Un pol¨¦mico principio de precauci¨®n

La muerte de una anciana de Reus a la que se le hab¨ªa cortado la electricidad pone de manifiesto las lagunas en la aplicaci¨®n, despliegue y cumplimiento de la ley contra la pobreza energ¨¦tica, la 24/2015. Esta norma tiene dos partes: una sobre desahucios ¡ªsuspendida por el Tribunal Constitucional¡ª y otra para ayudar a las personas sin medios que no pueden hacer frente a las facturas de suministros, en vigor.

Los art¨ªculos contra la pobreza energ¨¦tica incluyen el llamado principio de precauci¨®n que establece que, antes de cortar, la suministradora tiene que verificar con los servicios sociales correspondientes que el cliente no sea vulnerable. La Generalitat y las empresas nunca se han puesto de acuerdo sobre c¨®mo aplicarlo y cada compa?¨ªa ha hecho su propia lectura de ese concepto. La Agencia de Consumo intent¨® unificar criterios a trav¨¦s de un protocolo, publicado hace un a?o, y contra el que la Asociaci¨®n Espa?ola de la Industria El¨¦ctrica (Unesa) present¨® un contencioso administrativo a principios en octubre por considerar que sobrepasa el ¨¢mbito de la ley. El juez estim¨® el recurso pero no suspendi¨® el protocolo cautelarmente.

Gas Natural, la empresa que prestaba el servicio a la fallecida, explic¨® que tiene un canal de comunicaci¨®n con el Ayuntamiento de Reus. Gracias a ello, los servicios sociales comunican a la empresa los casos de vulnerabilidad. Gas Natural, por su parte, informa al Consistorio sobre las personas que hab¨ªan tenido problemas para podr¨ªan pagar. Ambas partes, en embargo, asegura que desconoc¨ªan el caso de la fallecida.

La suministradora, miembro de la patronal Unesa, enfatiz¨® ayer en una nota ¡°la necesidad de establecer un protocolo por el cual las compa?¨ªas informen a los servicios sociales de los casos de corte de suministro por impago¡±. Adem¨¢s, pide ¡°unificar¡± las legislaciones sobre el problema.

En el pleno contra la pobreza, se exigi¨® al Gobierno que hiciera el ¡°desplegamiento reglamentario¡± necesario para poner en marcha los art¨ªculos sobre pobreza energ¨¦tica. El Gobierno asegura que esta medida ¡°est¨¢ en curso¡±, si bien defiende el protocolo rechazado por Unesa y que nunca fue aprobado por el Consejo Ejecutivo. Este texto establece que la suministradora debe anunciar al cliente con impagos sobre sus derechos respecto a la ley 24/2015 en dos cartas. Si no hay respuesta, debe dirigirse al Ayuntamiento para determinar si se trata de un cliente vulnerable antes de cortar el servicio.

Las compa?¨ªas argumentan que verificar cada corte colapsar¨ªa los servicios sociales, adem¨¢s de dificultar el cobro de su cartera de clientes. Por ello, piden otro protocolo ¡°realista¡±.