Los rectores se oponen a la reforma de Cifuentes

Primero fue la oposici¨®n en la Asamblea (PSOE, Podemos y Ciudadanos) quien mostr¨® su rechazo a la Ley del Espacio Madrile?o de Educaci¨®n Superior (Lemes) y ahora son los rectores de las seis universidades p¨²blicas quienes terminan de hundir el anteproyecto, que la presidenta regional Cristina Cifuentes est¨¢ dispuesta a modificar. Lamentan en un documento conjunto, presentado el lunes a la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, que no asegure por ley unas tasas universitarias bajas o las laxas condiciones para la apertura de campus privados.

Los rectores de las universidades p¨²blicas madrile?as (Complutense, Aut¨®noma, Carlos III, Alcal¨¢, Polit¨¦cnica y Rey Juan Carlos), agrupados en la Cruma, creen que es ¡°pertinente¡± una reforma que ¡°regule¡± los campus, pero rechazan de plano el anteproyecto de ley. En un documento de 38 p¨¢ginas afirman que ¡°el texto presenta carencias e insuficiencias, por lo que requiere cambios sustanciales¡±.

Cifuentes mantienen una buena relaci¨®n personal con los rectores, a diferencia de sus antecesores Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez, que amag¨® incluso con bloquear las elecciones de la Complutense. Pero no ha sido impedimento para que estos le hagan llegar un texto contundente, aunque con su habitual tono medido y consensuado.

Un portavoz de Educaci¨®n explica que estudiar¨¢n ¡°con calma el contenido¡± de este documento, para ¡°mejorar el anteproyecto de ley con las propuestas hechas, no solo de la Cruma, sino por sindicatos, partidos pol¨ªticos, universidades privadas...¡±. Y destaca como positivo que la Cruma coincida en la necesidad de tener una ley universitaria regional como disponen en otras autonom¨ªas (Catalu?a, Galicia, Andaluc¨ªa o Comunidad Valenciana).

Lo primero que los rectores critican es que ¡°no quedan claramente definidas¡± las tres misiones de la Universidad ¡ªdocencia, investigaci¨®n e innovaci¨®n¡ª y ello, a su juicio, deja espacio al ¡°riesgo de un modelo de academia o college¡± basado en la ense?anza. Ya ahond¨® en esta idea el documento que un grupo de expertos elabor¨® para el ministro Jos¨¦ Ignacio Wert, que planteaba la convivencia de campus punteros con otros solo dedicados a impartir clase. Una variante considerada anatema por todos los rectores.

Las universidades p¨²blicas, que suman 205.000 alumnos, lamentan tambi¨¦n que la redacci¨®n del texto ¡°est¨¢ planteada m¨¢s como regulaci¨®n de las universidades p¨²blicas que del servicio p¨²blico universitario¡±. Y les disgusta que, aunque se cita en repetidas ocasiones la palabra investigaci¨®n, cuando se trata de una universidad privada ¡ªa las 10 madrile?as tambi¨¦n se aplicar¨¢ la ley¡ª ¡°apenas se incluye como requisito¡±.

Su carga contra los campus en manos privadas no termina ah¨ª. Sostienen que para crear nuevos campus un ¡°requisito imprescindible¡± deber¨ªa de ser que ofertasen doctorados, ¡°mientras que el texto lo deja en un simple nivel de promesa, sin aclarar que ocurrir¨¢ en caso de incumplimiento¡±. Adem¨¢s, les parece ¡°claramente insuficiente¡± que tengan en su cat¨¢logo un m¨ªnimo de 10 grados. En los ¨²ltimos a?os el Ministerio de Educaci¨®n ha redactado informes desfavorables a nuevas instituciones que contaban con la aprobaci¨®n del Gobierno regional.

Los rectores reclaman, asimismo, que se ¡°explicite con claridad¡± que la Comunidad de Madrid ¡°¨²nicamente¡± va a financiar a los campus p¨²blicos, no a los privados o extranjeros. Adem¨¢s, aspiran a que la ley ¡°haga referencia a la recuperaci¨®n¡± de los presupuestos que manejaban las universidades antes de la crisis econ¨®mica y exigen un cap¨ªtulo espec¨ªfico de inversiones.

Los rectores quieren ahora que haya una ¡°obligaci¨®n¡± de convenios de financiaci¨®n plurianuales porque ¡°el texto actual, por el contrario, deja la puerta abierta a la Comunidad de Madrid para incumplir los compromisos¡±. En 2016 Cifuentes pag¨® 259 millones de euros en sentencias tras perder la Administraci¨®n todas las demandas de los campus. Aguirre, siendo presidenta regional, pas¨® por alto lo firmado y no entreg¨® a los centros el dinero acordado para inversiones y fueron hasta el Tribunal Supremo.

Las universidades p¨²blicas no se oponen a que se incentive la competencia para conseguir contratos-programas, pero pretenden que la financiaci¨®n b¨¢sica incluya el desarrollo de la carrera profesional de la plantilla

Desean, asimismo, saber de qui¨¦n depender¨¢n los centros de alto rendimiento y exigen ¡°m¨¢s claridad¡± con la figura de profesor visitante doctor. Adem¨¢s, les preocupa, que el anteproyecto, no se refiere ni al dinero destinado a becas ni a unas tasas y precios p¨²blicos ¡°accesibles para el acceso y la continuaci¨®n de la formaci¨®n superior¡±.

En el meollo de la crisis, las tasas subieron un 62% en t¨ªtulos de grado y un 124% en posgrado y aunque Cifuentes los ha bajado ¡ªun 15% y un 20% respectivamente¡ª la diferencia en el bolsillo de los alumnos sigue siendo notable.