La adjudicaci¨®n de la Ciudad de la Justicia seguir¨¢ en los tribunales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid paraliz¨® el a?o pasado el pol¨¦mico proyecto para construir la Ciudad de la Justicia de Madrid; el Tribunal de Contrataci¨®n P¨²blica anul¨® en enero esa decisi¨®n porque la adjudicaci¨®n ya estaba muy avanzada (solo faltaba la firma definitiva); y ahora el Ejecutivo dirigido por Cristina Cifuentes (PP) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esa anulaci¨®n, aseguran fuentes del Gobierno regional, lo que puede demorar entre meses y a?os la resoluci¨®n final del conflicto.

Esta especie de trabalenguas administrativo es solo el ¨²ltimo cap¨ªtulo de un plan ideado hace m¨¢s de una d¨¦cada para construir en Valdebebas un gran espacio que reuniera los numerosos y dispersos juzgados de Madrid, pero que nunca ha llegado a materializarse. Despu¨¦s de la idea inicial de 2004, que dej¨® tras de s¨ª a?os de frustraci¨®n, un edificio vac¨ªo (el Instituto de Medicina Legal) y m¨¢s de 100 millones de gasto no del todo transparentes, el sucesor de Esperanza Aguirre en la presidencia de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, impuls¨® a finales de 2014 un renovado y mucho m¨¢s modesto proyecto, esta vez bajo el nombre de Ciudad de la Justicia.

Gonz¨¢lez inici¨® a primeros de 2015 la tramitaci¨®n para adjudicar las construcciones. La f¨®rmula ideada era similar a la de los hospitales que se construyeron en las ¨²ltimas legislaturas: la empresa concesionaria pagar¨ªa la construcci¨®n y el mantenimiento del complejo durante 30 a?os a cambio de un canon anual de unos 45 millones de euros, lo que sumar¨ªa al final de esas tres d¨¦cadas 1.752,5 millones (1.448,4 millones m¨¢s 304,1 millones por IVA).La oferta t¨¦cnica y econ¨®mica mejor valorada en el preces¨® fue la de la UTE (uni¨®n temporal de empresas) formada por Acciona y OHL, pero el Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez, ya en funciones en el mes de junio de 2015, prefiri¨® no dar la aporbaci¨®n definitiva a la adjudicaci¨®n.

Denuncias cruzadas

Y el siguiente equipo de Gobierno (tambi¨¦n del PP, pero ahora con Cristina Cifuentes al frente) paraliz¨® el proceso. Lo hizo en julio de forma provisional y en noviembre de forma definitiva, argumentando que algunas empresas adjudicatarias de las primeras ¨¦pocas del poryecto, las que impuls¨® ESperanza Aguirre como presidenta, hab¨ªan denunciado esa segunda concesi¨®n: no se pod¨ªa adjudicar a otras empresas (en este caso, Acciona y OHL) una obra que ya se les hab¨ªa entregado a ellas (Cors¨¢n-Corviam), aunque nunca se llegaran a poner en marcha. Exist¨ªa ¡°incerteza¡± ante las reclamaciones judiciales interpuestas, justific¨® el Gobierno regional para paralizar el proceso.

Pero, por supuesto, OHL y Acciona tampoco estaban conformes con esa decisi¨®n, y el Tribunal Administrativo de Contrataci¨®n P¨²blica de la Comunidad de Madrid les dio la raz¨®n el pasado mes de enero. La existencia de los contratos previos ¡°no impide la celebraci¨®n de un contrato ulterior con el mismo o parcialmente coincidente con el mismo objeto, sin perjuicio del pago de los trabajos efectuados, y por tanto no puede fundamentar el desistimiento del procedimiento de licitaci¨®n¡±, dijo el tribunal. Y esa es la decisi¨®n que ayer recurri¨® el Gobierno regional ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, aseguran fuentes del ejecutivo. Lo que no est¨¢ claro es si el equipo de Cifuentes presentar¨¢ un proyecto alternativo de Ciudad de la Justicia mientras intenta resolver los ¨²ltimos coletazos de las iniciativas de sus predecesores.