Piden el ingreso en la c¨¢rcel para los hermanos Bustos y Dani Fern¨¢ndez
Los condenados han pedido la suspensi¨®n de la condena por tr¨¢fico de influencias al TSJC, pero la acusaci¨®n popular lo rechaza

El exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, su hermano, Francisco Bustos, y el exsecretario de Organizaci¨®n del PSC y exdiputado del Parlament, Daniel Fern¨¢ndez, han pedido al Tribunal Superior de Just¨ªcia de Catalunya (TSJC) la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de pena de prisi¨®n en referencia a la pieza 5 --tr¨¢fico de influencias en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac-- del caso Mercurio.
As¨ª lo ha anunciado este lunes en un comunicado la plataforma Sabadell Lliure de Corrupci¨® --la acusaci¨®n popular-- despu¨¦s de que se hayan cumplido los plazos para recurrir la sentencia del TSJC, que dictamin¨® para los tres un a?o y cuatro meses de c¨¢rcel, una multa de 60.000 euros y la inhabilitaci¨®n especial para la ocupaci¨®n o cargo p¨²blico electo por un plazo de cuatro a?os, seis meses y un d¨ªa, como autores responsables de un delito de tr¨¢fico de influencias. Han alegado "no tener antecedentes penales y la necesidad de prevenir de los efectos nocivos que supone el contacto con la prisi¨®n, a efectos de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n", as¨ª como fraccionar el pago de las multas, alegando su situaci¨®n econ¨®mica.
La interlocutoria del TSJC dispone que se proceda a la ejecuci¨®n de la sentencia y la plataforma ha solicitado la denegaci¨®n de la suspensi¨®n de pena de prisi¨®n argumentando que "no es un derecho del acusado sino una facultad discrecional del tribunal sancionador, en funci¨®n de la naturaleza de los delitos".
Asimismo, Sabadell Lliure de Corrupci¨® ha indicado que las penas de c¨¢rcel "tienen una vocaci¨®n preventiva negativa dirigida a atemorizar a esas personas que podr¨ªan cometer conductas como las condenadas" as¨ª como otra dirigida a aquellas personas y cargos p¨²blicos, para que ajusten sus actuaciones a criterios pol¨ªticos basados en la ¨¦tica y el cumplimiento de la legalidad.
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