Los antisistema ocasionales

Hubo un tiempo en que las gentes de orden de este pa¨ªs no dudaban ni de la justicia ni de la polic¨ªa. Si una manifestante perd¨ªa un ojo, la culpa era de sus compa?eros de algarada. Un joven que llamase ¡°cracks¡± o ¡°escaqueados¡± a los agentes de la autoridad merec¨ªa ser multado, ley mordaza en la mano. El mismo texto legal hac¨ªa merecedor de sanci¨®n a un periodista gr¨¢fico que difundiera las fotos de una detenci¨®n en Twitter. Todo ten¨ªa una l¨®gica y una explicaci¨®n en aras a la lucha contra la entrop¨ªa universal.

Sin embargo, dos meses antes de la entrada en vigor de la c¨¦lebre ley, los mismos que la aprobaron se lamentaban del trato recibido de los pilares del orden. Cuando en abril de 2015 un agente de aduanas acompa?¨® con su mano la cabeza del popular Rodrigo Rato para que no se golpeara al ser introducido en el coche policial, se alzaron voces airadas por la ¡°desproporci¨®n¡± de la medida. Indignados, clamaron contra la iconograf¨ªa de la detenci¨®n del exvicepresidente del Gobierno, exministro de Econom¨ªa y Hacienda y ex director gerente del FMI. Casi dos a?os despu¨¦s, la polic¨ªa antifraude ha cuantificado las rentas no declaradas en el IRPF de Rodrigo Rato por un importe superior a los 14 millones de euros, entre 2004 y 2015. En total, las cuotas presuntamente defraudadas son de un importe total cercano a los 6,8 millones. Entre 2009 y 2015, los a?os no prescritos, la supuesta estafa a la ciudadan¨ªa asciende a 5,4 millones de euros. Eso sin contar el argent de poche, esos 90.000 euros, que Rato desconoc¨ªa que deb¨ªa haber declarado de su tarjeta black de Bankia.

Tambi¨¦n hubo reacciones col¨¦ricas por los registros que, en febrero del a?o pasado, la Guardia Civil llev¨® a cabo en la vivienda y el despacho ¡ªen la calle de G¨¦nova¡ª del que fuera gerente del PP de Madrid Beltr¨¢n Guti¨¦rrez Moliner y en la casa y dos despachos del directivo Javier L¨®pez Madrid, yerno del presidente del Grupo Villar Mir. A Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, impulsor de la ley mordaza y entonces ministro de Interior y gran inquisidor de independentistas, le llam¨® ¡°la atenci¨®n¡± que las actuaciones que afectaban al PP solo se produjeran en ¡°momentos pol¨ªticos delicados¡±. Los populares tambi¨¦n pidieron por partida doble la recusaci¨®n de la juez Rosa Mar¨ªa Freire, que investig¨® los 37 borrados de los ordenadores del extesorero del partido Luis B¨¢rcenas. El PP consider¨® a la juez un ¡°eficaz instrumento del PSOE¡±. Con anterioridad, los populares dudaron de la imparcialidad de Freire por tener un primo hermano de Izquierda Unida. Por ¨²ltimo, el pasado viernes, el mismo d¨ªa que se iniciaba el congreso del PP, han trascendido las condenas a 13 a?os de prisi¨®n de Francisco Correa, Pablo Crespo y ?lvaro P¨¦rez, el Bigotes ¡ªg¨¹rtelianos invitados a la boda de la hija de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar¡ª, por ama?ar contratos de la feria de Turismo Fitur convocados por la Generalitat valenciana.

En Catalu?a tambi¨¦n tenemos antisistema ocasionales. Ah¨ª est¨¢n las protestas que ha desencadenado la operaci¨®n policial contra el pago de comisiones de obra p¨²blica ¡ªes decir, con cargo al contribuyente¡ª gracias a las que se financi¨® presuntamente Converg¨¨ncia Democr¨¤tica. La coincidencia con el juicio por la consulta del 9-N ha permitido a los anta?o guardianes del orden gritar a pleno pulm¨®n que se trata de una conspiraci¨®n. El propio Artur Mas lo dijo: ¡°Se trata de hacer el mayor da?o posible¡±. Poco importa que las imputaciones de la semana pasada por la operaci¨®n anticorrupci¨®n arranquen de la denuncia realizada por una concejal, entonces de Esquerra Republicana, en el municipio de Torredembarra.

Con el proceso soberanista en marcha, para la vieja CDC toda acci¨®n judicial o registro policial forma parte de la conspiraci¨®n de una potencia extranjera, aunque la orden parta del juzgado de El Vendrell y el dinero sea completamente nacional. No importa que las donaciones a Converg¨¨ncia coincidan con adjudicaciones de obra p¨²blica. O que entre 2008 y 2013, la Fundaci¨®n Catdem (de CDC) recibiese 7,1 millones de euros de m¨¢s de un centenar de compa?¨ªas. O que en unas semanas, en fin, arranque el juicio del caso Palau en el que, seg¨²n el juez, Converg¨¨ncia percibi¨® 6,6 millones de euros de Ferrovial.

Pero seguro que todo lo apuntado se basa en una percepci¨®n sesgada. No tiene otra explicaci¨®n. Porque, elecci¨®n tras elecci¨®n, los ciudadanos otorgan su confianza a quienes manejan con semejante desparpajo el dinero p¨²blico.