Juicio a cuatro empresarios por solicitar subvenciones con datos falsos

El tribunal de la secci¨®n segunda de la Audiencia de A Coru?a juzgar¨¢ a partir de este martes a cuatro empresarios acusados de crear una sociedad domiciliada en As Pontes de Garc¨ªa Rodr¨ªguez para supuestamente estafar a varios organismos p¨²blicos solicitando subvenciones oficiales. La fiscal¨ªa solicita para dos de ellos 7 a?os de prisi¨®n y 4 para los otros dos, y multas para cada uno de m¨¢s de dos millones de euros, la cantidad que percibieron indebidamente, presentando documentaci¨®n falsa.

El asunto, que se instruy¨® en un juzgado de Ferrol, tiene su origen en la mercantil Panor¨¢mica Dixital, creada en diciembre de 2001 a los efectos de lucrarse il¨ªcitamente de las subvenciones que los acusados pudieran obtener al amparo de diversa normativa, seg¨²n la fiscal¨ªa. Los acusados M.R.M.M., con antecedentes penales, A.R.R., A.P.B. y C.S.P., pretendieron hacerse con una financiaci¨®n al 100% de la empresa y no con un determinado porcentaje menor de la inversi¨®n, tal y como estaba previsto en cada una de las respectivas subvenciones, adem¨¢s de invertir gran parte de lo obtenido en fines distintos de los previstos legalmente.

Con un capital social y activos tecnol¨®gicos pr¨¢cticamente inexistente, los acusados le dieron a la sociedad apariencia de actividad empresarial generando un carrusel de facturas para obtener bonificaciones por la compensaci¨®n entre el IVA soportado y el repercutido de las diferentes sociedades. Tambi¨¦n confeccionaron contratos de trabajo que simulaban el nivel de ocupaci¨®n que se exig¨ªa por cada una de las ayudas aprobadas y simularon la compra de tecnolog¨ªa, siendo todo ello requisito necesario para que una vez aprobadas fueran liquidadas por las Administraciones P¨²blicas.

A fondo perdido, los acusados solicitaron ayudas de Fondos Comunitarios, a la direcci¨®n general de Desarrollo Industrial e Incentivos Regionales, al Instituto Galego de Pequena Empresa, al instituto para la Restructuraci¨®n de la Miner¨ªa y el Carb¨®n y Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras (Miner) y a Endesa. Todo ello en base a lo establecido en el Real Decreto por el que se estableci¨® la zona de promoci¨®n econ¨®mica de Galicia dentro de la cual se se?alaba como prioritaria As Pontes de Garc¨ªa Rodr¨ªguez.

En la memoria del proyecto de inversi¨®n se hizo constar que la empresa tendr¨ªa su domicilio en el pol¨ªgono industrial de As Pontes, y como actividad la reprograf¨ªa digital y creaci¨®n de CD-DVD publicitario, con una plantilla total de 21 trabajadores. La inversi¨®n solicitada ante cada organismo era de 1,7 millones de euros.

En 2003 se aprob¨® una inversi¨®n a favor de Panor¨¢mica Dixital por importe de 336.581euros, resultado de aplicar el 20 % de la inversi¨®n aprobada. Con intenci¨®n de obtener el dinero anticipado y parcial de la subvenci¨®n, se contrat¨® un pr¨¦stamo bancario aunque legalmente no exist¨ªa derecho de cobro por parte de los acusados al no cumplirse todas las condiciones.

De hecho, solicitaron aplazamientos sobre el plazo de vigencia para cumplir las expectativas de empleo y porque no hab¨ªan obtenido los t¨ªtulos de propiedad de los terrenos, conceptos que aparec¨ªan en el proyecto de viabilidad para optar a las ayudas p¨²blicas. As¨ª, en 2005 se modificaron las condiciones del proyecto de inversi¨®n y la empresa descart¨® la titularidad de los terrenos aunque mantuvo su compromiso de creaci¨®n de empleo.

Similares supuestas artima?as expone la fiscal¨ªa en su escrito de acusaci¨®n que se realizaron ante otros organismos p¨²blicos, como el Instituto Miner. Las facturas, por ejemplo, ¡°fueron confeccionadas para aparentar que se hab¨ªa adquirido los bienes de equipo expresados y sistemas inform¨¢ticos¡±, se?ala. No obstante, trat¨¢ndose de un proyecto cuya ejecuci¨®n exced¨ªa de un a?o, se pod¨ªan solicitar pagos a cuenta sobre hasta el 75% de la inversi¨®n efectuada. A este instituto tambi¨¦n pidieron aplazamiento para realizar la inversi¨®n, alegando dificultades para encontrar el proveedor principal pero al final recibieron el importe de 341.000 euros solicitado.

En 2005, la Agencia Tributaria realiz¨® una inspecci¨®n en la que apareci¨® una relaci¨®n de 147 facturas supuestamente falsas, presentadas a diferentes empresas e instituciones, como las solicit¨® la devoluci¨®n de 89.000 euros de IVA. Para complicar la inspecci¨®n de Hacienda llegaron a falsificar la identidad y foto del administrador de la sociedad investigada.