habla de reducir un 50% las listas de espera en visitas al especialista y pruebas diagn¨®sticas y un 10% para intervenciones. Ruiz ya redujo la espera quir¨²rgica en 2014, pero la tendencia en pruebas diagn¨®sticas sigue en aumento (un 13% en 2015). La medida, condicionada a la aprobaci¨®n de los presupuestos, costar¨ªa unos 96 millones de euros.

S¨®lo centros p¨²blicos en el SISCAT. Com¨ªn ya se ha comprometido a echar de la red de hospitales p¨²blicos (SISCAT) a empresas con ¨¢nimo de lucro. Esto significa que IDC Quiron Salud, titular del Sagrat Cor, la Cl¨ªnica del Vall¨¨s y el Hospital General de Catalunya, dejar¨ªa de dar asistencia p¨²blica. Com¨ªn no ha explicado bajo qu¨¦ f¨®rmula romper¨¢ esos v¨ªnculos.

Alianzas estrat¨¦gicas. El eufemismo utilizado hasta ahora para transferir servicios entre centros sanitarios, independientemente de su titularidad. Es el caso de la alianza entre hospitales en Girona, que permiti¨® la externalizaci¨®n del servicio de alergolog¨ªa. Estos acuerdos son una l¨ªnea roja para la CUP. Revertirlos, una promesa del plan de choque.

Concursos en atenci¨®n primaria. Suspender definitivamente la licitaci¨®n de la atenci¨®n primaria es una medida recogida en el plan de choque, pero que ya se estaba ejecutando actualmente. Com¨ªn tendr¨¢ que ver c¨®mo encaja jur¨ªdicamente la gesti¨®n del 20% de los centros de atenci¨®n primaria que no dependen del Instituto Catal¨¢n de la Salud ni de ninguna otra empresa p¨²blica.

Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (RMI). JxS y la CUP coinciden en la necesidad de reformar el sistema de rentas, aunque difieren en el mecanismo. El punto de acuerdo recogido en el plan de choque es una recuperaci¨®n de las condiciones de la RMI anterior a los recortes realizados en la primera legislatura de Mas. Volver¨ªa a ser un derecho subjetivo. Los presupuestos deber¨ªan dotar el programa con 70 millones de euros m¨¢s. Bassa espera que a final de la legislatura se pueda implementar una ¡°renta b¨¢sica de ciudadan¨ªa¡±, que CDC no contempla. Tambi¨¦n se habla de imponer un salario m¨ªnimo de 1.000 euros en Catalu?a, una medida que Bassa asegura que ¡°a¨²n no puede explicar c¨®mo se har¨¢¡±, seg¨²n acept¨® en una entrevista a la Xarxa.

Guarder¨ªas. La Generalitat deleg¨® en las diputaciones la financiaci¨®n de las guarder¨ªas. CUP le arranc¨® el compromiso a JxS de destinar 15 millones dentro de las cuentas para cumplir la demanda insatisfecha o reducir las cuotas de las familias. En Catalu?a la cobertura de la educaci¨®n 0 a 3 a?os es del 35,9% de los menores. Tambi¨¦n hay cinco millones que se destinar¨¢n para reducir las ratios en los centros ubicados en zonas socialmente desfavorecidas.

Becas comedor. El plan de choque establece una modificaci¨®n progresiva de los baremos para aumentar la cobertura, teniendo en cuenta los criterios que determinan el umbral de riesgo de pobreza. Aunque no se habla de un n¨²mero espec¨ªfico y el mandato pasado la partida estaba abierta, las nuevas condiciones aumentar¨ªan considerablemente al espectro. En octubre ya se hab¨ªan entregado m¨¢s de 68.000 becas comedor, pero un 25% de los ni?os catalanes (unos 270.000) est¨¢n en riesgo de pobreza.

Dependencia. La inyecci¨®n de 50 millones de euros prevista en el plan debe servir para aumentar las plazas de residencia y las llamadas PEV, las ayudas para sufragar una residencia privada mientras se asigna una p¨²blica. La Generalitat pone m¨¢s dinero que el Estado para financiar esta ley, a lo que se suma este a?o la integraci¨®n progresiva del Grado I de dependencia, el m¨¢s leve. M¨¢s de 53.000 personas ya tienen este nivel reconocido.

Pobreza energ¨¦tica y vivienda. El reglamento de la ley que surgi¨® tras la Iniciativa Legislativa Popular antidesahucios est¨¢ a¨²n por desarrollar y el plan de choque dice que se tramitar¨¢ por v¨ªa urgente. Queda por determinar qu¨¦ departamento intentar¨¢ cerrar las negociaciones con las empresas suministradoras para que efectivamente se comprometan con ¡°al menos el 50%¡± del fondo para pagar los recibos de las personas que no pueden hacer frente. De los 10 millones de euros extra para vivienda, ya se ha destinado una parte para reforzar la l¨ªnea de ayudas urgentes al alquiler de las familias en riesgo de desahucio.