Ciudadanos propone un Consejo de Transparencia independiente con capacidad sancionadora

Ciudadanos ha presentado este martes 268 enmiendas al proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participaci¨®n y Transparencia presentado por el PSOE en la Comunidad de Madrid. La propuesta fue aprobada en la Asamblea en abril para su tramitaci¨®n parlamentaria, contexto en el que se enmarcan las alegaciones de la formaci¨®n de Albert Rivera. El grupo que lidera en Madrid Ignacio Aguado propone que el Consejo de Transparencia con capacidad sancionadora que la norma pretende crear no dependa de la Comunidad, sino que sea independiente y tenga capacidad jur¨ªdica propia. Dicho consejo se encargar¨ªa de fiscalizar el cumplimiento de publicar la informaci¨®n. Adem¨¢s de al Gobierno regional, el ente obligar¨ªa a todos sus organismos, universidades y Ayuntamientos a adecuarse a la ley.

La nueva normativa, cuya entrada en vigor est¨¢ prevista para el 1 de enero de 2017, recoger¨¢ los contenidos que la Administraci¨®n est¨¢ obligada a hacer p¨²blicos a trav¨¦s del Portal de Transparencia. La p¨¢gina incluir¨¢ informaci¨®n (siempre que no se trate de datos personales protegidos) sobre altos cargos, normativa jur¨ªdica, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos generales, patrimonio e informaci¨®n estad¨ªstica, entre otros. Uno de los objetivos de Ciudadanos con las enmiendas presentadas (y que ahora deber¨¢n ser estudiadas en la comisi¨®n que preside el consejero de Presidencia, ?ngel Garrido), es garantizar el derecho a la informaci¨®n de los ciudadanos, permitiendo el acceso a la documentaci¨®n publicada en formato abierto y editable.?

Las enmiendas introducidas por Ciudadanos a la Ley de Transparencia est¨¢n en la l¨ªnea de lo defendido por las principales asociaciones especializadas en esta materia, as¨ª como con la regulaci¨®n existente en Europa sobre transparencia y buen gobierno, sostienen desde la formaci¨®n naranja.

Ciudadanos tambi¨¦n aboga porque esta ley regule la relaci¨®n entre los poderes p¨²blicos y los grupos de inter¨¦s, de forma que se garantice una mayor transparencia de la participaci¨®n ciudadana en la toma de decisiones, ya que otro de los puntos que prev¨¦ el proyecto de los socialistas trata de regular la actividad de los grupos de presi¨®n, los llamados lobbies. La propuesta inicial es hacerlo con la creaci¨®n de un registro p¨²blico de grupos de inter¨¦s en el que se podr¨¢n inscribir, de forma obligatoria personas y organizaciones con capacidad para influir en la elaboraci¨®n y las pol¨ªticas p¨²blicas de la Administraci¨®n regional.

Los partidos pol¨ªticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las entidades privadas que perciban subvenciones p¨²blicas de m¨¢s de 50.000 euros en un a?o, o el 30% o m¨¢s de sus ingresos anuales, tambi¨¦n estar¨¢n reguladas por esta nueva ley. La denegaci¨®n de la informaci¨®n o su no contestaci¨®n podr¨¢ recurrirse directamente ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Regiones sin Ley de Transparencia

La mayor¨ªa de las comunidades aut¨®nomas espa?olas ya disponen de normas propias sobre transparencia. Carecen de ella Asturias, Euskadi, Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria (se tramita en este momento) y Madrid. El parlamentario y senador socialista Jos¨¦ Cepeda record¨® en marzo, que Madrid era una de las regiones m¨¢s castigadas por los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n. Lo hizo despu¨¦s de que el Consejo de Gobierno que preside Cristina Cifuentes (PP) rechazara tramitar la Ley de Transparencia presentada por los socialistas en la Asamblea.

Para ello, argument¨® que no exist¨ªa una partida presupuestaria asignada a tal finalidad en las cuentas de 2016. Luego, fue la Mesa de la Asamblea, en la que est¨¢n representados todos los grupos pol¨ªticos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), quien recuper¨® el proyecto de ley para tramitarlo. No obstante, cuando rechaz¨® la propuesta socialista, el equipo de Cifuentes ya preparaba su propia norma de Gobierno Abierto.