La respuesta penal al refer¨¦ndum se agrava y se extiende a altos cargos
Ya hay 22 pol¨ªticos catalanes involucrados en causas judiciales por el proceso independentista
La respuesta penal al proceso independentista se agrava y se ampl¨ªa a medida que se acerca la fecha del refer¨¦ndum unilateral, previsto para el 1 de octubre, y ante la negativa de la Generalitat a dar marcha atr¨¢s. Ya son 22 los pol¨ªticos catalanes involucrados en procesos judiciales por diversos delitos. Si en la consulta del 9-N se impusieron penas de inhabilitaci¨®n al expresident, ante el 1-O los delitos implican ya penas de c¨¢rcel y alcanzan a cargos de segunda l¨ªnea.
El Gobierno catal¨¢n denuncia la creciente judicializaci¨®n del proceso independentista. Insiste en que la soluci¨®n al conflicto es pol¨ªtica y, al mismo tiempo, se mantiene firme en su intenci¨®n de celebrar un refer¨¦ndum unilateral pese a las advertencias sobre su ilegalidad. ¡°No existe un poder lo bastante fuerte como para cerrar el gran colegio electoral que ser¨¢ Catalu?a el 1 de octubre¡±, dijo el president Carles Puigdemont en una entrevista en Le Figaro. Las espadas est¨¢n en lo alto. Y, a medida que la amenaza del refer¨¦ndum se concreta, la respuesta penal se vuelve m¨¢s contundente.
A estas alturas hay, al menos, 22 pol¨ªticos involucrados ¡ªcuatro condenados; el resto, investigados¡ª en asuntos penales. Adem¨¢s de alcaldes y concejales de la CUP y de otras formaciones imputados por desobediencia (en Badalona y Berga), hay tres causas abiertas que afectan a los m¨¢ximos representantes del Parlamento, a consejeros de Junts pel S¨ª y a altos cargos. Los delitos que se les atribuyen son desobediencia y prevaricaci¨®n, que conllevan penas de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos. Pero se han sumado otros (malversaci¨®n, sedici¨®n) que traen aparejadas penas de c¨¢rcel. Todo ello supone una carga extra de presi¨®n para los pol¨ªticos independentistas y explica, en parte, las dudas de algunos consejeros y la reciente crisis de Gobierno.
La investigaci¨®n que tiene mayor recorrido es la del juzgado de instrucci¨®n 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del refer¨¦ndum. El juez ha imputado a un alto cargo, el secretario de Hacienda, Llu¨ªs Salvad¨®; a un exsenador de ERC y exmagistrado, Santiago Vidal, y al jurista Carles Viver Pi i Sunyer. La Guardia Civil, sin embargo, ha tomado declaraci¨®n como investigados a cargos de segunda fila como el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, o el director general de Comunicaci¨®n, Jaume Clotet.
Los agentes tambi¨¦n han interrogado, si bien como testigos, a cargos de menor rango ¡ªla jefa de comunicaci¨®n de Asuntos Exteriores¡ª, a pol¨ªticos que no tienen que ver con la organizaci¨®n del 1-O ¡ªel exportavoz del Pacto Nacional por el Refer¨¦ndum, Joan Ignasi Elena¡ª e incluso a empleados p¨²blicos y trabajadores de empresas privadas. El Gobierno catal¨¢n insiste en que proteger¨¢ legalmente a los funcionarios ante el refer¨¦ndum, y el martes aprob¨® un acuerdo en ese sentido.
La causa del juzgado 13 ¡ªalimentada por denuncias del abogado Miguel Dur¨¢n, de Vox y de la fiscal¨ªa¡ª investiga delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, revelaci¨®n de secretos, sedici¨®n y rebeli¨®n; estos ¨²ltimos est¨¢n castigados con elevadas penas de prisi¨®n.
El punto de inflexi¨®n lo marc¨® la jornada de participaci¨®n del 9 de noviembre de 2014, en la que votaron 2,3 millones de catalanes. Nadie impidi¨® que se celebrara aquella consulta no vinculante a pesar de que, cuatro d¨ªas antes, hab¨ªa sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Fue un aprendizaje para el Gobierno y para la fiscal¨ªa. No quieren que se repita ese escenario, y menos ante un refer¨¦ndum que, seg¨²n lo anunciado por Puigdemont, pretende ser vinculante y servir para proclamar la independencia.
Las consecuencias
La respuesta penal al 9-N lleg¨® con posterioridad: se limit¨® a los m¨¢ximos responsables pol¨ªticos y a penas de inhabilitaci¨®n. Ha tenido consecuencias: el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Ense?anza Irene Rigau no pueden ser candidatos. El exportavoz del Gobierno Francesc Homs, por su parte, tuvo que abandonar su esca?o en el Congreso. Todos salvo Ortega pertenecen al PDeCAT, el partido que acumula mayor n¨²mero de encausados en estos procesos. Afrontan, adem¨¢s, posibles consecuencias econ¨®micas: el Tribunal de Cuentas impulsa un proceso por responsabilidad contable, para que Mas y sus consejeras paguen los cinco millones de dinero p¨²blico que cost¨® el 9-N.
En el juicio por el 9-N se habl¨® de democracia. Mas denunci¨® que era v¨ªctima de un ¡°proceso pol¨ªtico¡±. El fiscal del caso le replic¨® que ¡°el juicio tambi¨¦n es democracia¡± y que esta no solo consiste en votar. La palabra m¨¢gica tambi¨¦n ha sido invocada por otra de las afectadas: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que su imputaci¨®n es un ¡°ataque a la democracia¡±. Forcadell y cuatro miembros de la mesa est¨¢n imputados por permitir que se votara una resoluci¨®n que ped¨ªa celebrar el refer¨¦ndum, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional.
El Constitucional tambi¨¦n est¨¢ jugando su papel. Ha advertido en reiteradas ocasiones (hasta seis) a Puigdemont de que cebe cesar en cualquier iniciativa que promueva ¡°el proceso de desconexi¨®n¡± de Catalu?a. Las advertencias han llegado a esa segunda l¨ªnea del Ejecutivo: directores generales y secretarios.
La fiscal¨ªa permanece vigilante. Quiere evitar una causa general contra el proceso que ¡°pueda ser interpretada como una persecuci¨®n al independentismo¡±. Y opta por otra estrategia: ¡°acciones puntuales contra personas concretas¡±, seg¨²n fuentes de la instituci¨®n. ¡°Si llegado el momento, los hechos aconsejan que la fiscal¨ªa act¨²e, pues con toda energ¨ªa y en defensa de la legalidad¡±, anunci¨® el fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, en una intervenci¨®n p¨²blica.
A Maza le corresponde impulsar las querellas sobre el refer¨¦ndum. Como la que orden¨® interponer contra la consejera de Gobernaci¨®n, Meritxell Borr¨¤s, y el n¨²mero dos de su departamento, Francesc Esteve, por haber iniciado el tr¨¢mite para comprar unas urnas con dinero p¨²blico. Ambos est¨¢n imputados en una causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.
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