Las tripas de oro de Corcoesto se revuelven

Las entra?as de la mina m¨¢s pol¨¦mica de Galicia vuelven a rugir cuando llevaban cerca de tres a?os calladas. Despu¨¦s de que saliese a la luz (a trav¨¦s del contencioso administrativo que present¨® ante el Tribunal Superior la empresa canadiense Edgewater) la supuesta existencia de "amigos del presidente" que habr¨ªan ofrecido "ayuda" con la presunta intenci¨®n de recibir cobros ilegales por ello, varios grupos ecologistas han rescatado los ases que a¨²n guardaban en la manga. La semana pasada, Amigos da Terra anunci¨® su decisi¨®n de pedir a la fiscal¨ªa de Medio Ambiente una "exhaustiva" investigaci¨®n que destape, por una parte, si efectivamente intervinieron mediadores dispuestos a arreglarle a Edgewater las cosas en la Xunta a cambio de dinero. Y, por otra, que busque pruebas de un posible delito de tr¨¢fico de influencias en la tramitaci¨®n de la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental durante el a?o 2012. En este cap¨ªtulo profundiza hoy tambi¨¦n la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), uno de los colectivos que combati¨® m¨¢s firmemente, con argumentos cient¨ªficos, la explotaci¨®n del oro de Corcoesto en los a?os que dur¨® el conflicto. La SGHN ha enviado un escrito a la sala de lo Contencioso Administrativo del Superior de Xustiza, encargada de tramitar la reclamaci¨®n de Edgewater en los tribunales, en el que saca a la luz la flagrante desaparici¨®n de objeciones a la mina en los informes medioambientales de la Xunta a medida que pas¨® el tiempo. Estos documentos fueron obtenidos por el colectivo ecologista despu¨¦s de 21 meses de espera en los que necesit¨® recurrir al Valedor do Pobo, y seg¨²n la SGHN la Conseller¨ªa de Medio Ambiente termin¨® entreg¨¢ndolos a rega?adientes.

Seg¨²n informa a los magistrados este colectivo de defensa medioambiental, a lo largo de los ¨²ltimos meses de 2012, cuando el proyecto minero que abarcaba terrenos de Cabana de Berganti?os, Coristanco y Ponteceso parec¨ªa ir viento en popa por la v¨ªa administrativa, en los informes correspondientes a Conservaci¨®n da Natureza se constat¨® una progresiva y llamativa rebaja de las exigencias que demostrar¨ªan el "claro trato de favor" que recibi¨® la empresa for¨¢nea por parte del Gobierno gallego.

Entre otras cuestiones que "desaparecen" o se "minimizan", tal y como destapa la SGHN, en un informe "se pasa de afirmar que el proyecto afecta al LIC [Lugar de Inter¨¦s Comunitario] R¨ªo Anll¨®ns, ya que todas las aguas vierten en ese r¨ªo" a decir que "el proyecto se desarrolla fuera del ¨¢mbito del espacio natural protegido". La afirmaci¨®n de que las actividades mineras proyectadas "constituyen riesgos evidentes de producir da?os de muy dif¨ªcil reparaci¨®n en el LIC R¨ªo Anll¨®ns y el LIC Costa da Morte", que aparec¨ªa destacado en cursiva y subrayado en el primer documento, se suaviza hasta quedarse en un simple "siempre existen riesgos de accidentes que pueden tener notables repercusiones en el medio".

Tambi¨¦n en lo relativo a un afluente, el Lourido, que seg¨²n el proyecto Edgewater pretend¨ªa desviar en un trecho de 2,7 kil¨®metros, en los papeles de la Xunta se pas¨® de afirmar que en ese h¨¢bitat exist¨ªan "especies de inter¨¦s comunitario" a restarle importancia: "No son formaciones muy representativas". La Sociedade Galega de Historia Natural tambi¨¦n afirma que en el informe complementario se "viola de forma flagrante" una directiva de la UE relativa a la conservaci¨®n prioritaria de espacios protegidos y que desaparecen de golpe objeciones al proyecto extranjero como la inexistencia de un "plan de seguimiento y vigilancia" de la balsa de lodos de lixiviaci¨®n a lo largo del tiempo o la falta de un an¨¢lisis de riesgos o de "una p¨®liza de seguro ambiental adecuada".

"De existir una actuaci¨®n arbitraria, injustificada y que rompe el principio de no discriminaci¨®n e igualdad de todos ante la ley como afirma Edgewater en su recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no ser¨ªa una discriminaci¨®n contra dicha empresa sino, al contrario, un claro trato de favor", concluyen los ecologistas. En su escrito remitido a los jueces, la SGHN les pide que desestimen todas las demandas planteadas por la empresa minera contra la cancelaci¨®n del proyecto anunciada por sorpresa por Feij¨®o en octubre de 2013. El colectivo reclama que se condene a Edgewater al pago de las costas procesales, que no se condene a la Xunta a aprobar el proyecto ni a indemnizar a la compa?¨ªa canadiense.

Hace d¨ªas, otros grupos publicaban comunicados en la misma l¨ªnea. Salvemos Cabana, la plataforma nacida de la oposici¨®n a la mina liderada por Ram¨®n Varela, vecino de Berganti?os, lamentaba que sea toda Galicia la que deba "enfrentar las consecuencias" (como una hipot¨¦tica indemnizaci¨®n millonaria) de Corcoesto, con una tramitaci¨®n ambiental puesta en cuesti¨®n desde 2012. "Si la Xunta de Galicia hubiera actuado de manera responsable desde el principio, se habr¨ªa ahorrado mucho dolor y sufrimiento en la comarca", lamentaba Varela.

Amigos da Terra tambi¨¦n incid¨ªa la semana pasada en el hecho de que esa indemnizaci¨®n de unos 20 millones que exige Edgewater se pagar¨ªa con dinero p¨²blico de "todos los gallegos y gallegas". Para este grupo, el contenido de un correo electr¨®nico incluido entre la documentaci¨®n que Edgewater present¨® en los tribunales debe ser investigado por la fiscal¨ªa porque podr¨ªa poner de manifiesto que "la protecci¨®n de los intereses sociales y medioambientales est¨¢ a merced de criterios arbitrarios que pueden ser aprovechados por ciertas tramas corruptas".?

En ese correo, el presidente de la empresa, George Salamis, comparaba a la Xunta con el Gobierno de Ch¨¢vez y suger¨ªa que hubo personas ("amigos del presidente") que pudieron haber reclamado "d¨®lares en una maleta Samsonite". Nada m¨¢s trascender el contenido de este correo, Alberto N¨²?ez Feij¨®o lo atribuy¨® a una "estrategia de calumnias" por parte de la compa?¨ªa minera y la filial que cre¨® en Galicia, Mineira de Corcoesto, para tramitar los permisos de la futura mina sobre la que hab¨ªa adquirido anteriormente los derechos.

Este diario ha intentado obtener de la empresa canadiense una explicaci¨®n al contundente correo electr¨®nico en el que Salamis sugiere un presunto delito de tr¨¢fico de influencias ("no alcanzo a ver qu¨¦ pod¨ªamos hacer (...) aparte de pagarles d¨®lares a los pol¨ªticos"), pero los representantes de Edgewater consultados no aclaran qui¨¦nes son esos "amigos de presidente" que podr¨ªan haber pedido dinero a cambio de favores, ni ofrecen ninguna pista sobre su procedencia. "Este es un asunto que est¨¢ en litigio en manos de abogados, no procede hacer declaraciones a la prensa", zanjaba ayer el destinatario en Espa?a de aquel mensaje del presidente de la empresa.