Las instituciones catalanas exigen a las suministradoras que paguen el 50% de la pobreza energ¨¦tica
Generalitat y Ayuntamientos anuncian sanciones "si no se cumple la ley"
![Josep Cat¨¤](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F96c59fff-e5ef-4b79-aa6c-54a3a2d1d465.jpg?auth=0453ae98c5a025b3600355a4e3366e24a4c973221a537df9fbeef124bc3f9400&width=100&height=100&smart=true)
Todas las administraciones catalanas han formado este jueves un frente com¨²n para luchar contra la pobreza energ¨¦tica en la presentaci¨®n de un convenio de corresponsabilidad a las compa?¨ªas suministradoras de electricidad y gas donde se les exige que cubran como m¨ªnimo el 50% del gasto que genera la pobreza energ¨¦tica. Tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han mostrado firmes en la petici¨®n de que las empresas firmen este acuerdo, y han advertido de que sancionar¨¢n a las empresas si no cumplen la parte de la ley 24/2015 que no est¨¢ suspendida por el Tribunal Constitucional, que se refiere a la pobreza energ¨¦tica y que insta a las compa?¨ªas a llegar a acuerdos con las administraciones para proteger a las personas en riesgo de exclusi¨®n residencial.
En la presentaci¨®n del convenio en el Palacio de la Generalitat, que ha conseguido un amplio consenso entre las instituciones, han participado los consejeros de Econom¨ªa y Empresa, Jordi Baiget, y de Trabajo y Servicios Sociales, Dolors Bassa, junto a los presidentes de las diputaciones catalanas y de las federaciones y asociaciones de municipios y tambi¨¦n el socialista Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde de Barcelona y vicepresidente del ?rea Metropolitana. Baiget ha afirmado que "el convenio quiere dejar claro que todas las administraciones catalanas van de la mano en la lucha contra la pobreza energ¨¦tica. Es una prioridad".
Baiget ha asegurado que el texto, aunque se puede negociar, tiene como l¨ªneas rojas el hecho de que las empresas se tienen que hacer corresponsables de la pobreza energ¨¦tica, y que tienen que participar en un m¨ªnimo del 50% del gasto que genere. Un reciente acuerdo entre el Gobierno central y la oposici¨®n fija el bono social para las familias con necesidades en un 25% de descuento.
Colau se ha mostrado "contenta de estar en esta mesa", pero ha recordado que es tarde, y que solo se ha avanzado desde la muerte de una anciana en Reus, cuyo piso se incendi¨® despu¨¦s de dos meses de corte del suministro el¨¦ctrico: "Hace mucho tiempo que las entidades vienen exigiendo que hagamos cumplir la ley, con este convenio ahora la pelota est¨¢ en el tejado de las empresas suministradoras", ha dicho Colau, quien considera "inasumible" que las empresas digan que no pueden asumir una parte de la pobreza energ¨¦tica. "Si no cumplen la ley abriremos expedientes y sancionaremos, especialmente a quien hace negocio con un derecho fundamental", ha rematado. Puigdemont, por su parte, ha destacado que el objetivo es "conseguir que los m¨¢s vulnerables sean m¨¢s fuertes, y que los m¨¢s fuertes sean m¨¢s vulnerables a las necesidades de los ciudadanos".
Cl¨¢usulas en los contratos p¨²blicos
Fuentes de la Generalitat han puesto en duda la legalidad de una de las iniciativas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para comprometer a las empresas suministradoras de gas y electricidad en la lucha contra la pobreza energ¨¦tica. El Ayuntamiento de Barcelona anunci¨® que en los contratos p¨²blicos incluir¨ªa una cl¨¢usula para exigir el cumplimiento de la ley 24/2015.
