El PP tendr¨¢ que responder al juez por su supuesto recaudador en Valencia

El PP es uno de los cerca de medio centenar de imputados en la pieza separada sobre un supuesto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia del caso Taula, cometido presuntamente en el a?o 2015. Fuentes de la investigaci¨®n aseguran que, cuando el legal representante del partido acuda a declarar, una de las cuestiones por las que ser¨¢ preguntado ser¨¢ por los ingresos de dinero anotados por Maria Carmen Garc¨ªa-Fuster, la exsecretaria municipal del PP, que recogen donaciones significativas de origen desconocido.

Seg¨²n Garc¨ªa-Fuster, un recaudador cuyo nombre se neg¨® a revelar recog¨ªa dinero de simpatizantes y se lo entregaba a ella, entre otros, fines para financiar las campa?as electorales. En los meses anteriores a las elecciones de 2011, estas aportaciones, ascendieron a 116.000 euros. Si se calcula desde el a?o 2006 fueron 245.000 euros. Garc¨ªa-Fuster identificaba al supuesto recaudador que le daba el dinero con las siglas "CyA", que seg¨²n ella significaba colaboradores y allegados.

Desde el a?o 2007, la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos no puede realizarse mediante aportaciones de origen desconocido. Entre otros motivos, destacan fuentes del caso, para dificultar que fondos procedentes de actividades il¨ªcitas entren en el circuito de los partidos pol¨ªticos. El hecho de que Garc¨ªa-Fuster se haya negado a identificar a la persona que, seg¨²n ella, actuaba como recaudador, a?aden las fuentes, agrava la sospecha.

Fue el magistrado que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 18 de Valencia, V¨ªctor G¨®mez, quien pregunt¨® a Garc¨ªa-Fuster por cuatro ingresos por importe de 29.000 euros anotados poco antes de las elecciones de 2015, que hab¨ªa recibido de "CyA".

Investigaci¨®n sobre asesores

El juez que instruye el caso Taula, V¨ªctor G¨®mez, se inclina por limitar la extensi¨®n de la parte de la causa que versa sobre la contrataci¨®n de asesores, seg¨²n fuentes del procedimiento. Se trata de la l¨ªnea de investigaci¨®n que afecta a formaciones pol¨ªticas distintas del Partido Popular. Miembros del PSPV-PSOE, Comprom¨ªs y Esquerra Unida, adem¨¢s de del PP, fueron interrogados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por estos hechos.

Lo m¨¢s probable, a la espera de que concluya esta parte de la investigaci¨®n, para lo que todav¨ªa falta tiempo, es que finalmente afecte a pocas personas. Ser¨¢n, b¨¢sicamente, casos flagrantes, en los que pueda probarse por ejemplo que estuvieron cobrando un sueldo p¨²blico sin ir realmente a trabajar. Hay otro apartado de presuntas irregularidades se derivar¨¢n, en principio, al ¨¢mbito administrativo, seg¨²n las fuentes.

A estas alturas de la investigaci¨®n parece claro que la denunciante original del caso, la diputada provincial Rosa P¨¦rez Garijo, de Esquerra Unida, ser¨¢ exonerada y no se dirigir¨¢ contra ella ninguna acusaci¨®n penal al finalizar la fase de instrucci¨®n. Los investigadores subrayan, sin embargo, que no todas las actuaciones de representantes pol¨ªticos resultan tan claras

Las irregularidades en la contrataci¨®n de asesores y otros empleados, como brigadistas, por parte de Impulso Econ¨®mico Local Sociedad An¨®nima (Imelsa), la gran empresa p¨²blica de la Diputaci¨®n de Valencia, fueron expuestas al magistrado instructor por Marcos Benavent. Este fue gerente de Imelsa, se halla imputado en el caso, lleva meses colaborando con la justicia y se ha convertido en una pieza central para la investigaci¨®n.

Benavent mantuvo que la incorporaci¨®n de numerosos empleados de Imelsa fue ilegal, porque se realiz¨® sin respetar los principios de contrataci¨®n del sector p¨²blico ni los cauces administrativos. El arrepentido tambi¨¦n cont¨® que responsables de los distintos partidos colocaron a personas. En casos extremos, sin que desarrollaran realmente ning¨²n trabajo.

Menor dimensi¨®n

Las pr¨¢cticas expuestas por Benavent apuntaron hacia la posibilidad de que se hubieran cometido delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y de tr¨¢fico de influencias a gran escala en Imelsa y la Diputaci¨®n. Los investigadores descartan ahora que el asunto tenga tal dimensi¨®n, aunque advierten de que se estudiar¨¢ cada caso.

Adem¨¢s de interrogar a los representantes de los partidos con representaci¨®n en Imelsa sobre la contrataci¨®n de personal, la UCO ha elaborado una lista completa de empleados y exasesores de la empresa p¨²blica, y ha interrogado a parte de ellos. Esta parte de la causa ¡ªformalmente todav¨ªa no es una pieza separada¡ª es una de las cinco que integran el caso Taula, en el que hay hasta ahora 115 imputados ¡ªinvestigados, seg¨²n la nueva denominaci¨®n judicial¡ª.