Dos tercios de los servicios sociales recurren al fondo de pobreza energ¨¦tica

Un total de 31 municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes, 29 consejos comarcales y tres entidades mixtas se han acogido al plan de la Generalitat para amortizar la deuda correspondiente a 2015 de los pobres energ¨¦ticos con las empresas suministradoras. El Ejecutivo catal¨¢n da uso as¨ª a los 3,8 millones de euros que no hab¨ªa gastado del fondo que cre¨® para sufragar las facturas impagas. En resumen, ha participado un 65% de las unidades de servicios sociales que pod¨ªan optar a la ayuda.

El programa surgi¨® de un acuerdo firmado en julio pasado entre la Generalitat, la Federaci¨®n de Municipios de Catalu?a y la Asociaci¨®n Catalana de Municipios. La fecha l¨ªmite para que las entidades municipalistas se adhirieran venci¨® el pasado 15 de octubre pero la poca respuesta de los municipios llev¨® a que el Departamento de Empresa planteara alargar el plazo un mes m¨¢s. La pr¨®rroga finalmente no fue necesaria pues a ¨²ltima hora lleg¨® un alud de peticiones, seg¨²n confirm¨® ayer un portavoz de Empresa.

Los recursos provienen de lo que la Generalitat no gast¨® bajo su esquema anterior de ayuda contra la pobreza energ¨¦tica. Esta f¨®rmula fijaba que las empresas suministradoras pasaran al departamento de Empresa las facturas acumuladas de aquellas familias que ten¨ªan un informe de los servicios sociales b¨¢sicos certificando su vulnerabilidad y con el que imped¨ªan el corte. Solo se gastaron 1,1 millones de euros de la partida disponible, de cinco millones (el 22%).

Para evitar repetir este fracaso, el Ejecutivo catal¨¢n decidi¨® derivar a los municipios la gesti¨®n del fondo. Los servicios sociales b¨¢sicos est¨¢n divididos en 108 unidades que abarcan todo el territorio catal¨¢n. De ¨¦stas, 71 decidieron acogerse al acuerdo. Los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes tienen su estructura propia pero en los de menor poblaci¨®n se suele vehicular a trav¨¦s de los consejos comarcales. En el programa han participado el 70% de estas entidades, as¨ª como el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona o municipios como El Prat de Llobregat o Montcada, explicaron ayer fuentes cercanas al programa.

Mediante este acuerdo las entidades muncipalistas podr¨¢n recuperar las partidas propias que ya hab¨ªan destinado a pagar facturas o para pagar recibos a¨²n sin cancelar. El importe m¨¢ximo para cada ente era de 300.000 euros, si bien Empresa a¨²n no ha decidido cu¨¢nto dinero dar¨¢ a cada ayuntamiento o consejo comarcal. La Generalitat jam¨¢s ha especificado a cu¨¢nto asciende la deuda con las empresas, especialmente las el¨¦ctricas, ni cu¨¢ntas facturas tiene aun pendientes por cancelar.

Con esta ayuda, dijo en su d¨ªa la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, se esperaba poner ¡°el contador a cero¡± con las suministradoras. En julio, el consejero de Empresa, Jordi Baiget, explic¨® que se habia impedido el corte a 33.000 familias entre 2015 y 2016. La ley contra los desahucios y la pobreza energ¨¦tica plantea que se llegue a convenios con las empresas para que den ayudas a fondo perdido. Esos convenios, sin embargo, son solo voluntarios y no obligan a las suministradoras a dar m¨¢s dinero del que ya aportan en programas como el bono social. La Generalitat anunci¨® la semana pasada que dar¨¢ cinco millones adicionales para que los municipios atiendan los casos de pobreza energ¨¦tica de este verano, a trav¨¦s de las ayudas de urgencia de los servicios sociales b¨¢sicos.