Los secesionistas acaparar¨¢n las subvenciones para el refer¨¦ndum

El refer¨¦ndum de independencia que prepara la Generalitat para finales de septiembre est¨¢ lejos de ofrecer las garant¨ªas m¨ªnimas que han prometido sus impulsores. El borrador de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica, adelantado ayer por EL PA?S, revela las importantes lagunas que rodean la votaci¨®n. El bloque independentista acaparar¨ªa los recursos p¨²blicos para la campa?a, en detrimento de los eventuales defensores del no. Y deja abierta la puerta a la intervenci¨®n en los medios, tanto p¨²blicos como privados, para ¡°adoptar medidas compensatorias¡± si no informan con los criterios que considera oportunos.

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El borrador de la ley de transitoriedad pretende dar cobertura a un refer¨¦ndum que el Tribunal Constitucional ya ha calificado de ilegal y ha exigido paralizar. El texto, adem¨¢s, pretende aprobar por la v¨ªa r¨¢pida y por una ajustada mayor¨ªa del 51% aspectos de la ley electoral catalana que los grupos del Parlament nunca han conseguido sacar adelante porque no han logrado el consenso requerido de dos tercios de la C¨¢mara. Ahora, sin el concurso de otros partidos, la mayor¨ªa independentista quiere crear la Sindicatura Electoral de Catalu?a, el ¨®rgano de control de las votaciones.

Esta sindicatura tendr¨ªa un papel clave en caso de celebraci¨®n del refer¨¦ndum. Se le reserva el papel de distribuir los espacios de propaganda electoral de la campa?a de la consulta y ya se adelanta qu¨¦ criterios tendr¨¢ que utilizar. En el caso de los medios p¨²blicos, el organismo distribuir¨ªa ¡°el 70% de los espacios entre las formaciones pol¨ªticas con representaci¨®n en el Parlament de acuerdo con los resultados obtenidos en las ¨²ltimas elecciones en esta C¨¢mara¡±. Esto significa que la mayor parte de espacios ser¨ªan para el bloque que forman Junts pel S¨ª y la CUP, defensores del s¨ª a la independencia. Este desequilibrio se repetir¨ªa a la hora de distribuir las subvenciones p¨²blicas para la campa?a, que tambi¨¦n se repartir¨ªan en funci¨®n del n¨²mero de esca?os actuales, seg¨²n el borrador de la ley.

Pero tambi¨¦n podr¨ªa haber falta de igualdad en los espacios de propaganda en los medios p¨²blicos que se ceder¨ªan a las organizaciones sociales interesadas. Estos se repartir¨ªan, dice el texto, ¡°de manera proporcional¡±. Si este criterio se aplica, por ejemplo, a entidades como la independentista Asamblea Nacional Catalana o la antisecesionista Societat Civil Catalana, siempre saldr¨¢ ganando la primera por su mayor n¨²mero de socios.

Instrucciones a los medios

A la Sindicatura Electoral Catalana se le reserva, por otra parte, un papel principal a la hora de controlar los medios de comunicaci¨®n durante la campa?a del refer¨¦ndum. El organismo ¡°dicta las instrucciones que considere necesarias y resuelve las reclamaciones de acuerdo con el procedimiento que ella misma establezca¡±. Adem¨¢s, si detecta que los medios, tanto p¨²blicos como privados, no informan con los criterios que considera oportunos, ¡°puede adoptar medidas compensatorias para restablecer el equilibrio entre las opciones sometidas a refer¨¦ndum¡±.

De esta manera, se podr¨ªa corregir la l¨ªnea informativa de un medio de comunicaci¨®n ¡ªtambi¨¦n de los privados¡ª si se considera que est¨¢ excesivamente escorada hacia una de las dos opciones que se someten a votaci¨®n. Durante la campa?a para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, la Generalitat ya entr¨® en conflicto con los medios privados catalanes al intentar obligar a algunos de ellos a insertar de manera gratuita propaganda de la votaci¨®n.

La falta de garant¨ªas m¨ªnimas se extiende tambi¨¦n al censo del refer¨¦ndum. Las personas con derecho a votar, las mismas que en unas elecciones auton¨®micas, se fijan de acuerdo con la Ley 4/2010 de Consultas Populares por la V¨ªa de Refer¨¦ndum, que el Tribunal Constitucional anul¨® precisamente el pasado 10 de mayo. Los partidos independentistas consideran que, a partir de la aprobaci¨®n de la ley de transitoriedad, las sentencias del Constitucional dejan de ser de aplicaci¨®n obligada.