La juez descubre otro fraude de un mill¨®n del exconsejero Blasco

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A Rafael Blasco se le amontonan los problemas judiciales. El exconsejero valenciano que cumple una condena de seis a?os en la c¨¢rcel de Picassent por malversar fondos de la ayuda a la cooperaci¨®n tiene un nuevo frente abierto de su ¨¦poca como consejero de Solidaridad y Ciudadan¨ªa. La juez que investiga el llamado caso Blasco ha detectado supuestos ama?os en siete contratos de inform¨¢tica adjudicados por su departamento en los a?os 2008, 2009, 2010 y 2011 por importe de m¨¢s de un mill¨®n de euros, seg¨²n ha informado este viernes el Tribunal Superior valenciano.

La magistrada Nieves Molina ha remitido el asunto al decanato de los Juzgados de Valencia para que sea repartido por turno, al considerar que se trata de delitos ajenos a los que ella investiga, y que hacen referencia a la concesi¨®n de ayudas a la cooperaci¨®n al desarrollo entre 2009 y 2011.

La juez aprecia en un auto los posibles delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en los contratos adjudicados a tres empresas, Fujitsu Espa?a Service, Comteldat e Ibaerm¨¢tica, que habr¨ªan sido en realidad meras intermediarias de las sociedades que acababan haciendo los trabajos y recibiendo el dinero.

Al frente de estas ¨²ltimas se hallaba Augusto C¨¦sar Tauroni, tambi¨¦n en prisi¨®n por apropiarse de fondos de ayudas a la cooperaci¨®n y considerado por la Fiscal¨ªa el m¨¢ximo cabecilla, junto a Blasco, de una trama que se extendi¨® durante a?os por los diversos departamentos que dirigi¨® el consejero en su etapa como dirigente del PP.

En las adjudicaciones de inform¨¢tica se produjo, presuntamente, "una clara vulneraci¨®n de los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que inspiran la contrataci¨®n p¨²blica, se?ala la juez. Los "indicios" descubiertos por la investigaci¨®n "llevan a inferir que con anterioridad a la iniciaci¨®n de los expedientes de contrataci¨®n ya estaba decidido y hablado de antemano que iban a ser las empresas de Tauroni las que ejecutaran los trabajos a trav¨¦s de terceras empresas interpuestas".

La investigaci¨®n ha descubierto que Tauroni firmaba los acuerdos de subcontrata con los futuros adjudicatarios antes de que se iniciaran los expedientes de contrataci¨®n.

Los trabajos eran asumidos por las empresas Dinamiz-e y S&C Visi¨®n y An¨¢lisis, que, o eran de Tauroni, o estaban dirigidas por alguno de sus considerados testaferros. Estas sociedades asum¨ªan por escrito que iban a ejecutar los servicios adjudicados por la consejer¨ªa en su totalidad.

Un extremo que implica un "claro incumplimiento" de la ley, la cual "proh¨ªbe la subcontrataci¨®n que exceda el 60% del importe de adjudicaci¨®n e impone la obligaci¨®n de comunicar a la Administraci¨®n de la misma", recuerda la juez.

El dinero que pagaba el departamento de Solidaridad no se aplicaba tampoco al objeto previsto en las adjudicaciones. Se destinaba a "pagar al equipo humano que Tauroni ten¨ªa en la consejer¨ªa dedicado al mantenimiento de determinados portales web", entre otras tareas.

La relaci¨®n entre Blasco y Tauroni se remonta, al menos, al a?o 1999, cuando el exconsejero adjudic¨® al empresario un contrato inform¨¢tico para el servicio valenciano de empleo, el Servef. Aquel programa inform¨¢tico se llam¨® Tauro.