Daniel Blake, en Reus

Rosa, la mujer de 81 a?os que hasta la madrugada del pasado lunes viv¨ªa en Reus, muri¨® v¨ªctima de la burocracia y la ley del m¨¢s fuerte. La situaci¨®n tiene cierto paralelismo con la que plantea el film de Ken Loach, Yo, Daniel Blake. La pel¨ªcula explica c¨®mo unos servicios p¨²blicos privatizados ¡ªesa entente cordial que inici¨® el thatcherismo y continu¨® el blairismo¡ª meten a un carpintero de Newcastle en un callej¨®n sin salida. Tanto en el caso ingl¨¦s como en el catal¨¢n, se evidencia c¨®mo la combinaci¨®n de un Estado del bienestar destazado y en retirada y un voraz y amoral mercado arruina y acaba con vidas.

Catalu?a tiene su ley de Pobreza Energ¨¦tica surgida de una iniciativa legislativa popular. El texto consta de dos partes: una suspendida por el Tribunal Constitucional y relativa a los desahucios y a la vivienda, y otra en vigor que tiene como objetivo ayudar a las personas que no pueden hacer frente a los recibos de agua, gas o electricidad. Aunque el relato soberanista argumenta que el Gobierno central impide con sus recursos al Constitucional que Catalu?a combata la pobreza energ¨¦tica, esa no es toda la verdad.

Estamos ante una conocida historia: la pol¨ªtica no dirige la econom¨ªa. Todo se complementa y encaja: el gigantismo de las grandes compa?¨ªas, la jibarizaci¨®n de lo p¨²blico y las c¨¦lebres puertas giratorias que tanto seducen a los pol¨ªticos retirados. En el colmo de la perversi¨®n, el el¨¦ctrico es un sector regulado. El Gobierno central es quien autoriza sobre el papel la subida de la factura de la luz, que en los ¨²ltimos 10 a?os ¡ªhasta 2015¡ª se ha incrementado en un 84%, seg¨²n afirma la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica.

Ante este panorama, no es de extra?ar que el Ejecutivo de la Generalitat se encoja y solo haya impuesto 18 multas desde que la ley entr¨® en vigor el a?o pasado: todas ellas por la cantidad m¨ªnima de 10.000 euros. En este pa¨ªs, un 10% de la poblaci¨®n tiene problemas para mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante el invierno. Hay una ley aprobada y en vigor para defenderlos, pero ayuntamientos y movimientos sociales ven temor reverencial a la hora de aplicarla. Consideran que desde la Generalitat se ha hecho escasa publicidad de los derechos que comporta para los ciudadanos.

Y es que el giro de la vieja Converg¨¨ncia para pasar de business friendly a casual leftly va a trompicones. Como dec¨ªa Mark Twain refiri¨¦ndose a Estados Unidos, en nuestro pa¨ªs poseemos tres dones divinos infinitamente preciosos, la libertad de expresi¨®n, la libertad de consciencia y la prudencia para no ejercer jam¨¢s ninguna de las dos. Por eso es destacable que el presidente Carles Puigdemont haya se?alado como culpable apuntado, con nombre y apellidos, a la empresa suministradora de la anciana fallecida en Reus: Gas Natural.

La tragedia de Rosa ha permitido conocer que la Generalitat no puede hacer cumplir la ley a pesar de las 25 reuniones que ha mantenido con las grandes compa?¨ªas el¨¦ctricas, al contrario de lo que ha sucedido con otro servicio fundamental como el agua. Desde Gas Natural se aduce que la ley no ha sido desarrollada con el reglamento previsto. Sin embargo, el pasado mes de octubre la Asociaci¨®n Espa?ola de la Industria El¨¦ctrica (Unesa) ¡ªque agrupa a las principales firmas del sector¡ª recurri¨® a los tribunales para impugnar el protocolo.

En cualquier caso, antes de proceder al corte del suministro por impago, la letra de la ley catalana obliga a las compa?¨ªas a comunicarlo a la Administraci¨®n. En el fondo del debate est¨¢ qui¨¦n se hace cargo de la factura, que se liquidar¨ªa con un 1,5% de los beneficios de Endesa, Gas Natural e Iberdrola.

Es cierto que las empresas suministradoras facilitan a trav¨¦s de sus p¨¢ginas web o telef¨®nicamente bonos para ayudar a los clientes que se encuentren en situaci¨®n de pobreza, pero el acceso para los posibles beneficiarios de esas medidas no es f¨¢cil por razones culturales: requiere moverse con soltura en la red. En cambio, cualquier beneficiario de un bono lo pierde autom¨¢ticamente si ¨¦l mismo o alguien de su unidad familiar accede a un contrato, aunque apenas supere el centenar de euros mensuales. En el caso de la anciana de Reus, Gas Natural desconoc¨ªa ¡ªafirma¡ª su situaci¨®n de vulnerabilidad. Rosa muri¨® en silencio. La pobreza la mat¨® sin que las alarmas, esta vez, despertaran a nadie.