La fiscal¨ªa evita pedir c¨¢rcel para Artur Mas por la consulta del 9-N

La Fiscal¨ªa no pedir¨¢ penas de c¨¢rcel para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese al veto del Tribunal Constitucional. El ministerio p¨²blico ha llegado a la convicci¨®n de que no hay indicios suficientes para acusar a Mas de un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, el ¨²nico de los que se investigan en la causa por el 9-N que conlleva penas de c¨¢rcel.

As¨ª lo han reflejado los fiscales del caso, Francisco Ba?eres y Emilio S¨¢nchez Ulled, en un escrito en el que piden que se desestimen los recursos presentados por Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Ense?anza Irene Rigau contra el auto que dio por finalizada la instrucci¨®n. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) aprecia indicios de desobediencia y prevaricaci¨®n en la conducta de los tres excargos p¨²blicos.

Mas y sus consejeras "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue as¨ª", se?ala el escrito del fiscal. En ese sentido, asegura que la instrucci¨®n ha demostrado que la preparaci¨®n de la consulta se intensific¨® tras la suspensi¨®n por parte del Tribunal Constitucional: "Sin los medios de la administraci¨®n auton¨®mica empleados antes pero tambi¨¦n y especialmente despu¨¦s de la suspensi¨®n cautelar" no hubiera podido celebrarse, apunta.

La fiscal¨ªa se?ala que la instrucci¨®n ha permitido "conocer el proceso de contrataci¨®n de todos los servicios relacionados con la organizaci¨®n" del 9-N.Y concluye que la mayor¨ªa de los gastos "fueron comprometidos con anterioridad a la suspensi¨®n" dictada por el Constitucional el 4 de noviembre, apenas cinco d¨ªas antes de la consulta. Esas contrataciones, por tanto, fueron "l¨ªcitas". Y aunque "deber¨ªa haberse suspendido la ejecuci¨®n" de los contratos cuando el CONstitucional se pronunci¨®, ello habr¨ªa originado "reclamaciones de los contratistas", por lo que es l¨®gico que la Generalitat optara por "pagar lo legalmente comprometido".

Los fiscales concluyen que "el resultado de la instrucci¨®n" ha generado "un margen de duda" sobre "la concurrencia de todos los elementos t¨ªpicos del delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos". ?se es el ¨²nico de los delitos investigados que conllevar¨ªa no solo penas de inhabilitaci¨®n, sino tambi¨¦n de prisi¨®n. Sobre la desobediencia, los fiscales se?alan que los acusados (con Mas a la cabeza)? "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos" de la resoluci¨®n del tribunal y aun as¨ª "decidieron no acatarla". Sobre la prevaricaci¨®n administrativa, considera que todos ellos "dejaron respectivamente de suspender oficialmente tanto la convocatoria que aquel [Mas] hab¨ªa efectuado como las decisiones administrativas concretas adoptadas para darle ejecuci¨®n".

En sus alegaciones, Mas, Ortega y Rigau recurrieron la decisi¨®n de dejarles a las puertas de ir a juicio al considerar que la causa tiene un "contenido marcadamente pol¨ªtico" y que ni desobedecieron ni prevaricaron. Por ello, solicitaron el archivo de la causa al entender que se atribuyen "responsabilidades criminales a los leg¨ªtimos representantes de un gobierno democr¨¢tico por su actuaci¨®n pol¨ªtica vehiculada de manera responsable, c¨ªvica y pac¨ªfica".

En su escrito de defensa, Artur Mas remarc¨® que la instrucci¨®n del caso demostr¨® que los tres acusados no s¨®lo no desobedecieron al TC ni prevaricaron, sino que el Govern interrumpi¨® efectivamente la organizaci¨®n y gesti¨®n de la consulta "sin hacer dejaci¨®n de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden p¨²blico, la seguridad de las personas, el derecho de informaci¨®n de los ciudadanos y la gesti¨®n de los sistemas inform¨¢ticos p¨²blicos".