El juez archiva el ¡®caso Beb¨¦¡¯

Con un auto de tan solo ocho folios en los que apenas pasa de puntillas por tres de los casos investigados, Sergio Ordu?a, titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo, liquida la investigaci¨®n de una de las m¨¢s delicadas y dolorosas causas que han salido a la luz en los ¨²ltimos a?os en Galicia. Es la popularmente conocida como Operaci¨®n Beb¨¦, que indagaba presuntas retiradas irregulares de ni?os, en pleno siglo XXI, a familias por lo general con escasos recursos y pocos medios para defenderse ante la maquinaria administrativa.

Se cumplen m¨¢s de seis a?os de diligencias, desde 2010, que fueron impulsadas primero por la anterior responsable del juzgado, Estela San Jos¨¦, y pasaron despu¨¦s con largos periodos de estancamiento por las manos de otros dos magistrados, acumulando una docena de ramos (uno por cada familia afectada), una veintena de imputados (entre funcionarios de la Xunta y monjas de un hogar para madres desamparadas) y casi la misma cantidad de criaturas que durante este tiempo han seguido creciendo ajenas a todo en el seno de familias acogedoras mientras se formalizaba su adopci¨®n. A pesar de que la Audiencia, recientemente, le oblig¨® a reabrir un ramo que hab¨ªa archivado al apreciar esta "indicios de delito", Ordu?a da ahora carpetazo en bloque a la causa acordando el sobreseimiento libre porque en los hechos no ve rastro de il¨ªcito penal. Y adem¨¢s insiste varias veces en que algunos de esos supuestos delitos denunciados por los abogados de oficio que han estado detr¨¢s de cada avance que experimentaba la investigaci¨®n en estos a?os ya estar¨ªan prescritos a estas alturas.

El juez concuerda con el criterio de la fiscal¨ªa, que a lo largo del tiempo ha ido impugnando esos recursos presentados por parte de los letrados de las familias que fueron los que mantuvieron vivo el caso Beb¨¦ durante a?os. "No ha lugar a la ampliaci¨®n del plazo de la instrucci¨®n ni a la consideraci¨®n de la causa como compleja", zanja el instructor en su escueto auto del pasado d¨ªa 26, porque seg¨²n su criterio no hay delito perceptible.

Varios de los abogados que defienden los intereses de estas madres y padres que reclaman el regreso a casa de los que siguen sintiendo como sus peque?os aseguraban ayer lunes por la tarde que preparan ya los recursos ante la Audiencia Provincial, la instancia judicial que hasta ahora les ha venido dando muchas veces la raz¨®n. Seg¨²n explica una de estas letradas de oficio, el C¨®digo Penal recoge que el plazo de prescripci¨®n de delitos relacionados con la sustracci¨®n de menores "empieza a contar desde el momento en que el sujeto cumple la mayor¨ªa de edad", algo que no se ha producido entre los cr¨ªos que protagonizan las desgarradoras p¨¢ginas de este sumario.

Si la instrucci¨®n se compone de 12 partes (cada una referida a una de las familias que denunciaron la retirada irregular de sus ni?os por parte del servicio de Menores de la Xunta), seg¨²n recuerda esta abogada, despu¨¦s de seis a?os se archiva el caso sin haber pasado a declarar por el juzgado m¨¢s que las personas involucradas "en cuatro de estos ramos". Y en su auto el juez no cita, m¨¢s que de pasada, tres de los casos. No aprecia, por ejemplo, que sufriera ning¨²n tipo de coacci¨®n una madre exprostituta, ahora parapl¨¦jica, que entreg¨® a su ni?a y d¨ªas despu¨¦s el sufrimiento le hizo arrojarse desde un sexto piso. Y niega cualquier atisbo de maltrato a menores en el hogar de las religiosas, a las que la juez Estela San Jos¨¦ incaut¨® una serie de libretas que revelan la abundante medicaci¨®n que se les suministraba a los ni?os acogidos. Entre estos f¨¢rmacos hay ansiol¨ªticos, y las responsables del centro declararon que los beb¨¦s tomaban las medicinas por prescripci¨®n facultativa; no obstante, los abogados comentan que no han podido encontrar en los papeles intervenidos "ning¨²n documento m¨¦dico que lo corrobore". La documentaci¨®n requisada en el hogar religioso y otros informes recogidos entre las diligencias permanecieron ocultos m¨¢s de dos a?os despu¨¦s de que se levantara el secreto de sumario y su contenido solo se conoci¨® recientemente.

