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La Operaci¨®n Chamart¨ªn es un ambicioso proyecto para Madrid: una oportunidad de modernizaci¨®n del recinto ferroviario y una ocasi¨®n de superar la ¡°barrera¡± que supone el entramado de v¨ªas f¨¦rreas para la correcta ordenaci¨®n de la zona norte de la ciudad. Despu¨¦s de 22 a?os y tras cinco contratos entre Renfe/ADIF y DUCH/DCN y tras una compleja ordenaci¨®n urban¨ªstica en el Ayuntamiento a¨²n no se ha puesto ni un ladrillo y no hay visos de que se vaya a poner por m¨¢s que se afirme lo contrario.

RENFE opt¨® por un modelo de concesi¨®n administrativa por 90 a?os sobre una finca de dominio p¨²blico de 684.783 metros cuadrados del recinto de Chamart¨ªn que conllevaba una encomienda de gesti¨®n para promover su ordenaci¨®n urban¨ªstica con la obligaci¨®n de conseguir una edificabilidad de 870.000 metros cuadrados en un plazo no superior a dos a?os. Y, con la condici¨®n previa a la anterior de resolver el t¨ªtulo de propiedad en relaci¨®n con los derechos de reversi¨®n de los terrenos expropiados. No se trataba en ning¨²n caso de ordenar los terrenos de las playas ferroviarias del norte de la M-30, que se incorporaron sin concurso p¨²blico en el Documento de Adecuaci¨®n para cumplir la condici¨®n extintiva relativa a la edificabilidad, que con la aprobaci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 1997.

La quiebra del criterio de la calificaci¨®n edificatoria ¨²nica anterior puede ser correcto en la medida que discrimina entre las ¨¢reas en funci¨®n del modelo de ciudad que formalmente se pretenda, y desde luego una potestad indiscutible de la Corporaci¨®n. Sin embargo, es contradictorio con la enf¨¢tica declaraci¨®n del inter¨¦s p¨²blico de la nueva propuesta dejar a Renfe fuera de ¨¢rea de reparto de la iniciativa privada el ¨¢mbito al norte de la M-30, el m¨¢s extenso, donde apenas hay infraestructuras que construir y con la edificabilidad m¨¢xima 1.05 m2/m2. El abuso del concepto "p¨²blico" para justificar acciones administrativas de todo tipo, convierte el t¨¦rmino en un mito que dora las m¨¢s ramplonas pol¨ªticas.

La nueva propuesta recupera el modelo de gesti¨®n aplicado Pasillo Verde Ferroviario: un consorcio urban¨ªstico entre la Administraci¨®n central y la municipal, en el que las plusval¨ªas generadas por la operaci¨®n revierten exclusivamente en beneficio de la ciudad. A mi juicio, este modelo no es contradictorio con la gesti¨®n privada recogida en PGOU 97 a¨²n vigente, ya tambi¨¦n exist¨ªa un Consorcio P¨²blico (el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Estado y la empresa adjudicataria) con el objetivo de velar porque las plusval¨ªas originadas no solo beneficiasen a la ciudad, sino tambi¨¦n a las restantes partes intervinientes.

La incapacidad del adjudicatario y de las sucesivas corporaciones del Partido Popular, patentes con la mera alusi¨®n a los 22 a?os malgastados en una gesti¨®n fallida, ha dado pie, y no sin cierta raz¨®n, a la posibilidad de tirar por tierra todo lo actuado hasta la fecha. Sin embargo, un principio fundamental del Derecho y un deber institucional es la garant¨ªa de la seguridad jur¨ªdica, de ah¨ª que revocar normas aprobadas conlleve un tr¨¢mite y una responsabilidad para evitar la arbitrariedad (Constituci¨®n Espa?ola, art¨ªculo 9.3). Las administraciones que promovieron la legalidad vigente tienen la misma legitimidad que los gestores municipales surgidos de las ¨²ltimas elecciones. Por ello, la propuesta Madrid, Puerta Norte no puede entenderse como un proyecto ex novo, por m¨¢s que lo sea para sus mentores.

Nada importa si ser¨¢ una actuaci¨®n de gesti¨®n p¨²blica o privada, si tendr¨¢ uno o m¨¢s ¨¢mbitos, si la edificabilidad es mucha o poca, porque sin el debido reconocimiento de los derechos de los titulares originales de los terrenos no es posible legalmente dar ning¨²n paso por aquellos que aspiran a liderar el proyecto. La participaci¨®n de los propietarios expropiados, como interesados leg¨ªtimos, puede contribuir a poner cordura, moderaci¨®n y, sobre todo, certeza jur¨ªdica a una operaci¨®n que puede acabar dando tumbos por los tribunales si se contin¨²a como hasta ahora.

P. Pablo Mansilla Izquierdo es el presidente de la Asociaci¨®n No Abuso