La Generalitat, aunque valora "muy positivamente" la iniciativa, lo est¨¢ estudiando jur¨ªdicamente para determinar si es legal o no. En los ¨²ltimos contratos no se han incluido cl¨¢usulas parecidas, y tampoco en el contrato municipal m¨¢s grande de suministro de electricidad, impulsado por la Asociaci¨®n Catalana de Municipios, que gan¨® Endesa por un tope de 936 millones de euros en los pr¨®ximos cuatro a?os.
Con este frente com¨²n y un convenio homogeneizado, las administraciones esperan que las empresas se sumen al acuerdo, como ya lo hicieron las suministradoras de agua en su momento. Preguntadas por este peri¨®dico, tanto la compa?¨ªa Endesa como Gas Natural han declinado comentar el convenio. Fuentes de las empresas aseguran que no ten¨ªan conocimiento del texto y afean que no fueran invitadas a redactarlo. El conseller Baiget ha puesto un plazo m¨¢ximo de dos meses para negociar el acuerdo y que las empresas lo firmen.
El texto acordado contempla que las suministradoras de luz y gas no realicen cortes de suministro a quien est¨¦ en situaci¨®n de vulnerabilidad, en aplicaci¨®n del principio de precauci¨®n. Tambi¨¦n indica que las empresas tienen que colaborar para afrontar "como m¨ªnimo" la mitad de los gastos derivados de la pobreza energ¨¦tica, a trav¨¦s de tarifas sociales, la condonaci¨®n de la deuda acumulada y aportaciones econ¨®micas directas. El convenio tambi¨¦n insta a las empresas a promocionar el bono social y a optimizar la potencia contratada.
El convenio establece tambi¨¦n el compromiso de que las suministradoras se dirigir¨¢n a los servicios sociales municipales para solicitar un informe acreditativo para asegurarse, antes de cortar el suministro, de que la familia no est¨¢ en una situaci¨®n de vulnerabilidad. El texto tambi¨¦n prev¨¦ la creaci¨®n de un canal de tr¨¢mites ¨²nico y obliga a las suministradoras a facilitar a los usuarios toda la informaci¨®n relativa a sus derechos. Adem¨¢s, las empresas deber¨¢n realizar auditor¨ªas energ¨¦ticas gratuitas a las personas en riesgo de exclusi¨®n residencial. El texto compromete a las operadoras a facilitar a los servicios sociales municipales un listado mensual de suministros cortados y facturas impagadas para dar una visi¨®n global sobre la pobreza energ¨¦tica en Catalu?a.
Protocolo de aplicaci¨®n
Con la aprobaci¨®n de la ley 24/2015, la Generalitat, a trav¨¦s de la Agencia Catalana de Consumo, redact¨® un protocolo que fija los criterios y procedimientos para aplicar dicha ley. El pasado noviembre, tanto la patronal el¨¦ctrica UNESA como la compa?¨ªa Endesa recurrieron este protocolo al entender que se trataba de una recomendaci¨®n y que no les obligaba a nada. Las instituciones insisten en este protocolo y lo incluyen en el texto que esperan acordar con las empresas, lo que las obligar¨ªa a obedecer el protocolo ya que la ley indica que hay que "llegar a acuerdos" entre empresas y administraciones. Las suministradoras llevan meses alegando que cualquier acuerdo es voluntario, no obligatorio, y que por lo tanto no se les puede exigir firmar un documento.
La Alianza Contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) ha reaccionado a la presentaci¨®n del convenio asegurando que "podr¨ªa haber sido m¨¢s ambicioso". La APE defiende que sean las compa?¨ªas las que asuman el 100% de las deudas acumuladas por pobreza energ¨¦tica. La Alianza tambi¨¦n considera "peligroso" que se incluya en el convenio la opci¨®n para las compa?¨ªas de escoger entre condonar la deuda o hacer una aportaci¨®n econ¨®mica, "ya que para la mayor¨ªa de las familias la necesidad es doble". La APE pide en cualquier caso que este convenio se firme "de manera urgente" ante la subida de precios de la electricidad, que coincide con la ola de fr¨ªo.
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