Barcelona amenaza a las el¨¦ctricas con no pagar las facturas de los pobres energ¨¦ticos

Ultim¨¢tum del Ayuntamiento de Barcelona a las compa?¨ªas el¨¦ctricas. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, anunci¨® ayer que si las empresas no firman los convenios de colaboraci¨®n establecidos en la ley catalana contra la pobreza energ¨¦tica, la 24/2015, dejar¨¢ de pagar las facturas de las familias que tienen un informe de vulnerabilidad que les garantiza que no se les corte el suministro. El Consistorio pretende forzar as¨ª a las empresas para que dediquen parte de sus millonarios beneficios a pagar, al menos, la mitad del coste de los recibos de los pobres energ¨¦ticos.

El a?o pasado el Ayuntamiento destin¨® 800.000 euros de dinero p¨²blico para pagar esas facturas pendientes a las el¨¦ctricas. ¡°Las compa?¨ªas deber¨ªan hacerse responsables de al menos el 50% de lo que cuesta la pobreza energ¨¦tica a la ciudad, incluyendo los programas de auditor¨ªas energ¨¦ticas que se hacen en los domicilios¡±, consider¨® Ortiz. Ser¨ªan unos tres millones de euros.

La exigencia del Ayuntamiento llega el mismo d¨ªa en el que se reunir¨¢ con las empresas para intentar cerrar los convenios. La ley 24/2105 establece que las Administraciones deben establecer acuerdos con las suministradoras para garantizar que se den ayudas a ¡°fondo perdido¡± a las familias vulnerables o que se les ¡°apliquen descuentos muy notables¡±. Las el¨¦ctricas siempre han defendido que ya colaboran a trav¨¦s del bono social ¡ª200 millones de euros cada a?o¡ª y que un acuerdo es un asunto de voluntad de ambas partes, por lo cual no hay ning¨²n tipo de obligatoriedad.

Ortiz explic¨® que si finalmente decidieran no pagar la factura de los pobres energ¨¦ticos el suministro de los hogares vulnerables no estar¨ªa en riesgo ya que la ley proh¨ªbe el corte si hay un informe de servicios sociales. Queda en el aire qu¨¦ pasar¨ªa con la deuda que se acumulara, aunque desde el Consistorio sostienen que la deuda se mantendr¨ªa ¡°en suspenso¡± hasta llegar a un acuerdo con las empresas.

Ortiz tambi¨¦n anunci¨® ayer que extender¨¢ el servicio de auditor¨ªas energ¨¦ticas a todos los distritos de la ciudad. El programa super¨® con ¨¦xito una prueba piloto en la que se evalu¨® la situaci¨®n de 3.100 hogares de los distritos menos favorecidos socialmente y cuyos participantes fueron remitidos por los servicios sociales. Seg¨²n la memoria del programa, s¨®lo el 17,3% de las familias ten¨ªa el bono social, si bien, dos tercios de los beneficiarios podr¨ªan pedir la ayuda. De media, los hogares arrastraban deudas por 348 euros.

Sin bono social

Ya en el mandato de Xavier Trias el Ayuntamiento firm¨® convenios con las empresas suministradoras para mejorar la gesti¨®n del pago de las facturas de los pobres energ¨¦ticos y canalizar las peticiones de los servicios sociales. Ortiz cree que, con la nueva ley en la mano, es necesario revisar estos acuerdos para incorporar aspectos como la colaboraci¨®n econ¨®mica que cree deber¨ªan tener las empresas o qu¨¦ hacer en caso de situaciones anormales, como las familias que pinchan la luz. ¡°O forman parte de la soluci¨®n o la deuda de las familias estar¨¢ en el tejado de las compa?¨ªas¡±, dijo Ortiz.

La Generalitat lleva a?os intentando negociar con las el¨¦ctricas para que dediquen parte de sus recursos a pagar la factura de los pobres energ¨¦ticos. Los resultados siempre han sido infructuosos, el Ejecutivo catal¨¢n siempre ha ido con guante de seda y s¨®lo se han firmado convenios con empresas de agua, usualmente con participaci¨®n p¨²blica. El tono del Gobierno catal¨¢n solo ha subido a ra¨ªz de la muerte de una anciana Reus a la que Gas Natural le cort¨® el servicio sin consultar antes a los servicios sociales, tal y como establece la ley. El secretario catal¨¢n de Empresa, Joan Aregio, dijo la semana pasada que dar¨¢ un tiempo ¡°prudencial y l¨®gico¡± para que las el¨¦ctricas se avengan a firmar los convenios antes de abordar otras medidas de presi¨®n, usando las herramientas de la contrataci¨®n p¨²blica.

M¨¢s all¨¢ de las aportaciones al bono social, las el¨¦ctricas siempre han temido el impacto que las diferentes iniciativas para garantizar el suministro a los m¨¢s vulnerables tengan en el cobro de su cartera de clientes. Ortiz asegur¨® ayer que desde junio las empresas tienen conocimiento de una instrucci¨®n municipal sobre c¨®mo ejecutar la ley de pobreza energ¨¦tica.

El intento de la Generalitat de desplegar dicha norma termin¨® en los juzgados por un recurso contencioso administrativo presentado por la patronal el¨¦ctrica Unesa. Uno de los puntos que m¨¢s molesta a las empresas es el llamado silencio positivo. El protocolo de la Agencia Catalana de Consumo dice que si bien los Ayuntamientos tienen 15 d¨ªas para informar a la empresa si una familia es vulnerable o no, la falta de respuesta, de igual manera, paraliza el corte.