Por ¨²ltimo, el juez tambi¨¦n hace referencia a la historia de un padre que cuando su esposa dio a luz ten¨ªa orden de alejamiento respecto de ella y no se le pidi¨® algo supuestamente imprescindible, su consentimiento para la adopci¨®n. Fue la parturienta, ya convaleciente tras la ces¨¢rea (seg¨²n un testigo, con la voluntad mermada por tres Valium 10) la que firm¨® a pesar de que hab¨ªa manifestado durante el embarazo cu¨¢nto deseaba a ese ni?o y de que ya le hab¨ªa comprado la ropa y la cuna. Un celador del hospital asegur¨® que el d¨ªa que rubric¨®, y tras ingerir los ansiol¨ªticos hipn¨®ticos, la mujer parec¨ªa "un zombi"; tanto, que "habr¨ªa firmado la muerte de Carrero Blanco".

La juez que dio forma a la investigaci¨®n, antes de inhibirse por amistad con una de las abogadas denunciantes, orden¨® en mayo de 2010 el registro del Servizo de Menores de la Xunta en Lugo y luego el de la residencia de monjas. Estela San Jos¨¦ hablaba en un auto de aquella fecha de ¡°graves irregularidades¡± que ¡°podr¨ªan llegar a ser consideradas como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricaci¨®n, por parte de funcionarios p¨²blicos¡±. M¨¢s adelante explicaba que ¡°en la tramitaci¨®n referente a procedimientos de acogida, preadopci¨®n y adopci¨®n¡± hab¨ªa expedientes de la Xunta que citaban otros documentos ¡°cuyo contenido no es el que aluden¡±. ¡°Hablan de informes m¨¦dicos negativos que, en realidad, tienen un car¨¢cter positivo¡± y ¡°se toman decisiones¡± bas¨¢ndose en ¡°otros informes m¨¦dicos que no existen¡±, refer¨ªa la anterior magistrada de Instrucci¨®n n¨²mero 3.

Sergio Ordu?a, sin embargo, no est¨¢ de acuerdo con esto ni con otros argumentos que esgrimen los representantes legales de las familias despojadas de sus ni?os. Ellos siguen defiendiendo que en Lugo, en este siglo, se han producido retiradas de beb¨¦s apoyadas en "apreciaciones subjetivas" de los funcionarios sobre la calidad de vida que les podr¨ªan dar sus padres biol¨®gicos; que no se cumplieron todos los tr¨¢mites legales; y que mientras unos informes brillan por su ausencia otros que s¨ª existen est¨¢n bajo sospecha. El magistrado, por su parte, concluye que "no puede considerarse que los diferentes t¨¦cnicos, psic¨®logos o trabajadores sociales del Servizo de Menores que han venido declarado en condici¨®n de investigados en autos hayan podido cometer un delito de falsedad documental en base a posibles aseveraciones contenidas en sus informes". Unos informes que, recuerda, "no eran vinculantes".

"Si se trata de considerar que el hecho de que un trabajador pueda escribir en un informe que un menor est¨¢ mal atendido o bien atendido, que una vivienda re¨²ne o no condiciones adecuadas no es sino emisi¨®n de juicios de valor que por su propia consideraci¨®n como tales emisiones de opini¨®n en modo alguno pueden ser constitutivas de una falsedad", sigue argumentando Ordu?a, "se trata de una opini¨®n profesional en base a sus conocimientos o experiencia sin que pueda considerarse ello faltar a la verdad".

Pero los representantes de las familias avisan que recurrir¨¢n hasta que ya no les quede opci¨®n, y critican que el juez siga punto por punto los argumentos de una fiscal¨ªa que "ni asisti¨® a la toma de declaraciones". Con el auto, los investigados dejan, de momento, de estarlo. Y en el tintero "quedan pruebas sin practicar, incluso aquellas que reclamaba la propia Audiencia", protesta la abogada de una madre que perdi¨® todo rastro de los dos m¨¢s peque?os de sus cuatro hijos.

El auto no cita episodios tan dram¨¢ticos como el de la madre argelina que aseguraba no entender espa?ol cuando firm¨® los papeles de la Xunta o el de aquella otra que denunci¨® amenazas de un "hombre ruso" para entregar a su ni?o. Su ¨²ltima p¨¢gina acaba sin dar respuesta a muchas de las grandes cuestiones del caso Beb¨¦, que con el sobreseimiento quedan en el aire.