La fiscal¨ªa investiga la contrataci¨®n irregular de profesores de Religi¨®n en Valencia con el PP

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La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha abierto diligencias penales de investigaci¨®n para averiguar si el arzobispo de Valencia, Antonio Ca?izares, y su predecesor, Carlos Osoro, actual prelado de Madrid, utilizaron de forma fraudulenta a 22 profesores de Religi¨®n adscritos a centros de educaci¨®n p¨²blicos destin¨¢ndolos a labores de la di¨®cesis. El ministerio p¨²blico ha admitido la denuncia presentada en marzo por Comprom¨ªs, dirigida contra los dos cardenales y dos consejeros de Educaci¨®n de la etapa del PP, Alejandro Font de Mora y Mar¨ªa Jos¨¦ Catal¨¤.

Tanto el arzobispado como los ex altos cargos, que fueron consejeros en los Gobiernos de Francisco Camps y de Alberto Fabra, han negado las irregularidades.

Seg¨²n la denuncia que ha dado pie a la investigaci¨®n, los hechos podr¨ªan ser constitutivos de un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y otro de falsedad, adem¨¢s de suponer un caso de cesi¨®n ilegal de trabajadores. Los directores de los centros escolares en los que figuraban como empleados los 22 profesores de Religi¨®n han asegurado a la actual Administraci¨®n auton¨®mica, dirigida por socialistas y Comprom¨ªs, que nunca los vieron por all¨ª, seg¨²n la denunciante y diputada en las Cortes Valencianas Isaura Navarro.

Con el presunto objetivo de ocultar la cesi¨®n de los trabajadores a la Iglesia, las 22 plazas de docentes adscritos a diversos colegios de la Comunidad Valenciana fueron duplicadas en la relaci¨®n de puestos de trabajo de la Generalitat. En cada centro educativo afectado exist¨ªan oficialmente dos profesores de Religi¨®n, uno real y otro que trabajaba en la di¨®cesis y del que los responsables de los colegios no tuvieron constancia.

El arzobispado considera que la denuncia tiene una finalidad "difamatoria". Pero ha admitido que los 22 trabajadores, que ten¨ªan salarios p¨²blicos de 1.800 euros netos al mes, algunos durante casi una d¨¦cada, no trabajaban en centros escolares, sino en la di¨®cesis. La explicaci¨®n ofrecida por el arzobispado es que se dedicaban a formar a profesores de Religi¨®n y que la forma de dar cobertura laboral a esa tarea se realiz¨® "bajo las directrices que ha marcado siempre la Generalitat".

"Cualquier cuestionamiento del sistema se debe estudiar, pero no se puede denunciar malintencionadamente", ha se?alado el arzobispado.

M¨¢s de 20 a?os

Seg¨²n la denunciante, la situaci¨®n se remonta a hace al menos nueve a?os. Seg¨²n la Iglesia, a m¨¢s de 20, cuando "desde la presidencia del PSPV-PSOE en el Gobierno de la Generalitat se deleg¨® en las di¨®cesis que fueran estas las que impartieran la formaci¨®n de los profesores".

Navarro mantiene que a finales de 2014, meses antes de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas que pusieron fin a la etapa del PP en la Generalitat, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n intent¨® regularizar la situaci¨®n con un decreto que permit¨ªa que hubiera "asesores docentes" pagados por la Administraci¨®n auton¨®mica en las "di¨®cesis". Pero la Abogac¨ªa de la Generalitat advirti¨® de que el art¨ªculo contraven¨ªa la ley y forz¨® su retirada.

"Debe tenerse en cuenta que si el personal va a prestar servicios dentro del ¨¢mbito de direcci¨®n de otro empresario", se?ala en referencia a la di¨®cesis el informe que elabor¨® la Abogac¨ªa de la Generalitat, "nos encontramos ante un supuesto de cesi¨®n ilegal de trabajadores, definido en el art¨ªculo 43 del Estatuto de los Trabajadores, con las consecuencias que el mismo precepto establece, por lo que no se considera conforme a derecho la medida propuesta".

Despu¨¦s del rechazo de la Abogac¨ªa, a principios de 2015, todav¨ªa en la etapa del PP, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n opt¨® por reubicar a los 22 trabajadores en centros educativos, donde siguen trabajando.

La entonces consejera, Catal¨¤, ha negado que la situaci¨®n anterior vulnerase la ley y ha acusado a la diputada de Comprom¨ªs de estar "obsesionada por desprestigiar la ense?anza de Religi¨®n".