?Ay, de los ciudadanos de Catalu?a!

En lo que parece ser el sprint final del proceso soberanista, los partidos independentistas empiezan a abandonar los eufemismos y cada d¨ªa hablan menos del inexistente ¡°derecho a decidir¡± y m¨¢s de un derecho consolidado en Derecho internacional, el ¡°derecho a la autodeterminaci¨®n¡±. Se encuentran con el problema de que, como ha e plicado el exsecretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, el caso de Catalu?a no encaja con ninguno de los supuestos que la ONU prev¨¦ para la aplicaci¨®n de ese derecho. Lo han intentado de todas las maneras. Han presentado Catalu?a como una colonia de Espa?a, como un territorio sometido a ocupaci¨®n militar y, recientemente, parecen cifrar sus esperanzas en convencernos a los catalanes, y a la comunidad internacional, de que somos una minor¨ªa nacional sometida a constantes violaciones de nuestros derechos y libertades fundamentales, algo as¨ª como los kurdos de Espa?a. Ya hablan abiertamente de violaciones de derechos humanos. Artur Mas se equipar¨® con Gandhi, Luther King o Mandela y ahora Puigdemont se dedica a comparar por doquier la democracia espa?ola con la Turqu¨ªa de Erdogan. En esto, seg¨²n el ranking mundial del ?ndice de Democracia de The Economist Espa?a se sit¨²a un a?o m¨¢s entre las ¡°democracias completas¡±, por encima de pa¨ªses como Estados Unidos, Italia, Jap¨®n, B¨¦lgica y Francia, entre otros, catalogados por la publicaci¨®n como ¡°democracias defectuosas¡±. Los miembros del Govern han olvidado definitivamente que representan al conjunto de los catalanes y no solo a los independentistas, y se comportan como si, en lugar de ser los representantes de un Estado democr¨¢tico de derecho en una de sus comunidades m¨¢s pujantes, fueran los l¨ªderes de un movimiento clandestino de liberaci¨®n nacional cuyo objetivo fuera derrocar un r¨¦gimen totalitario. Y as¨ª, como representantes de un pueblo oprimido, se presentan en Bruselas, Par¨ªs o Nueva York. Es verdad que no les recibe ni un solo mandatario digno de tal nombre, pero es que sus viajes son m¨¢s bien de autoconsumo para independentistas, aunque la factura la paguemos entre todos. Muchos catalanes sentimos una gran impotencia al ver c¨®mo nuestros gobernantes van por el mundo tratan do de denostar a nuestra costa la democracia espa?ola. Est¨¢n decididos a internacionalizar el unanimismo que preside el debate p¨²blico en Catalu?a. Mientras propalan allende y aquende el mantra de la baja calidad democr¨¢tica del Estado espa?ol, siguen adelante con su proceso rupturista y, a tal efecto, no dudan en reformar a la brava el reglamento del Parlament o en mantener la llamada ley de transitoriedad jur¨ªdica en un ¡°caj¨®n cerrado a cal y canto¡±, todo muy democr¨¢tico, transparente y respetuoso con nuestros derechos y libertades fundamentales. Lo hacen en contra de la Constituci¨®n y sin contar con las mayor¨ªas parlamentarias que el Estatut exige para la toma de decisiones de especial trascendencia. Ni los dos tercios que se necesitan para aprobar una ley electoral propia, ni siquiera los tres quintos necesarios para nombrar al S¨ªndic de Greuges, cuya funci¨®n es proteger y defender los derechos y libertades reconocidos por la Constituci¨®n y el Estatut. Por desgracia, los catalanes a los que nos preocupa la deriva cada vez m¨¢s iliberal de nuestro gobierno auton¨®mico, empe?ado en quebrantar la Constituci¨®n y desobedecer al Tribunal Constitucional, tampoco podemos contar con la protecci¨®n del S¨ªndic. Su ¨²ltimo informe se titula: Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresi¨®n de los cargos electos y separaci¨®n de poderes en el Reino de Espa?a (sic). El S¨ªndic, Rafael Rib¨®, que se supone que es de todos y no solo de los independentistas, asume a pie juntillas el relato que han construido los partidos independentistas sobre la baja calidad democr¨¢tica del Estado espa?ol. Por supuesto, ni palabra sobre el desacomplejado incumplimiento de las sentencias del TC por parte del Govern (acreditado incluso por sendas sentencias del TSJC y del TS). El S¨ªndic insiste en citar de forma sesgada el dictamen que la Comisi¨®n de Venecia emiti¨® sobre la reforma de la Ley Org¨¢nica del TC y, por supuesto, se olvida de que la Comisi¨®n subraya sobre todo la exigencia de que los gobernantes cumplan la ley, respeten la Constituci¨®n y acaten las sentencias del TC. Claro, porque lo que hacen nuestros gobernantes cuando desacatan las resoluciones judiciales es libertad de expresi¨®n. El informe est¨¢ lleno de expresiones inmoderadas. Habla de ¡°?criminalizaci¨®n de las opiniones disidentes!¡± y de ¡°medidas restrictivas que utilizan los tribunales de justicia contra conductas de ciudadanos o representantes pol¨ªticos que en un sistema democr¨¢tico deber¨ªan ser consideradas ejercicios leg¨ªtimos de la libertad de expresi¨®n¡±. Son solo dos ejemplos que evidencian que se trata de un informe de parte, probablemente con la finalidad de proveer a Puigdemont de un prontuario con el que ilustrar su f¨¢bula de que Espa?a es como Turqu¨ªa. Esa es la esot¨¦rica tesis oficial del Govern, que el S¨ªndic compra sin matices en un ejercicio de partidismo que menoscaba el prestigio de la instituci¨®n que Rib¨® encarna. Con semejantes defensores¡­ ?Ay, de los ciudadanos de Catalu?a!