El Gobierno regional admite que no halla las cuentas del Campus de la Justicia
El fracasado proyecto para reunir las sedes judiciales de Madrid cost¨® 105 millones de euros
El Gobierno madrile?o lleva m¨¢s de un a?o buscando, sin ¨¦xito, las cuentas generales del Campus de la Justicia, el megaproyecto frustrado de reunir en un solo espacio las sedes judiciales de la capital y que ha dejado un agujero de 105 millones de euros. ¡°Hasta la fecha no se ha localizado el Libro Mayor de contabilidad [el documento principal con todas las operaciones contables de una empresa] correspondiente a los a?os 2008 a 2014¡±, acaba de contestar el Ejecutivo a la petici¨®n hecha en noviembre de 2015 por un diputado de la oposici¨®n.
Amontonamiento de cargos, repetidos, bien pagados y a veces dif¨ªcilmente justificables; inexistencia de planificaci¨®n econ¨®mica; contratos adjudicados sin concurso y facturas sin concurso ni contrato; gastos desorbitados en maquetas, merchandising y hasta 72 viajes promocionales¡ Los indicios de irregularidades en torno al proyecto de Campus de la Justicia, nacido oficialmente en 2005 y finiquitado en 2014 despu¨¦s de gastar 105 millones, llevan a?os acumul¨¢ndose. De tal modo, que de la comisi¨®n parlamentaria que investiga el endeudamiento de la Comunidad de Madrid sali¨® el pasado septiembre un informe sobre los puntos oscuros del proceso que acabar¨¢, en su versi¨®n definitiva, en la fiscal¨ªa.
Una de las evidencias m¨¢s claras es la falta de transparencia en la gesti¨®n de la sociedad, puesta de manifiesto con la desaparici¨®n de expedientes y contratos (incluido uno millonario con el arquitecto Norman Foster) o la justificaci¨®n tard¨ªa o inexistente de sus actividades (en 2010 se dejaron de presentar a la C¨¢mara de Cuentas). Y ahora vuelve a quedar en evidencia, quiz¨¢ m¨¢s claramente que nunca, despu¨¦s de que el Gobierno regional admita que no es capaz de encontrar el documento m¨¢s b¨¢sico y principal de cualquier empresa, el Libro Mayor de contabilidad, entre 2008 y 2014, de la sociedad p¨²blica que ten¨ªa que poner en pie el fara¨®nico proyecto: Campus de la Justicia S. A.
Y tampoco localizan la declaraci¨®n informativa de operaciones a terceros (que las empresas deben presentar a Hacienda detallando las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios) entre 2005 y 2014. ¡°Tras haber dedicado meses a la b¨²squeda de la informaci¨®n solicitada, no se ha localizado¡±, respondi¨® el pasado 31 de enero, 15 meses despu¨¦s de que se abriera el expediente de la petici¨®n, el viceconsejero de Justicia, Enrique Ruiz Escudero.
Y eso, a pesar de que el Gobierno madrile?o dirigido por Cristina Cifuentes asign¨® en julio de 2015 a 10 funcionarios la tarea de ordenar toda la documentaci¨®n referente al campus. Han encontrado muchas huellas de la actividad, entre facturas, contratos, etc¨¦tera, explican fuentes de la consejer¨ªa, pero sin esas cuentas generales como referencia, tampoco est¨¢ claro qu¨¦ es lo que hay y qu¨¦ es lo que falta dentro de un marem¨¢gnum de papeles que ocupan m¨¢s de 100 metros lineales.
El equipo de Cifuentes ha tratado de distanciarse todo lo posible del proyecto en el que se embarcaron sus predecesores en la presidencia madrile?a y compa?eros en el PP, Esperanza Aguirre (que puso en marcha la idea de una megaciudad con 14 edificios) e Ignacio Gonz¨¢lez (que trat¨® de rescatarla en 2014 en una versi¨®n mucho m¨¢s modesta).
Sin embargo, desde la oposici¨®n, Podemos ha reprochado con insistencia lo que ve como ¡°comportamiento diletante, cuando no obstruccionista¡± del equipo de Cifuentes con respecto a las peticiones de informaci¨®n sobre este asunto. El diputado de Podemos Eduardo Guti¨¦rrez pidi¨® las declaraciones de operaciones con terceros en octubre de 2015 y sobre el Libro Mayor de cuentas en noviembre de ese mismo a?o.
Bol¨ªgrafos y corbatas
Tambi¨¦n por aquellas fechas la diputada del PSOE Mercedes Gallizo present¨® varias preguntas sobre el gasto en?merchandisingde Campus que le acaban de responder.?La sociedad p¨²blica gast¨® algo m¨¢s de 18.000 euros en art¨ªculos promocionales del proyecto: 6.264 euros por 200 corbatas; 9.439 por 5.800 bol¨ªgrafos y l¨¢pices; 2.631 por 350 paraguas; y 3.480 euros por 2.500 llaveros. Se hicieron para repartirlos en las ferias, exposiciones y actos institucionales de presentaci¨®n de la iniciativa. El m¨¦todo de contrataci¨®n fue el siguiente: se invit¨® a tres empresas a que enviaran sus propuestas y se eligieron las m¨¢s baratas. En este caso, fueron la de las empresas Duoplucidad, Telepresent S. A. y The Jrath S. A.
En todo caso, en las pr¨®ximas semanas el informe sobre las conclusiones de la investigaci¨®n en la Asamblea, con las aportaciones de todos los grupos, llegar previsiblemente a la Fiscal¨ªa. Y, si los indicios dan lugar a una investigaci¨®n, ya ser¨¢ la justicia la que empiece a pedir informaci¨®n.
De momento, en los 200.000 metros cuadrados en el barrio de Valdebebas, al noreste de la capital, que ten¨ªan que acoger el megaproyecto, apenas hay un solitario edificio sin inaugurar: la sede del Instituto de Medicina Legal. Y, bajo tierra, otros 1.300 metros de t¨²neles que deb¨ªan unir todos los edificios y costaron 60 millones de euros. El Gobierno de Cifuentes decidi¨® olvidar definitivamente el proyecto, pero no podr¨¢ hacerlo hasta que los tribunales resuelvan el conflicto que mantiene con Acciona y OHL, las empresas que estaban a punto de hacerse con el proyecto de construcci¨®n en la pasada legislatura.
Juzgados viejos y la ciudad que nunca lleg¨®
El mal estado de los juzgados de la Comunidad de Madrid (con sedes obsoletas, muchas de ellas carentes de b¨¢sicos elementos de seguridad) ha obligado en las ¨²ltimas semanas al consejero de Presidencia y Justicia, ?ngel Garrido, a reunirse con sindicatos, jueces y fiscales y prometerles un 30% m¨¢s de presupuesto en 2017 para el mantenimiento de las infraestructuras. Esta partida sufri¨® durante la crisis un severo recorte, pero adem¨¢s, al menos en el caso de la capital, la promesa de una ciudad de la justicia ¡ªcon nuevas, modernas y reunidas sedes¡ª hizo que mucho antes se relajaran las preocupaciones por estos edificios.
Pero esa ciudad, al menos de momento, no va a llegar, y las necesidades de mejora, seg¨²n jueces, fiscales y sindicatos, no pueden esperar. As¨ª, los cuatro grupos de la Asamblea (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) reclamaron el jueves al Gobierno un pacto por la justicia que incluya un plan de choque para frenar el deterioro de los juzgados.
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