Los estafados por el cierre de la paqueter¨ªa OGC reclaman 1,1 millones

Desde que estall¨® el caso, la Embajada de Ecuador en Espa?a ha prestado asesor¨ªa jur¨ªdica a sus compatriotas. La intenci¨®n era canalizar las denuncias y presentarlas de forma conjunta. ¡°Entendemos que debemos concurrir en beneficio de nuestra comunidad cuando sus derechos est¨¢n vulnerados, aunque sea un caso privado¡±, ha explicado Miguel Calahorrano, embajador en Espa?a durante una rueda de prensa. Ha estado acompa?ado por la viceministra ecuatoriana de Movilidad Humana, Esther Cuesta y la abogada Cynthia Favero. La jurista ha subrayado que la querella se entregar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas y que la Audiencia Nacional anunciar¨¢ en un plazo de uno a tres meses si la admite a tr¨¢mite. ¡°El objetivo no es solo que se castigue a los culpables, sino tambi¨¦n recuperar las pertenencias¡±. La semana pasada, la polic¨ªa entreg¨® 75 de los 79 paquetes que permanec¨ªan en una nave de Mallorca. En Madrid, los 3.231 bultos denunciados comenzar¨¢n a ser devueltos a partir del 7 de noviembre.

Los damnificados se organizaron en marzo a trav¨¦s de las redes sociales para recuperar sus pertenencias. Algunos de ellos hab¨ªan mandado a su pa¨ªs bienes por un valor superior a los 35.000 euros y tem¨ªan perder el fruto de a?os de trabajo. ¡°Es una inversi¨®n material y emocional¡±, ha matizado hoy la viceministra. Seg¨²n los c¨¢lculos de los afectados, se han registrado m¨¢s de 1.000 denuncias particulares por un supuesto delito de estafa, al que se podr¨ªa a?adir otro por evasi¨®n de impuestos en Ecuador (1.500 denuncias registradas all¨ª) ya que, supuestamente, OGC mandaba como menaje de hogar (desde 2009, exento de impuestos para migrados que deseen regresar al pa¨ªs) objetos que realmente no lo eran. En el pa¨ªs latinoamericano han sido detenidas 14 personas, entre ellas los dos propietarios de la empresa, que permanecen en prisi¨®n preventiva. Se les acusa de beneficiarse de las ventajas fiscales que Ecuador ofrec¨ªa a los emigrantes que retornaban de forma permanente.

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Meses de retraso

OGC cobraba 4,5 euros por cada kilo, siendo 30 la cantidad m¨ªnima que se admit¨ªa para mandar a Ecuador, el ¨²nico pa¨ªs al que se enviaban las remesas. Adem¨¢s, era obligatorio especificar que los objetos eran usados. Ese es el motivo por el que muchos afectados carecen de facturas para demostrar la propiedad de sus bienes. La investigaci¨®n entiende que el objetivo era evitar el pago de tasas de aduana. El compromiso de la empresa era entregar en mano los paquetes en un plazo de 90 d¨ªas, aunque algunos de los clientes acumulaban meses de retrasos en el momento de su cierre repentino.

Los problemas de la compa?¨ªa no acababan ah¨ª. Adem¨¢s, adeudaba los salarios de los ¨²ltimos tres meses a sus 90 empleados (una treintena en Madrid). Ellos fueron los que pusieron en alerta a sus compatriotas, aunque muchos clientes les acusan de complicidad. Sostienen que estos conoc¨ªan que las cuentas iban mal y sospechaba de los planes de sus superiores, que enviaron ofertas masivas a sus clientes los meses previos al cierre. Adem¨¢s de la sede central en Madrid, OGC ten¨ªa otras cuatro oficinas en Espa?a (Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat) y otra en Bruselas. Operaba tambi¨¦n en otros pa¨ªses europeos como Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Alemania, o Reino Unido.