Las entidades ven a la Generalitat ¡°impotente¡± ante las suministradoras
La Agencia de Consumo ha puesto 18 multas a empresas que hacen cortes a familias vulnerables
Entidades sociales, ayuntamientos, Generalitat, bancos y empresas suministradoras se reunieron ayer en la mesa de emergencia social promovida por el Govern. Un encuentro en el que la Generalitat mostr¨® sus planes para sustituir la parte suspendida de la ley antidesahucios y contra la pobreza energ¨¦tica pero que, de acuerdo con las entidades y los sindicatos, tambi¨¦n evidenci¨® la ¡°impotencia¡± del Gobierno catal¨¢n a la hora de hacer cumplir lo relacionado con los cortes a las familias vulnerables.
El Departamento de Gobernaci¨®n lleva la batuta de la redacci¨®n de la ley que suplir¨¢ la recurrida por el PP. El presidente Carles Puigdemont puso un mes como l¨ªmite para redactar la norma, pero miembros del Govern reconocen que se demorar¨¢ m¨¢s.
La f¨®rmula, que las partes aceptan que no es sencilla, pasa por darle peso a los ayuntamientos, que a su vez piden m¨¢s seguridad jur¨ªdica. Se triplicar¨¢ el n¨²mero de municipios (ahora 72) que podr¨¢n comprar vivienda gracias al derecho de tanteo y retracto. Endesa tambi¨¦n agilizar¨¢ la conexi¨®n de las familias realojadas en pisos p¨²blicos.
18 multas por cortes
¡°Una reuni¨®n en la que hablan 55 personas no es operativa¡±, critic¨® Enriqueta Dur¨¢n, representante de UGT. Las entidades ven positivo que se trabaje en la nueva norma pero piden aplicar los art¨ªculos vigentes. Tras 10 meses de vigencia de la norma, no se han cerrado los convenios con las suministradoras a los que hace referencia la ley. ¡°No hay valent¨ªa a la hora de hacerla cumplir¡±, dijo Mar¨ªa Campuzano, de la Plataforma contra la pobreza energ¨¦tica.
El hecho de que los representantes de los bancos y de las suministradoras no hicieran uso de la palabra molest¨® especialmente a las entidades. ¡°Nos gustar¨ªa saber qu¨¦ opinan¡±, dijo Teresa Berm¨²dez, representante de C¨¢ritas. Las empresas aseguran que hay conversaciones ¡°discretas¡± y defienden que a nadie se le corta el servicio si tiene el certificado de vulnerabilidad. La Agencia de Consumo explic¨® que ha impuesto 18 multas por cortes indebidos. Cada una es de 10.000 euros.
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