El exjefe del servicio jur¨ªdico de la Comunidad de Madrid defender¨¢ a OHL contra el Gobierno
El Abogado General entre 2010 y enero de 2015 representa a la concesionaria del Cercan¨ªas a Navalcarnero
La constructora OHL ha puesto en manos de Carlos Dom¨ªnguez Luis (m¨¢ximo responsable de los servicios jur¨ªdicos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y enero de 2015) la representaci¨®n legal de su filial Cercan¨ªas M¨®stoles Navalcarnero S. A. en su conflicto contra el Gobierno regional. Una y otra parte se acusan desde hace m¨¢s de un lustro de incumplir el contrato por el que la empresa deb¨ªa unir por tren estos dos municipios del sur de la regi¨®n. Dom¨ªnguez recuerda que no existe incompatibilidad y asegura que no trat¨® el asunto durante su paso por la Comunidad. Por su parte, OHL se?ala que la de Dom¨ªnguez es una de las firmas con las que colabora habitualmente y que lleva para ellos otros asuntos.
El Abogado General de la Comunidad de Madrid hasta enero de 2015, Carlos Dom¨ªnguez Luis, forma parte desde hace un a?o de la firma Business & Law, a la que se incorpor¨® tambi¨¦n el pasado noviembre la que fuera la jefa de su servicio de apoyo durante su paso por el Gobierno regional, Mercedes Blanco Toribio. La letrada de la Comunidad en excedencia tambi¨¦n est¨¢ autorizada para representar a la concesionaria del frustrado proyecto adjudicado en 2008 para construir una l¨ªnea de cercan¨ªas de 14,8 kil¨®metros que conectar¨ªa Atocha, M¨®stoles, Arroyomolinos y Navalcarnero.
Un proyecto que encall¨® en 2010, cuando la concesionaria paraliz¨® las obras alegando dificultades econ¨®micas. Desde entonces, la Comunidad acusa a la empresa de incumplir el contrato por la decisi¨®n unilateral de detener los trabajos, mientras la empresa le acusa de lo mismo por no abonarle los 50 millones de euros que, aseguran, ten¨ªan comprometidos. As¨ª, entre acusaciones cruzadas e intentos de resucitar el plan ¡ªel Grupo OHL asegura que ha ofrecido distintas propuestas que no han sido aceptadas¡ª el conflicto ha llegado hasta hoy con varios frentes abiertos.
Por un lado, hay en marcha un conflicto administrativo de la Comunidad contra la empresa por incumplimiento de contrato. Hay otro litigio a cuenta de la multa de 34 millones que le impuso el Gobierno y tras la cual la concesionaria se declar¨® el a?o pasado en concurso voluntario de acreedores. Y, por ¨²ltimo, la compa?¨ªa reclama por la v¨ªa contencioso-administrativa la resoluci¨®n del contrato por incumplimiento del Ejecutivo y reclama 318 millones por la inversi¨®n que ya hab¨ªa hecho (las obras se quedaron a medias) m¨¢s el lucro cesante.
Este ¨²ltimo litigio, iniciado despu¨¦s de su salida de la Comunidad, es el que lleva Dom¨ªnguez desde el pasado enero, seg¨²n explica ¨¦l mismo por tel¨¦fono a este diario. Fuentes conocedoras del acuerdo especifican que se trata del recurso contra la decisi¨®n de enero de 2016 del consejero de Transportes de desestimar la petici¨®n de la compa?¨ªa, hecha en junio de 2015, de resolver el contrato. ¡°No encontrar¨¢n ni un solo papel firmado por m¨ª, ni un solo informe ni una sola consulta ni una sola reuni¨®n que diga que yo conoc¨ª el caso de alguna manera durante mi etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid¡±, se?ala de forma tajante el ex Abogado General del Ejecutivo regional. ¡°Si hubiera intervenido o lo hubiera conocido de alguna forma, mi ¨¦tica profesional me impedir¨ªa llevar ahora el caso¡±, a?ade e insiste en la legalidad de su comportamiento en cualquier caso.
Lo mismo hace extensivo a su antigua n¨²mero dos en el Gobierno regional, Mercedes Blanco Toribio, que a finales del a?o pasado, tras tomar una excedencia como letrada de la Comunidad, se uni¨® a la firma de Dom¨ªnguez. Ser¨ªan los servicios jur¨ªdicos de la Consejer¨ªa de Transportes los que, entiende Dom¨ªnguez, llevaron directamente el asunto en su d¨ªa. Todas las consejer¨ªas tienen sus propios servicios, aunque todos dependen org¨¢nicamente del Abogado General de la Comunidad. Este, con rango de viceconsejero, tiene entre sus funciones la de ¡°direcci¨®n y coordinaci¨®n de los Servicios Jur¨ªdicos de la Comunidad de Madrid, as¨ª como su relaci¨®n con toda clase de organismos y entidades¡±.
En todo caso, Dom¨ªnguez aclara que Blanco no est¨¢ participando en el caso del cercan¨ªas. ¡°Las empresas otorgan poderes generales de representaci¨®n para que, en caso de que sea necesario, otro abogado pueda hacerse cargo. Pero en este litigio soy ¨²nicamente yo quien lo est¨¢ llevando; ella no ha tenido ninguna intervenci¨®n¡±, explica.
Por su parte, una portavoz de OHL, preguntada sobre si el paso de los letrados por el Gobierno regional ha influido en la decisi¨®n de contratarles, asegura por correo electr¨®nico lo siguiente: ¡°Business & Law, uno de cuyos socios es Carlos Dom¨ªnguez, es uno de los despachos de abogados con el que el ¨¢rea jur¨ªdica de OHL colabora habitualmente. Sus actuaciones no solo se centran en Cemonsa [la concesionaria del Cercan¨ªas], sino que tambi¨¦n coordinamos con ellos otros procedimientos que no tienen ning¨²n tipo de v¨ªnculo con la Comunidad de Madrid¡±.
La promesa electoral que se llev¨® la crisis
El Cercan¨ªas a Navalcarnero fue una de las promesas electorales estrella de Esperanza Aguirre en la campa?a electoral de 2007. Tras ganar los comicios regionales, Aguirre puso la primera piedra en 2008 y su Gobierno adjudic¨® las obras a OHL.
La empresa, que deb¨ªa invertir en el proyecto 362 millones de euros, correr¨ªa con los gastos y el Gobierno le pagar¨ªa un canon en funci¨®n del n¨²mero de pasajeros. Pero lleg¨® la crisis y las obras se paralizaron en 2010 porque las cuentas no sal¨ªan. Tampoco han salido despu¨¦s. Si la culpa ha sido de la Administraci¨®n o de la compa?¨ªa, lo dir¨¢n los jueces.
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