Un proceso iliberal

La legalidad no es una condici¨®n suficiente. No basta con que el proceso sea legal para que sea democr¨¢tico. Pero es una condici¨®n necesaria. Por muchos argumentos y excusas que se inventen, si no es legal, no es democr¨¢tico.

Entre los argumentos y excusas est¨¢ la idea de que la ley es un cors¨¦, amparada en la mala traducci¨®n de rule of law como imperio de la ley, que denota una imposici¨®n. Una traducci¨®n mejor es regla de juego, que permite gobernarnos, no seg¨²n el capricho de los humanos, sino seg¨²n el criterio construido colectivamente, es decir, un gobierno de las leyes y no un gobierno de los hombres. La regla de juego, el derecho, obliga pero tambi¨¦n protege a todos.

Este proceso, cualquier proceso democr¨¢tico, exige garant¨ªas, que es lo que la ley proporciona. Es decir, separaci¨®n de poderes entre quien hace la ley, quien la aplica y quien hace de ¨¢rbitro sobre sus interpretaciones; protecci¨®n de las libertades fundamentales: quienes est¨¦n afectados por este proceso podr¨¢n recurrir ante los tribunales y reivindicar sus derechos; y finalmente, transparencia y control de la opini¨®n p¨²blica a trav¨¦s de unos medios de comunicaci¨®n que no dependan del gobierno y tengan la libertad efectiva para la cr¨ªtica y la denuncia.

Hasta el 27S, el proceso independentista circulaba por cauces asimilables a la democracia liberal. Sus dirigentes buscaban una mayor¨ªa social y parlamentaria que les permitiera convocar perentoriamente una consulta, en 2014 primero, luego 2016 o 2017, no en el medio y largo plazo.

El resultado a la vista est¨¢: Artur Mas, en las tres ocasiones (25N, 9N y 27S) en que ha intentado construir esta mayor¨ªa que le permitiera al menos negociar en posici¨®n de fuerza con el gobierno espa?ol ha obtenido un resultado notable pero insuficiente. Aunque no hay mayor¨ªa independentista para la imposici¨®n unilateral ni siquiera de una consulta sobre el futuro de Catalu?a, de las tres votaciones tambi¨¦n se deduce que no habr¨¢ forma de gobernar Espa?a sin tener en cuenta la fuerza del independentismo.

Artur Mas no ha querido rectificar ni terminar el proceso, y menos lo quiere su sucesor, Carles Puigdemont, designado por imposici¨®n de la CUP y atrapado en el s¨ªndrome de una cierta emulaci¨®n. ?Si el moderado burl¨® al Estado en el 9N, qu¨¦ no tendr¨¢ que hacer el indepe de toda la vida?

De ah¨ª la deriva iliberal del proceso. Iliberal, s¨ª. Es democracia, porque hay urnas y mayor¨ªa, pero es iliberal como en Hungr¨ªa y Polonia, porque la regla de juego ya no es de todos sino de quien impone su mayor¨ªa insuficiente. La divisi¨®n de poderes, las libertades fundamentales, el sistema de garant¨ªas y controles, la transparencia y el papel de los medios de comunicaci¨®n desaparecen engullido por la voluntad popular, el pueblo sagrado que arrolla con las urnas a quienes se interponen entre su deseo y su destino.

El momento iliberal del proceso todav¨ªa no ha culminado, aunque ya encontramos algunos episodios destacados en los incumplimientos de la regla de juego se?alados por los letrados del Parlament, el Consell de Garanties Estatut¨¤ries y, naturalmente, el ¨¢rbitro supremo, se quiera o no, que es el Tribunal Constitucional.

La ley de transitoriedad promete convertirse en la c¨²spide de la vulneraci¨®n de la democracia liberal. Si son verdad las insinuaciones y filtraciones de unos y otros, la ley tendr¨¢ dos partes. Una, construida como una especie de miniconstituci¨®n anticipada, que solo entrar¨ªa en vigor en caso de que la independencia saliera vencedora en el refer¨¦ndum que se pretende organizar; y otra, que autorizar¨ªa al gobierno para que organizara dicho refer¨¦ndum, sustray¨¦ndose de la legalidad constitucional espa?ola. Esta ¨²ltima parte es la que debe preocupar a los funcionarios, y en realidad a todos los ciudadanos, porque significar¨ªa la suspensi¨®n de las libertades y derechos fundamentales y de la vigencia del Estado de derecho entre el periodo que se abre con la convocatoria del refer¨¦ndum y la entrada en vigor de la nueva legalidad.

Todos debemos obedecer las leyes, claro est¨¢. Las actuales, emanadas de la Constituci¨®n espa?ola, y las hipot¨¦ticas de una Constituci¨®n catalana que no existe ni sabemos si existir¨¢. Las noticias que nos llegan de la opaca ley de transitoriedad nos dicen que habr¨¢ un momento f¨¢ctico, sin ley, en el que se intentar¨¢ imponer las ¨®rdenes de la mayor¨ªa insuficiente a los funcionarios y a los ciudadanos. Si alguien considera vulnerados sus derechos y libertades y no obtiene protecci¨®n del inexistente Estado de derecho catal¨¢n, que todav¨ªa no habr¨¢ nacido, no tendr¨¢ m¨¢s remedio que acudir al ¨²nico Estado de derecho que tendr¨¢ a mano que es el espa?ol, no hay otro.

Y si el Constitucional interviniera para anular esta extra?a ley de transitoriedad, no ser¨ªa para impedir el ejercicio del derecho de voto, sino para evitar que se suspendieran las libertades fundamentales por parte de quienes intenten crear un r¨¦gimen de democracia iliberal o de facto a partir de una mayor¨ªa parlamentaria que no les permite ni siquiera modificar la ley electoral catalana.