Este aparcamiento pudo frustrar un Gobierno

El hoy diputado en la Asamblea, anteriormente concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, al que pertenece La Florida, estuvo imputado durante varios meses hasta que, solo dos d¨ªas antes de las elecciones de 2015 a las que concurri¨® como n¨²mero siete de la lista del PP, los demandantes retiraron la querella contra ¨¦l con la promesa, aseguran, de que el pol¨ªtico revisar¨ªa un informe municipal que daba carpetazo a la demolici¨®n. Ballar¨ªn ha declinado hacer cualquier comentario sobre este asunto.

Y todo por un aparcamiento construido en 2000 y que excede ¡°los par¨¢metros de la licencia concedida al construirse sobre rasante en espacio libre de parcela sin estar licenciado y sin guardar las distancias del retranqueo¡±, es decir, la separaci¨®n m¨ªnima que debe haber entre un edificio y el terreno de al lado, en este caso, una parcela de 400 metros cuadrados propiedad de una empresa familiar llamada Ciasa. As¨ª lo dice una sentencia de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba al Ayuntamiento a restaurar ¡°la legalidad urban¨ªstica¡±.

M¨¢s informaci¨®n

Ciudadanos no pactar¨¢ con el PP si lleva a Ballar¨ªn en su lista

El PP y Ciudadanos limitan en su pacto las causas de dimisi¨®n por corrupci¨®n

Sin embargo, han pasado otros nueve a?os y el conflicto sigue abierto. Los propietarios del edificio, Corporaci¨®n Financiera Alba, el brazo inversor del grupo Banca March, explican que lo compraron en 2001, que no tuvieron conocimiento del fallo de 2007 hasta dos a?os despu¨¦s y que entienden que ya lo han cumplido porque en 2012 tiraron una parte del forjado, varios pilares met¨¢licos y escaleras, adem¨¢s del acceso de peatones al s¨®tano. As¨ª lo certific¨® un informe municipal en 2014.

Todo el techo

Pero los due?os de la parcela afectada insisten en que no es as¨ª, que hay que tirar todo el forjado del techo del garaje subterr¨¢neo, que asoma por encima del suelo. Y el fallo judicial del pasado febrero anula aquel informe municipal y les vuelve a dar la raz¨®n en primera instancia. El Consistorio actual, gobernado por el equipo de Ahora Madrid que sucedi¨® el verano pasado al del PP, ha recurrido esta decisi¨®n porque sus servicios jur¨ªdicos consideran ¡°que todas las actuaciones del Ayuntamiento han cumplido con la legalidad¡±, dice una portavoz.

¡°Es una cuesti¨®n de justicia¡±, dice ?lvaro Garc¨ªa Luj¨¢n, consejero delegado de Ciasa. Explica que el aparcamiento deprecia su propiedad y asegura que durante 16 a?os han intentado llegar a un acuerdo ofreciendo tres soluciones como alternativas al derribo: que el Ayuntamiento les expropiara el terreno, que se lo permutara por otro o que les dejara construir en ¨¦l, lo cual requiere que el Consistorio cambie su actual calificaci¨®n, ya que est¨¢ inscrito como vial.

Un portavoz de Corporaci¨®n Alba asegura que cuando se reunieron con ellos el acuerdo ya era imposible, pues exist¨ªa aquella sentencia firme de 2007 que hab¨ªa que cumplir. En todo caso, llegados a este punto, a?ade Garc¨ªa Luj¨¢n, todo eso ha quedado atr¨¢s. ¡°Ya estoy harto de tanta tomadura de pelo; que se cumpla la sentencia y lo tiren¡±, dice.

Tambi¨¦n explica por qu¨¦ acab¨® poniendo una querella contra varios miembros del Ayuntamiento. Pese a que la primera sentencia fue firme a finales de 2007, no fue hasta 2010 cuando el Ayuntamiento firm¨® la orden para que se aplicara. Alg¨²n tiempo despu¨¦s, la Subdirecci¨®n General de la Edificaci¨®n del Ayuntamiento pregunt¨® a los servicios jur¨ªdicos si el cumplimiento del fallo deb¨ªa pasar ineludiblemente por la demolici¨®n o si bastar¨ªa con la aprobaci¨®n de un Estudio de Detalle (trabajo que define vol¨²menes edificables y se?ala alineaciones y rasantes). Los juristas contestaron en junio de 2011 diciendo que podr¨ªa servir, pero advirtieron:: ¡°La motivaci¨®n tendr¨ªa que ser especialmente exhaustiva, habida cuenta de la existencia de un pronunciamiento judicial que hay que ejecutar en sus estrictos t¨¦rminos, sin que sea admisible que el Estudio de Detalle se elabore con la finalidad de eludir dicho pronunciamiento¡±.

Informe pol¨¦mico

As¨ª, el siguiente cap¨ªtulo ya es ese informe municipal de junio de 2014 que daba por buenas las obras hechas por la due?a del edificio y archiv¨® el asunto. Y motiv¨®, de paso, que Ciasa se querellara por presunta prevaricaci¨®n, falsedad en documento p¨²blico y desobediencia contra el gerente de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca y dos t¨¦cnicos. La querella tambi¨¦n apunt¨® a ?lvaro Ballar¨ªn, concejal presidente del distrito de 2007 a 2015. La juez le imput¨® con los dem¨¢s en un procedimiento que coincidi¨® con la campa?a electoral a la que concurri¨® como n¨²mero siete del PP y para la que coordin¨® el programa de su partido.

Cifuentes insisti¨® durante la campa?a en que nadie en sus listas estaba imputado. No era as¨ª y le pudo costar la negociaci¨®n para conseguir el imprescindible apoyo de Ciudadanos para convertirse en presidenta. Pero en el ¨²ltimo momento Ciasa retir¨® la querella contra Ballar¨ªn. El 26 de mayo la magistrada acord¨® el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra ¨¦l. Ciudadanos apoy¨® y Cifuentes fue presidenta. La defensa de Ballar¨ªn siempre mantuvo que ¨¦l no intervino en la orden de demolici¨®n, ni siquiera ten¨ªa conocimiento de la misma, ni en el archivo del expediente, firmados ambos por el ada tuvo que ver ni con la orden de demolici¨®n, pues fue el gerente del distrito quien firm¨® ambos documentos.

Ahora, el procedimiento contra el gerente y los t¨¦cnicos sigue adelante, y la parte contencioso administrativa se sigue alargando con el recurso del Ayuntamiento.?¡°Si la sentencia de apelaci¨®n confirmara la de primera instancia, el Ayuntamiento tendr¨ªa que dictar una nueva orden delimitando el alcance al que debe extenderse la demolici¨®n, lo que podr¨¢ ser objeto de nuevas impugnaciones si las partes consideran que la orden que se dicte no se adecua a la legalidad¡±, explica el portavoz de Alba.

Mientras, Garc¨ªa Luj¨¢n clama por que la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, intervenga ¡°para hacer cumplir la legalidad urban¨ªstica¡±.