Iguales, pero menos

La extraordinaria sensibilidad social del gobierno de Mariano Rajoy volvi¨® a quedar de manifiesto hace unas semanas cuando recurri¨® ante el Tribunal Constitucional una ley del Parlament de Catalu?a aprobada por unanimidad como resultado de una Iniciativa Legislativa Popular que pretend¨ªa aportar soluciones al tremendo problema de los desahucios y de la pobreza energ¨¦tica. Una vez m¨¢s, el gobierno en funciones ampar¨® su actuaci¨®n en la obligaci¨®n de garantizar la igualdad entre todos los espa?oles. En la pobreza y el sufrimiento, cabe suponer.

En realidad, detr¨¢s del recurso se esconde tanto una cuesti¨®n de competencias como, y esto es lo m¨¢s relevante, la defensa de los intereses de las compa?¨ªas energ¨¦ticas y de las grandes corporaciones (bancarias, mayormente) poseedoras de las viviendas vac¨ªas sobre las que la ley podr¨ªa actuar para conformar un parque de viviendas de alquiler social. Que eso se pretenda hacer pasar por una actuaci¨®n en defensa de la igualdad de los espa?oles es un sarcasmo que merecer¨ªa un severo reproche electoral el pr¨®ximo 26 de junio.

La cantinela de la igualdad es moneda corriente en las decisiones del gobierno para hacer frente a la actuaci¨®n de los gobiernos aut¨®nomos que no son de su cuerda. Contra lo que por aqu¨ª se ha encargado de reiterar la asociaci¨®n nacional de propagandistas, este ¨²ltimo recurso ante el Constitucional no es un episodio m¨¢s del interminable acoso del Estado contra los catalanes, sino de la guerra abierta de un gobierno reaccionario y al servicio de los poderosos contra las clases populares de toda Espa?a. Y es que recursos paralizantes del mismo tipo se han presentado contra leyes antidesahucios emanadas de otros parlamentos como el andaluz, el canario o el navarro, por ejemplo.

Es curioso, sin embargo, c¨®mo otras flagrantes desigualdades entre los espa?oles al gobierno le traen sin cuidado. De hecho, no pocas veces ¨¦l mismo se encarga de generarlas. Un ejemplo sangrante es el de las tasas universitarias, que en 2012 el ministro Wert permiti¨® aumentar a las comunidades aut¨®nomas dentro de una amplia horquilla. Los diferentes gobiernos han hecho un uso muy variado de esa capacidad dando lugar a una aberrante desigualdad de los j¨®venes espa?oles en su derecho al acceso a la ense?anza universitaria.

En Catalu?a no hemos salido demasiado bien parados de esa experiencia. Hoy, la matr¨ªcula de los estudios de grado y m¨¢ster en las universidades catalanas est¨¢ entre las m¨¢s caras de Espa?a y puede ser el doble (o m¨¢s) que en otras comunidades aut¨®nomas. Muy significativamente, al gobierno del Partido Popular esta desigualdad le importa poco, ocupado como est¨¢ con temas de tanta trascendencia social como la exhibici¨®n de esteladas en los campos de f¨²tbol.

El precio de las matr¨ªculas universitarias ven¨ªa aumentando en toda Espa?a por encima del IPC desde principios del nuevo milenio, pero con el conocido como decreto Wert su crecimiento se hizo exponencial. En aquel momento, el Gobierno catal¨¢n opt¨® por situarse en la parte alta de la horquilla de precios, lo que supuso un aumento de las tasas del 66,7% en el curso 2012-2013. Y ah¨ª seguimos.

El resultado ha sido la exclusi¨®n de la ense?anza universitaria de miles de j¨®venes que no se pueden permitir pagar su coste. Seg¨²n el Informe social 2014 de la Fundaci¨®n Rafael Campalans, que toma sus cifras de las ofrecidas por la propia Generalitat, entre 2011 y 2014 la preinscripci¨®n universitaria descendi¨® un 10,7%, mientras que la ca¨ªda demogr¨¢fica en la franja de edad de los j¨®venes que inician sus estudios universitarios fue solo del 5%.

Cosas de la crisis, pensar¨¢n algunos. O de la asfixia financiera a la que nos somete el Estado espa?ol, dir¨¢n otros (muchas veces, los mismos). Algo hay de verdad en esas afirmaciones, sobre todo por la forma en que el gobierno central ha decidido trasladar a las comunidades aut¨®nomas la parte m¨¢s dura del ajuste econ¨®mico. Pero m¨¢s cierto es, en mi opini¨®n, que estamos ante una cuesti¨®n de prioridades y de modelo socio-econ¨®mico y, en este caso, universitario.

Recientemente, el Parlament ha aprobado una moci¨®n que insta al Govern a bajar las tasas universitarias un 30% para el curso 2016-2017. Ahora no se trata de desobedecer (o no) al Tribunal Constitucional, sino de no hacerlo con nuestro propio parlamento. Si es que realmente nos lo tomamos en serio.

Francisco Morente es profesor de Historia Contempor¨¢nea en la UAB.