Los jueces se oponen a que el Gobierno catal¨¢n acceda a sus bases de datos

La Generalitat ha activado un proyecto para ¡°evaluar¡± c¨®mo funciona la justicia. Ocho funcionarios asignados a esa tarea pretenden realizar visitas a los juzgados catalanes y acceder a sus sistemas inform¨¢ticos. La iniciativa ha topado con la oposici¨®n frontal de los jueces. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha vetado al Gobierno catal¨¢n tanto las entrevistas como el acceso a Temis2, la base de datos que permite conocer, a tiempo real, el estado de las causas judiciales abiertas. Los jueces opinan que el plan pretende ¡°inspeccionar¡± su labor, competencia reservada al Consejo General del Poder Judicial.

El consejero de Justicia, el republicano Carles Mund¨®, lanz¨® hace meses el programa Visi¨®n justicia: sistema de evaluaci¨®n y mejora continua, al que se han incorporado ocho funcionarios. Busca ¡°optimizar los recursos personales y materiales¡± de la Administraci¨®n para lograr ¡°un servicio p¨²blico de calidad, ¨¢gil y eficaz¡±. Dos de los cuatro objetivos son ¡°evaluar a las personas, la organizaci¨®n y los procesos de trabajo en los juzgados¡± y ¡°velar por el cumplimiento de la normativa¡± en los 613 juzgados y 13 fiscal¨ªas de Catalu?a. Este ¨²ltimo contempla ¡°aplicar medidas preventivas y correctoras¡±.

El Gobierno catal¨¢n pretende emplear tres m¨¦todos de evaluaci¨®n: el ¡°an¨¢lisis de datos¡±, las ¡°entrevistas en profundidad¡± y la ¡°observaci¨®n directa¡±, lo que implica que los ocho funcionarios se desplacen a los juzgados. Justicia hab¨ªa seleccionado ocho como prueba piloto: Santa Coloma de Farners, Gav¨¤, Lleida, Badalona, L¡¯Hospitalet, Tortosa, Barcelona y Terrassa. Pero el tribunal auton¨®mico ha prohibido a esos funcionarios acudir a ¡°las actividades y visitas de inspecci¨®n que se dicen programadas¡±, seg¨²n un acuerdo de la Sala de Gobierno adoptado, por unanimidad, el 30 de mayo.

La iniciativa de Mund¨® ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales de Catalu?a y llega en un momento de alta tensi¨®n pol¨ªtica, con el anuncio de un refer¨¦ndum sobre la independencia para el pr¨®ximo 1 de octubre. El acuerdo del tribunal subraya que la Generalitat tiene competencias sobre los recursos materiales y humanos ¡ªpaga las n¨®minas de los 7.500 funcionarios¡ª, pero recuerda que la actividad inspectora le corresponde exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. ¡°Por m¨¢s que se eluda el t¨¦rmino ¡®inspecci¨®n¡¯ y se mute por el vocablo evaluaci¨®n¡±, se?ala el escrito, ¡°tanto los objetivos como los m¨¦todos constituyen aut¨¦ntica actividad inspectora de cada uno de los ¨®rganos judiciales¡±.

Mund¨® defiende la bondad de su plan para ¡°comprobar por qu¨¦ unos juzgados funcionan bien y otros no tanto¡±. Y se?ala que en ning¨²n caso ¡°afecta a la funci¨®n de los jueces¡±. ¡°Ser¨ªa absurdo pensar que es para algo distinto¡±, arguye el consejero de ERC, que considera ¡°una fantas¨ªa¡± interpretar el plan en clave del proceso soberanista. Mund¨® critica el acuerdo de la Sala de Gobierno y lo atribuye al ¡°inmovilismo¡± de los jueces y su ¡°resistencia¡± a ¡°gestionar de manera m¨¢s eficiente¡±. Los jueces, agrega, ya ¡°fueron informados en sucesivas reuniones¡± de los planes de Justicia. Tambi¨¦n defiende el acceso a los sistemas inform¨¢ticos y se?ala que solo interesan ¡°los datos estad¨ªsticos¡±, no el contenido.

Ese es el segundo punto que ha vetado el tribunal. El 25 de mayo, el coordinador del programa pidi¨® autorizaci¨®n para ¡°habilitar a los evaluadores¡± del equipo el acceso a dos sistemas de gesti¨®n procesal: E-justicia.cat ¡ªla cacareada justicia sin papeles, que permite a los abogados presentar escritos y recibir notificaciones¡ª y, sobre todo, Temis2. Este ¨²ltimo se puso en marcha en 2010 y unific¨® las bases de datos de los 49 partidos judiciales de Catalu?a. Con esa aplicaci¨®n, los jueces y fiscales pueden conocer al momento los procesos abiertos contra un ciudadano en cualquier ¨¢mbito (civil, penal, contencioso, social). Con solo teclear el nombre de una persona (o el n¨²mero de procedimiento) pueden saber si est¨¢ en prisi¨®n, si se le han embargado los bienes, si es reincidente o si pesan sobre ¨¦l medidas cautelares.

La Sala de Gobierno considera que el acceso a los datos ¡°podr¨ªa colisionar con la normativa en materia de protecci¨®n de datos¡±. Su tratamiento, recuerda, corresponde en exclusiva a los tribunales, ¡°tanto con fines jurisdiccionales como no jurisdiccionales¡±. Por eso impide su acceso, al menos hasta que el ¨®rgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre la idoneidad del plan.

¡°No es un mandato¡±

Justicia cree que el acuerdo del tribunal es ¡°una opini¨®n¡±, pero no ¡°un mandato ejecutivo¡±. ¡°No necesitamos autorizaci¨®n para ejercer nuestras competencias¡±, se?ala Mund¨®, que no obstante no detalla si realizar¨¢n las entrevistas.

Los magistrados consideran que Justicia minti¨®. La secretaria de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia de la Generalitat, Patr¨ªcia Gom¨¤, envi¨® el proyecto al presidente del tribunal auton¨®mico, Jes¨²s Barrientos. Le dijo que contaba con ¡°el respaldo y la complicidad¡± de la Inspecci¨®n del Cosejo General del Poder Judicial. Pero Barrientos llam¨® al consejo, que neg¨® su apoyo. M¨¢s a¨²n: el ¨®rgano inform¨® a la Generalitat de que algunos contenidos ¡°pudieran pretender la realizaci¨®n de actividad inspectora de los juzgados y tribunales¡±, seg¨²n recoge el acuerdo. El proyecto coincide con la elaboraci¨®n de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica, que pretende servir de base legal para el refer¨¦ndum y cuyo borrador plantea que los jueces vuelvan a concursar para conservar su plaza.