La dependencia es una prioridad

Se cumplen diez a?os de la aprobaci¨®n de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci¨®n de la Autonom¨ªa Personal y Atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia(LAPAD), m¨¢s conocida como la Ley de la Dependencia, una normativa sin precedentes que ten¨ªa que cambiar la vida a los m¨¢s vulnerables. Por primera vez, se reconoci¨® el derecho a 1,2 millones de ciudadanos a recibir una atenci¨®n por parte del Estado cuando no pudieran valerse por s¨ª mismos. El entonces presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, la calific¨®, literalmente, de ¡°hito hist¨®rico¡±, y la percepci¨®n mayoritaria era de que ten¨ªamos la cuarta pata para soldar definitivamente el Estado del bienestar.

Pero la vida puede deshacer cualquier plan. Y aquella normativa excepcional de amplio consenso se fue diluyendo. Primero, poco a poco, y despu¨¦s, de golpe, en un terremoto fort¨ªsimo con sucesivos tsunamis. La crisis y los recortes. A?os de recesi¨®n, de personas abandonadas y de empresas bajando la persiana. Hasta hoy. Es justo y necesario que miremos atr¨¢s.

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2007, la ley ha topado con una financiaci¨®n opaca e insuficiente, con la ineficiencia del sistema y un cambio de los grados de la dependencia que, progresivamente, ha acabado por endurecer las valoraciones de los servicios sociales. El que hace ocho a?os era un gran dependiente tal vez ahora es un dependiente severo para la Administraci¨®n. Y ya sabemos que la prestaci¨®n var¨ªa. A la baja, evidentemente.

Hablar de la LAPAD es hacerlo de la crisis. Durante la pasada legislatura perdi¨® 2.865 millones en recortes. Se suprimi¨® un bloque entero de financiaci¨®n, el nivel acordado, en 285 millones, y mediante el Real decreto 20/12 de 2012 se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiaci¨®n, el nivel m¨ªnimo, el importe que destinan las administraciones por cada dependiente en funci¨®n de su grado de discapacitado.

En este contexto, decenas de miles de personas no han acabado recibiendo la prestaci¨®n a la que ten¨ªan derecho de acuerdo con la ley. Todo esto, sin tener en cuenta las tensiones entre la administraci¨®n central y los gobiernos auton¨®micos, que se han acusado mutuamente de no cumplir con sus obligaciones presupuestarias.

?Y ahora qu¨¦? Diez a?os son suficientes para analizar una ley que necesita, en primer lugar, voluntad pol¨ªtica para ser un pilar del Estado del bienestar con unos est¨¢ndares de implantaci¨®n comparables a la sanidad, la educaci¨®n y las pensiones. Ahora que se convoca la comisi¨®n del Pacto de Toledo para abordar las pensiones tambi¨¦n es el momento de que nos preguntemos c¨®mo queremos que sea la dependencia en las pr¨®ximas d¨¦cadas. En un contexto de sobreenvejecimiento, tenemos que hablar con responsabilidad, de derechos y de deberes, de financiaci¨®n transparente y sostenible, de c¨®mo reducir la lista de espera, de establecer un copago justo y equitativo, de instaurar el mismo IVA para todo el sector... Y lo que es m¨¢s importante: situar a los usuarios en el centro de atenci¨®n para que puedan elegir el recurso m¨¢s adecuado a sus necesidades.

No sabemos si habr¨¢ una nueva crisis, pero para avanzarnos a cualquier escenario incierto tenemos que actuar con inteligencia. Hace falta que las administraciones dejen de ver la dependencia como un gasto y entenderla como una inversi¨®n, como la prioridad social de esta legislatura. Nos jugamos mucho. El presente y el futuro.

Cinta Pascual es la presidenta de ACRA (Asociaci¨®n Catalana de Recursos Assistencials)