Junqueras no dar¨¢ a Montoro la lista de los funcionarios que certifican el gasto del Govern
La Generalitat aprueba presentar dos recursos ante el Tribunal Constitucional y al Supremo contra el control del FLA
Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, asegur¨® ayer que no facilitar¨¢ al Ministerio de Hacienda la relaci¨®n de funcionarios que certifican el gasto de la Generalitat. El Gobierno central anunci¨® el viernes que suspender¨ªa el Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA) si detectaba desv¨ªo de fondos para el refer¨¦ndum del 1 de octubre y pidi¨® la lista de los interventores. ¡°Si no quieren pagar las facturas, que lo digan¡±, avis¨® Junqueras que asegur¨® tener tesorer¨ªa para abonarlas.
El vicepresidente anunci¨® que cumplir¨¢ con el requerimiento de informaci¨®n semanal del gasto de la Generalitat pero a su manera. ¡°Bajo ning¨²n concepto¡±, dijo, se entregar¨¢ la lista de interventores y responsables econ¨®mico financieros. Ellos son, en teor¨ªa, los responsables de certificar que los recursos de 183 empresas p¨²blicas con gran participaci¨®n de la Generalitat no se destinan a preparar el refer¨¦ndum y que Crist¨®bal Montoro quiere fiscalizar.
Tras la celebraci¨®n del Consell Executiu, Junqueras consider¨® la estrategia del Gobierno de innecesaria porque ya dispone, dijo, de toda la informaci¨®n en una web de la Generalitat y, por tanto, es p¨²blica. El vicepresidente expuso que los 13 consejeros asumir¨¢n los certificados semanales. ¡°Seremos los responsables pol¨ªticos los que certificaremos cualquier informaci¨®n que pidan¡±, subray¨® afirmando que su voluntad es proteger a los funcionarios. El procedimiento alternativo ser¨¢ el siguiente: los funcionarios requeridos remitir¨¢n los datos al consejero correspondiente y este a su vez lo canalizar¨¢ a Econom¨ªa, que centralizar¨¢ la informaci¨®n. Ser¨¢ la interventora general la que finalmente responda a Hacienda. El ministerio aguarda qu¨¦ remite hoy la Generalitat antes de tomar una decisi¨®n.
El criterio del Govern contradice al expuesto este lunes por el secretario de Hacienda, Lluis Salvad¨®, que se?al¨® que el Ministerio tiene ¡°perfectamente identificados¡± a los funcionarios que firman las facturas y que, por tanto, no tendr¨ªan inconveniente en remitirles el listado. Junqueras no aclar¨® la divergencia y reivindic¨® la seriedad de la tesorer¨ªa de la Generalitat al recordar que paga a sus proveedores a menos de 30 d¨ªas. ¡°Es obvio que no hacemos la consulta a trav¨¦s del FLA. ?Alguien cree que de verdad pagamos el refer¨¦ndum con el Banco de Sangre y Tejidos?¡±, se pregunt¨® perplejo el vicepresidente citando a una de las empresas afectadas por el control extra. Luego, agreg¨® a la Escuela Superior de Musica, el Instituto Oncol¨®gico y al Consorcio del Estanque de l'Ivars d'Urgell para denunciar, en su opini¨®n, lo absurdo de pensar que estas entidades puedan pagar la consulta.
La ANC pide dinero para pagar las multas
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha enviado una carta a sus socios en la que les insta a dar dinero para la ¡°caja de resistencia¡± para afrontar las multas que la Justicia ha impuesto a pol¨ªticos independentistas. ¡°Que aprenda el Estado que su poder tiene l¨ªmites¡±, dice la misiva. El expresidente Artur Mas y los exconsejeros Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs ya han sido multados y el Tribunal de Cuentas eval¨²a si cobrarles los 5 millones que cost¨® el 9-N.
Dos recursos
Junqueras apel¨® a la responsabilidad de la Administraci¨®n central al recordar que cancelando el FLA se perjudica al gasto social y avis¨® de que la Generalitat est¨¢ en condiciones de costear las facturas con los recursos de su plan de contingencia. En ese sentido, no dio cr¨¦dito a las agencias de calificaci¨®n que cuestionan la capacidad de la Generalitat de recurrir a los mercados. El Govern considera que una eventual interrupci¨®n del FLA es una ¡°amenaza¡± y por ello aprob¨® presentar sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional como paso previo para elevarlo a las instancias internacionales. El Govern dio luz verde tambi¨¦n a otro acuerdo para garantizar el derecho de defensa de los consejeros, altos cargos y empleados p¨²blicos. El procedimiento, que permite contratar a letrados externos, persigue salvaguardar ¡°la imparcialidad¡± de los funcionarios.
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