La trama de restauraci¨®n de arte sacro del sur de Galicia llega a juicio

La instrucci¨®n del llamado caso Retablo llega a juicio este martes en la Audiencia de A Coru?a despu¨¦s de casi una d¨¦cada de investigaci¨®n que lleg¨® a tener en el punto de mira a la curia. Unas dilaciones procesales que podr¨ªan favorecer a los siete acusados por presunto delito de cohecho y c¨®mplices de una supuesta trama que se beneficiaba de la restauraci¨®n de arte sacro con fondos de la Xunta, cerrando un ventajoso acuerdo de conformidad con la fiscal¨ªa.

El fiscal Antonio Roma, present¨® el 14 de mayo su escrito de acusaci¨®n en el que solicita 3 a?os de prisi¨®n y multa de 103.300 euros para el que fuera funcionario de la Conseller¨ªa de Cultura, Carlos G¨®mez-Gil, por un delito continuado de cohecho, adem¨¢s de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico durante cinco a?os. Tambi¨¦n el fiscal impone a G¨®mez-Gil la devoluci¨®n de la casa rectoral de Para?os (Covelo) cuya compra por 60.000 euros destapo el caso.

Para el que fuera arquitecto de la Sociedad de Gesti¨®n del Xacobeo, Jos¨¦ Manuel Pichel, la pena solicitada por el Ministerio P¨²blico es de dos a?os de prisi¨®n, tres de inhabilitaci¨®n para el desempe?o de cargo p¨²blico y multa de 7.000 euros.

Para los cinco empresarios procesados en la causa, Ignacio V¨¢zquez Vieira, Olga Quintela L¨®pez, David Dur¨¢n Montero, Carmen Acu?a Rey y Manuel Montes Carballa (que confes¨® los hechos en 2009), la pena es de 2 a?os de prisi¨®n y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros por cada uno de los delitos descritos.

Carlos G¨®mez-Gil de Aizpur¨²a, que lleg¨® a recibir 103.350 euros de mordidas de los empresarios procesados, era el encargado de informar los proyectos de restauraci¨®n en el sur de Galicia de inmuebles eclesi¨¢sticos as¨ª como los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia en Galicia. Su funci¨®n, dice el fiscal, era que esos proyectos ¡°se adecuasen a las t¨¦cnicas propias de la restauraci¨®n, fuesen realizados por profesionales cualificados¡±, adem¨¢s de comprobar que los constructores respetase el proyecto original. ¡°Todo en el debido respeto a la normativa en materia de patrimonio cultural y a la buena praxis¡± que exig¨ªa la previa autorizaci¨®n de la Conselleria de Cultura para que pudieran desarrollarse intervenciones en bienes de enorme valor cultural¡±.

Pero G¨®mez-Gil no lo hizo as¨ª. Trataba directamente con los interesados en los proyectos de restauraci¨®n y eleg¨ªa a los que era de su preferencia. Como contrapartida, ¡°recib¨ªa dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas que ejecutaban las restauraciones, que pod¨ªan consistir en obras en bienes de su propiedad y otra clase de favores, incrementando notablemente su patrimonio¡±, se?ala el fiscal. As¨ª alcanz¨® ¡°un nivel de vida muy superior al que proceder¨ªa de los ingresos en su calidad de funcionario cualificado, con veh¨ªculos de alta cilindrada y un barco¡±, a?ade el escrito de acusaci¨®n.

El acusado adquiri¨® del Obispado de Tui una casa rectoral en Para?os (Covelo) ¡°en unas condiciones econ¨®micas muy ventajosas que obtuvo gracias a la generaci¨®n en el obispado de la prestaci¨®n por su parte de favores en los procedimientos de restauraci¨®n adjudicados¡±. Estas condiciones eran un precio formal de 60.000 euros a pagar en diez a?os que no comenz¨® a abonar hasta iniciado el procedimiento penal.

¡°Gracias a las restauraciones desarrolladas de manera gratuita por las empresas de restauraci¨®n beneficiarias, la casa increment¨® notablemente su valor, llegando a ofrecerla para su venta en un precio de 680.000 euros¡± .

El cometido del funcionario no solo se ce?¨ªa a la autorizaci¨®n previa de las restauraciones sino que se extend¨ªa a las ayudas que recibir¨ªan los proyectos en su ejecuci¨®n, de manera que el precio final a percibir por quienes realizaban las labores de restauraci¨®n se divid¨ªa en partes de proporci¨®n variable. Una un precio que pagar¨ªan quienes encargaban el proyecto (iglesia, entidades locales o parroquia, seg¨²n los casos) y otra una subvenci¨®n que era informada previa tramitaci¨®n del expediente administrativo correspondiente.

Con el tiempo, el acusado impuso ¡°una pr¨¢ctica de imposici¨®n de proyectos de restauraci¨®n a determinadas empresas en detrimento de las restantes, de manera que asesoraba a estas empresas sobre las condiciones que informar¨ªa, los contenidos econ¨®micos de los proyectos y el precio que pod¨ªan ofertar, afirma el fiscal.

El arquitecto Jos¨¦ Manuel Pichel informaba de las ayudas p¨²blicas a proyectos que se ofrec¨ªan desde la entidad de la Xunta para la que trabajaba vinculados con los Caminos de Santiago. As¨ª entr¨® en contacto con G¨®mez-Gil, y ambos acusados intervinieron en la restauraci¨®n de 23 obras de restauraci¨®n, entre monasterios, iglesias y conventos del sur de Galicia. ¡°De com¨²n acuerdo iniciaron una relaci¨®n cuya finalidad era la obtenci¨®n de beneficios econ¨®micos que les ser¨ªan facilitados por las empresas adjudicatarias de las restauraciones¡±, se?ala la acusaci¨®n p¨²blica.

Pichel, dice tambi¨¦n el fiscal, ¡°increment¨® notablemente su patrimonio¡±, siendo titular de catorce turismos y motocicletas adem¨¢s de numerosos inmuebles¡±. Y a?ade que, ¡°en una ocasi¨®n recibi¨® el beneficio en especie: una vaca de valor incierto pero superior a 1.000 euros¡±, adem¨¢s de otros 7.000 euros en efectivo.