Los alcaldes presionan al Govern para que dialogue con el¨¦ctricas y banca

A pesar de la unidad con la que el mundo municipalista, las entidades sociales y la Generalitat abordaron el recurso del Gobierno central a la ley antidesahucios y contra la pobreza energ¨¦tica, algunos municipios echan de menos m¨¢s compromiso con la parte de la norma que no fue recurrida. Por ello, alcaldes y la comisi¨®n promotora del texto suspendido est¨¢n presionando al Gobierno catal¨¢n para que siente en la mesa a las empresas suministradoras y a la banca, y corresponsabilizarlas en la ayuda a las familias vulnerables. Pr¨¢cticamente todos los ayuntamientos metropolitanos aprovecharon un encuentro el pasado martes en el ?rea Metropolitana para celebrar una primera reuni¨®n y abordar el tema conjuntamente.

Tras la cumbre de todas las partes, el 3 de mayo tras conocerse el recurso del PP, el Departamento de Gobernaci¨®n de la Generalitat ha llevado la batuta de las conversaciones para dise?ar un nuevo instrumento legal que d¨¦ cobijo a los art¨ªculos recurridos de la ley 24/2015, todos referentes a herramientas para luchar contra los desahucios. Por ejemplo, la obligaci¨®n a facilitar alquiler social a una familia afectada o la cesi¨®n obligatoria de pisos. Ya ha habido varias reuniones y las partes ven con optimismo los avances.

En esas reuniones de seguimiento participan tanto la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM) como la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a (FMC), unas instituciones que los ayuntamientos consideran interlocutores v¨¢lidos, pero que no tienen experiencia en la primera l¨ªnea de la trinchera contra los desahucios o la pobreza energ¨¦tica que tienen ciudades como Barcelona, Terrassa, Sabadell o Sant Cugat. Las entidades municipalistas, dicen los alcaldes, se encargan de otras cuestiones, mientras que qui¨¦n ha abordado las consecuencias de la crisis y ya tiene herramientas rodadas para afrontar la pobreza energ¨¦tica o los desahucios son las ciudades.

¡°La Generalitat tiene que dise?ar el futuro, pero alguien tiene que encargarse de cubrir el mientras tanto¡±, asegura el segundo teniente de alcalde de Sabadell, Maties Serracant. Una idea que comparte la alcaldesa de L¡¯Hospitalet de Llobregat, N¨²ria Mar¨ªn, que cree que los municipios pueden seguir ejerciendo presi¨®n hacia los bancos pero admite que, sin la ley, pierden fuerza. En L¡¯Hospitalet, por ejemplo, hay 39 expedientes abiertos contra los bancos Santander y Popular: casos en los que, explica Mar¨ªn, se negaron a hacer cesi¨®n de inmuebles.

Y dentro de ese mientras tanto, est¨¢ utilizar las herramientas que el recurso del Gobierno en funciones del PP no toc¨® de la ley 24/2015. En espec¨ªfico, las que tienen que ver con la pobreza energ¨¦tica, donde claramente se establece la obligaci¨®n de las empresas suministradoras de comunicar a los servicios sociales municipales los casos ¡ªpara comprobar la situaci¨®n socioecon¨®mica de las familias¡ª antes de realizar un corte por impago y de ¡°garantizar que concedan ayudas a fondo perdido¡± para pagar las facturas de las personas vulnerables. ¡°Casi diez meses despu¨¦s no se ha firmado ning¨²n convenio con las suministradoras¡±, recuerda Mar¨ªa Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE).

¡°Los municipios peque?os tienen muy poco margen de presi¨®n ante las entidades financieras y las suministradoras, de ah¨ª que la negociaci¨®n de estos convenios deba hacerse en bloque¡±, sostienen desde el consistorio barcelon¨¦s.

Hasta ahora es el mundo local el que ha mantenido el peso de las facturas impagadas de las personas vulnerables. La Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica solicit¨® a la Agencia de Consumo que en dos semanas se realice una reuni¨®n con las empresas suministradoras, la Generalitat y los ayuntamientos para acercar posiciones. ¡°Si las empresas insisten en no cumplir la ley, queremos que esa voluntad se haga p¨²blica¡±, dice Campuzano.

Las suministradoras insisten en que ya ayudan a las familias vulnerables a trav¨¦s del bono social o de l¨ªneas de ayuda propia de cada empresa, como en el caso de Agbar. Pero todo al margen de la ley antidesahucios. En Barcelona solo Iberdrola comunica a los servicios sociales los impagos para verificar que no se trate de personas en situaci¨®n de vulnerabilidad y evitar los cortes. ¡°Con las empresas hay di¨¢logo, pero hay margen para que lo hagan m¨¢s f¨¢cil¡±, a?ade Mar¨ªn.

La APE tambi¨¦n critica la decisi¨®n de la Generalitat de revivir el fondo solidario contra la pobreza energ¨¦tica, una bolsa com¨²n para pagar las facturas y que en teor¨ªa deber¨ªa ser nutrido preferiblemente de aportaciones de las empresas. ¡°En este momento tenemos dos definiciones de vulnerabilidad. La de la ley 24/2015 es m¨¢s garantista que la que se da para crear el fondo¡± de la Generalitat, critica Campuzano.