Al final las urnas deciden

El derecho a decidir es una de las consignas m¨¢s exitosas de la reciente historia pol¨ªtica espa?ola. Forma parte de la idea m¨¢s elemental sobre la libertad que podamos decidir, personal o colectivamente, en todos los ¨¢mbitos de nuestras vidas. ?Qui¨¦n puede oponerse?

El derecho a decidir puede ser un eufemismo, una nueva versi¨®n del derecho de autodeterminaci¨®n, reconocido hasta ahora para los pueblos colonizados, pero que no incluye a aquellas partes de pa¨ªses democr¨¢ticos y regidos por Estados de derecho que pretenden separarse y convertirse en un sujeto internacional diferenciado.

Este derecho a decidir ha llegado en el caso catal¨¢n a un callej¨®n sin salida. No tienen una mayor¨ªa suficiente los partidarios de la independencia que lo reclaman y hay a la vez una mayor¨ªa parlamentaria en Espa?a que lo rechaza taxativamente. El di¨¢logo se revela imposible: el independentismo catal¨¢n solo quiere dialogar y pactar sobre c¨®mo ejercerlo y el grueso de las fuerzas parlamentarias espa?olas puede dialogar y pactar sobre muchas cosas pero en absoluto sobre el derecho a decidir.

Para salir del atasco, quiz¨¢s convendr¨ªa que el derecho a decidir ampliara su significado. Puede servir la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la Declaraci¨®n de Soberan¨ªa del Parlamento Catal¨¢n, y lo identifica con el principio democr¨¢tico, un ¡°valor superior de nuestro ordenamiento¡± que ¡°reclama la mayor identidad posible entre gobernantes y gobernados¡± e ¡°impone que la formaci¨®n de la voluntad se articule a trav¨¦s de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario¡±.

El punto de partida es conocido: una sentencia precisamente del TC que anul¨® un Estatuto, el de Catalu?a, aprobado por tres c¨¢maras parlamentarias ¡ªParlamento catal¨¢n, Congreso y Senado espa?oles¡ª y ratificado por la ciudadan¨ªa de Catalu?a en refer¨¦ndum. Siguiendo la l¨®gica del TC, el camino para resolver el atasco lleva a que las tres c¨¢maras, m¨¢s la ciudadan¨ªa catalana, e incluso la ciudadan¨ªa espa?ola, aprueben un nuevo bloque constitucional para Catalu?a que restaure el consenso ahora roto entre gobierno y gobernados.

Hay algunas f¨®rmulas a mano para tal operaci¨®n. No sirve la que reclama el independentismo, pues no superar¨ªa las pruebas parlamentarias y refrendarias. Hay otra, una reforma constitucional, que podr¨ªa pasarlas si consigue encontrar el equilibrio entre estabilidad y cambio capaz de convencer a todos. Hay una m¨¢s, que bien puede completar y mejorar la anterior, que es la propuesta de Miguel Herrero de Mi?¨®n de a?adir una disposici¨®n adicional a la Constituci¨®n en la que se reconozca la singularidad catalana dentro de Espa?a.

De momento, las dos partes no est¨¢n por la labor. Ni siquiera hay acuerdo en sentarse en una comisi¨®n del Congreso para discutir abiertamente de estas y otras propuestas. El nuevo punto de partida debe ser este di¨¢logo abierto. El de llegada, las urnas, donde deben encontrarse todos los ciudadanos en un nuevo consenso. Si se hace bien, eso ser¨¢ el derecho a decidir.