Juicio a ocho directivos por tolerar el desfalco de las cajas de ahorros
Los banqueros autorizaron pagos de m¨¢s de seis millones por trabajos inexistentes en once operaciones inmobiliarias
La gesti¨®n de cinco cajas de ahorros ¡ªTerrassa, Laietana, Manlleu, Caja Navarra y Caja Espa?a¡ª durante el boom inmobiliario ser¨¢ sometida a juicio. Ocho directivos de esas entidades se sentar¨¢n en el banquillo por haber permitido que Cipsa, una empresa con la que desarrollaron proyectos inmobiliarios, se apropiara de m¨¢s de seis millones de euros de forma ilegal. Los banqueros, se?ala la juez en un auto al que ha tenido acceso EL PA?S, incumplieron sus obligaciones al ¡°conocer y autorizar¡± pagos a Cipsa por trabajos inexistentes.
La titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 18 de Barcelona ha dado por cerrada la instrucci¨®n del caso despu¨¦s de tres a?os. Los hechos se remontan al trienio 2005-2007, cuando los responsables de Cipsa ¡°convencieron¡± a los banqueros ¡°para invertir en operaciones inmobiliarias¡±, recoge el auto. Cipsa se encargaba de buscar edificios, inmuebles y solares de inter¨¦s. Las cajas, por su parte, aportaban la financiaci¨®n con la expectativa de que los futuros compradores de esas viviendas ¡°contratar¨ªan hipotecas¡± con ellas. Para realizar las operaciones, crearon cinco empresas mixtas que, en la pr¨¢ctica, estaban controladas por los responsables de Cipsa; por encima de ellos, el imputado Carlos Fern¨¢ndez.
La investigaci¨®n se centra en 11 operaciones inmobiliarias en las localidades de Barcelona, Castelldefels, Molins de Rei, Vic, Girona, Matar¨®, Terrassa, Sabadell y Vilafranca. Con el dinero aportado por las cajas de ahorros ¡ªque tras la crisis se fusionaron o acabaron integradas en bancos m¨¢s grandes¡ª, las empresas mixtas pagaron m¨¢s de 113 millones de euros por la adquisici¨®n de edificios y terrenos. Gracias al control absoluto sobre los consejos de administraci¨®n, los jefes de Cipsa cargaron a las empresas mixtas multitud de gastos por trabajos ficticios, concluye la magistrada. Adem¨¢s de las facturas por ¡°conceptos no reales¡±, otras se ¡°incrementaban¡±, lo que produjo un perjuicio millonario a las entidades financieras. Y un beneficio equivalente a las arcas de Fern¨¢ndez, sus socios y familiares, seg¨²n concluye la investigaci¨®n.
En julio de 2005, Promou (participada por Caixa Terrassa) compr¨® un edificio en Castelldefels por 5,4 millones. La empresa pag¨® a Cipsa 820.000 euros por trabajos ¡ªestudios geot¨¦cnicos y de arquitectura, retirada de uralita, comercializaci¨®n¡ª que no se llevaron a cabo. Los ejemplos se reproducen en todas las operaciones analizadas. En 2006, San Marcos (de Caja Espa?a) adquiri¨® dos fincas en Sabadell por 10,5 millones. M¨¢s de medio mill¨®n de euros fueron pagados a Interxaco por una intermediaci¨®n que, sin embargo, ni la propia empresa reconoce haber hecho.
Obligados a vigilar
En una resoluci¨®n contundente, la juez recuerda a los directivos imputados que ¡°ten¨ªan una especial obligaci¨®n de vigilancia¡± y de ¡°comprobar la realidad de los servicios cuyos pagos autorizaron¡±. En sus declaraciones como imputados, los banqueros hab¨ªan alegado que no revisaban las facturas ni estaban obligados a hacerlo. Y apuntaron a los ¨®rganos centrales de sus cajas. La juez rechaza ese argumento (¡°no es de recibo¡±, dice) y recuerda ¡°lo que estas entidades dedicadas a fomentar el ahorro representaban en aquel tiempo en el ¨¢mbito social¡±.
¡°Fue una ¨¦poca de alegr¨ªa en el mercado inmobiliario, cuyas devastadoras consecuencias obligaron al rescate con fondos p¨²blicos de muchas de estas entidades¡±, reprocha la juez. Esa ¡°alegr¨ªa¡±, agrega, ¡°no les exim¨ªa de velar por los fondos de las entidades¡±. Los directivos no pueden ¡°derivar la responsabilidad hacia lo alto¡± porque ¡°estaban en primera l¨ªnea de las operaciones¡±. Las cajas podr¨ªan haberse ahorrado grandes cantidades que se destinaron ¡°a pagar a terceros comisiones en negro¡± por ¡°trabajos tan carentes de sentido como el presentar una persona a otra¡±.
La juez no ha admitido las diligencias de investigaci¨®n solicitadas por el abogado de Fern¨¢ndez, Manuel Troyano, que ha recurrido el auto. La Fiscal¨ªa presentar¨¢ su escrito de acusaci¨®n para los ocho directivos, los tres responsables de Cipsa y otras 14 personas que se prestaron a formar parte de empresas instrumentales para emitir facturas falsas a Cipsa.
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