El S¨ªndic avala que las el¨¦ctricas consulten a los servicios sociales antes de cortar la luz
El informe sobre la tragedia de Reus revela ¡°carencias estructurales¡± en la atenci¨®n municipal y pide un reglamento
![Camilo S. Baquero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4156031f-39d7-418a-b602-b336393f9c2e.jpg?auth=92edbe7594ad0d495e18881b417f68bc63248be7499c4073a67dcf11720ecbb1&width=100&height=100&smart=true)
El S¨ªndic de Greuges, defensor del pueblo catal¨¢n, ha entregado este viernes las conclusiones de su investigaci¨®n sobre la tragedia de Reus de noviembre pasado, en la que una anciana vulnerable muri¨® en el incendio ocasionado por las velas con las que iluminaba su casa por tener la energ¨ªa cortada. El S¨ªndic, Rafael Rib¨®, avala el principio de precauci¨®n fijado por la ley catalana contra la pobreza energ¨¦tica, que establece que las suministradoras deben verificar antes de ejecutar un corte por impago si la familia es vulnerable. A pesar de esa salvedad, Rib¨® ha amonestado a la Generalitat por no desarrollarlo con un reglamento. Tambi¨¦n cuestiona la falta de recursos de los servicios sociales en los entes locales.
El S¨ªndic ha criticado ¡°la poca concreci¨®n de la ley 24/2015 en cuanto a la aplicaci¨®n directa de las obligaciones de las administraciones y de las empresas¡±, sin embargo, da por v¨¢lido el pol¨¦mico principio de precauci¨®n, que las el¨¦ctricas ven inaplicable por su complejidad. ¡°La comunicaci¨®n por parte de las empresas aporta garant¨ªas adicionales que permiten que los servicios sociales puedan actuar en casos que no les constan¡±, ha asegurado el despacho del defensor en una nota de prensa.
Para poder ejecutar este principio, ha explicado el defensor, es necesario que ¡°se agilice el despliegue de la normativa y se apruebe un reglamento que facilite la coordinaci¨®n entre las empresas suministradoras y las administraciones locales¡±. Por lo que descarta la tesis de la Generalitat de que la ley era lo suficientemente clara como para no necesitar un reglamento. "Que cada empresa haga su interpretaci¨®n del principio de precauci¨®n demuestra que s¨ª hace falta una aclaraci¨®n por parte del legislador o del Ejecutivo", ha dicho Rib¨®.
Gas Natural, la empresa que prestaba el servicio a la fallecida, siempre ha defendido que cort¨® el servicio ya que la mujer no figuraba en los listados de vulnerables que le suministraban los servicios sociales de Reus. En su investigaci¨®n, Rib¨® ha criticado que que no existiera ning¨²n "acuerdo" con el municipio sobre c¨®mo atender y comunicar los casos de pobreza energ¨¦tica. La empresa, desde el d¨ªa del accidente, ha defendido que ten¨ªa un pactado un "canal exclusivo de gesti¨®n" con los servicios sociales y que hab¨ªa evitado m¨¢s de 150 cortes. "Tambi¨¦n se han detectado insuficiencias y carencias estructurales por falta de recursos de los servicios sociales b¨¢sicos de las administraciones locales", ha finalizado el S¨ªndic.
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