Hacienda exige 8,3 millones del IVA de la inacabada Ciudad de la Justicia
La deuda procede de la transmisi¨®n en 2015 del patrimonio de la empresa a la nueva sociedad constituida cuando fracas¨® la original
La Ciudad de la Justicia, parada desde hace a?os, contin¨²a siendo un saco sin fondo para los madrile?os. Hacienda reclama ahora 8,3 millones de euros al Gobierno regional del IVA que no se abon¨® en 2015 por la transmisi¨®n del edificio del Instituto de Medicina legal, el ¨²nico construido de los 15 previstos, y de las infraestructuras subterr¨¢neas. La cifra incluye intereses de demora por 665.000 euros.
El Gobierno regional debe al Estado 8,3 millones por el IVA no abonado en la transmisi¨®n del patrimonio de la sociedad Campus de la Justicia, que se liquid¨® en 2015 y se sustituy¨® por otra llamada Ciudad de la Justicia. Esta ¨²ltima se cre¨® para afrontar un proyecto m¨¢s modesto despu¨¦s del fracaso del original.
El ¨²nico patrimonio que atesoraba y atesora la sociedad es el Instituto de Medicina legal (conocido como donut por su aspecto exterior) y una galer¨ªa subterr¨¢nea de 1.300 metros de longitud de conexi¨®n entre los diferentes inmuebles. El resto del complejo nunca se construy¨®.
Hacienda ha valorado el Instituto de Medicina Legal en 17.799.000 euros, que implica el pago de 3,7 millones de euros de IVA. En cuanto al t¨²nel, se ha tasado en 19 millones, con un IVA de 4 millones.
A estos 7,6 millones hay que a?adir unos intereses de demora de 665.000 euros y una sanci¨®n tributaria de 12.400, debido a que la Comunidad no solo no pag¨® el IVA sino que consider¨® que ten¨ªa derecho a una devoluci¨®n de cuotas indebida en 2014. Fue en ese momento cuando Hacienda revis¨® toda la operaci¨®n. El portavoz del Gobierno ?ngel Garrido anunci¨® ayer que la deuda se va a zanjar.
Este es el ¨²ltimo episodio, de momento, de un proyecto que naci¨® como Campus de la Justicia con el objetivo de reunir en un solo lugar las 19 sedes judiciales madrile?as ahora dispersas. El complejo, que inclu¨ªa 15 edificios de los m¨¢s prestigiosos arquitectos, se par¨® en 2010.
Las numerosas vicisitudes en las que se han visto inmersas las obras, provocaron que el Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez (encarcelado por la Operaci¨®n Lezo) lo convirtiera en uno m¨¢s modesto, sin edificios singulares, y de gesti¨®n privada. Esa versi¨®n low cost pas¨® a llamarse Ciudad de la Justicia. A principios de 2015, Gonz¨¢lez inicia el concurso para adjudicar el nuevo proyecto. La concesionaria se encargar¨ªa de pagar la construcci¨®n y el mantenimiento a cambio de un canon anual de 45 millones. La oferta mejor fue la de Acciona y OHL. Pero Gonz¨¢lez dej¨® la presidencia cuando entr¨® Cifuentes sin firmar la adjudicaci¨®n.
El nuevo Gobierno regional fren¨® el plan heredado del equipo de Gonz¨¢lez y suspendi¨® el proceso, porque alguna de las empresas implicadas en el primer proyecto (Corsan-Corviam) hab¨ªan denunciado que las obras ya se le hab¨ªan encargado a ellas. Acciona-OHL denunci¨® el par¨®n impuesto por Cifuentes al Tribunal de la Contrataci¨®n P¨²blica que les dio la raz¨®n. La Comunidad de Madrid, a su vez, recurri¨® esta decisi¨®n. De momento, el embrollo judicial y las obras contin¨²an varadas en ese punto.
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