Inhabilitado el exalcalde socialista de L¡¯Alcora por prevaricar en el PGOU

El Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Castell¨®n ha condenado al exalcalde socialista de l¡¯Alcora (Castell¨®n) Javier Peris y a cuatro concejales del equipo de Gobierno en 2004 a cinco a?os de inhabilitaci¨®n para empleo p¨²blico por las irregularidades cometidas en la adjudicaci¨®n del contrato para la redacci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana del municipio (PGOU). El juez les considera autores de un delito de prevaricaci¨®n administrativa al entender que otorgaron dicho contrato sin seguir los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminaci¨®n. El fiscal ped¨ªa ocho a?os de inhabilitaci¨®n de empleo y cargo p¨²blico para los cinco acusados.

M¨¢s informaci¨®n

Absuelto de prevaricaci¨®n ambiental el alcalde de Sueras

Urbanismo de Urgencia para Castell¨®n hasta 2017

Seg¨²n el relato de hechos probados, Javier Peris decidi¨® iniciar en 2004, siendo primer edil de L¡¯Alcora, la elaboraci¨®n de un nuevo Plan General para la poblaci¨®n y organiz¨®, junto a otros cuatro concejales, un plan para lograr la adjudicaci¨®n de su elaboraci¨®n a una empresa concreta, Anfab SL. Lo hizo ¡°ignorando los intereses p¨²blicos que ten¨ªan a su cargo y persiguiendo anteponer el contenido de su voluntad a cualquier otra consideraci¨®n¡±, se?ala la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Seg¨²n el fallo, los ediles ¡°persegu¨ªan ¨²nica y exclusivamente dotar de apariencia de legalidad y rigor a dicha decisi¨®n y excluir a cualesquiera otros competidores¡±.

El fallo incide en este sentido en el resultado de las testificales de los funcionarios municipales en el juicio celebrado el pasado mes de febrero, indicando que existe ¡°coincidencia en tres de ellos sobre la intervenci¨®n personal y directa de Manuel Javier Peris Salvador inst¨¢ndoles sin ambages a que privilegiaran la oferta de la mercantil Anfab; y su intenci¨®n de acelerar los tr¨¢mites para orillar el informe de la arquitecta municipal¡±.

¡°A ello siguen los votos en bloque del resto de acusados sin disidencia o duda alguna dando soporte a tales actuaciones¡±, advierte la sentencia.

Sobre estos, el fallo indica que el camino seguido por los ediles acusados ¡°es revelador¡± (¡­) de su participaci¨®n ¡°en todos los pasos¡± dirigidos por el entonces alcalde. ¡°Sus actuaciones son tan determinantes que es imposible que no supiesen lo que suced¨ªa; debiendo entender probado que se integraron as¨ª personalmente en el conjunto de la maniobra¡±, a?ade.

En abril de 2004 el ayuntamiento convoc¨® concurso p¨²blico para que las empresas interesadas pudieran presentar sus ofertas y optar a la adjudicaci¨®n de la revisi¨®n del nuevo PGOU, por importe de 431.000 euros. Seg¨²n el escrito del ministerio p¨²blico, dentro del plazo concedido presentaron propuestas para la adjudicaci¨®n diferentes mercantiles, entre ellas Anfab SL, ¡°empresa por la que el alcalde ten¨ªa especial inter¨¦s, y as¨ª se lo expuso tanto a la arquitecta municipal como a los t¨¦cnicos del ayuntamiento en reuniones informales¡±.

Seg¨²n el mismo escrito, el entonces alcalde les dijo que miraran ¡°con cari?o¡± a la empresa porque ten¨ªa buenas referencias de ella y estaba interesado en que fuera la adjudicataria.

En septiembre de 2004, la mesa de contrataci¨®n en la que estaban representados los ahora condenados dio luz verde a la adjudicaci¨®n de la redacci¨®n del PGOU a la citada empresa ¡°en contra del criterio objetivo de los t¨¦cnicos y a pesar de que ni siquiera su objeto social ten¨ªa relaci¨®n directa, pues se dedicaba al asesoramiento jur¨ªdico y fiscal (¡­) ¡°sin comprender las actividades de arquitectura o urbanismo¡±.

En el fallo hecho p¨²blico hoy, el juez recuerda que en mayo de 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 1 de Castell¨®n anul¨® del decreto de alcald¨ªa de L¡¯Alcora por el que contrataba los servicios de consultor¨ªa y asistencia en la elaboraci¨®n del PGOU con la primera empresa, y se lo adjudicaba a otra mercantil candidata, por inadecuaci¨®n del objeto social de la primera.

El juicio contra el exalcalde de L¡¯Alcora y los cuatro exconcejales arranc¨® el pasado 27 de febrero en el juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de la capital de La Plana. Esa misma jornada alberg¨® en la ciudad de la justicia castellonense, aunque en Instrucci¨®n 4, la declaraci¨®n, por un presunto delito societario, del expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra.